(03 de abril del 2024. El Venezolano).- «Las denuncias de cada uno de los crímenes de lesa humanidad son moneda corriente todavía en el país», afirmó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, durante la presentación del tercer informe del panel de expertos independiente que analiza la posible comisión de este tipo de actos en Venezuela desde 2017.
En los últimos seis meses se han analizado casos de tortura, detención arbitraria, violencia sexual y persecución para determinar si se han investigado y juzgado y «las conclusiones son en realidad bastante chocantes», afirmó Joanna Frivet, miembro del panel.
«Venezuela no está cumpliendo con sus obligaciones (…) de exigir responsabilidades» y en estas circunstancias la intervención de la fiscalía de la CPI «es fundamental para impulsar la investigación y procesamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela», añadió.
El panel recomienda al fiscal de la CPI que «se implique más, de forma urgente, considerando la naturaleza actual de los crímenes, para abrir investigaciones contra individuos específicos y hacer avanzar estos casos ante la Corte con el fin de emitir órdenes de arresto», dijo.
Le pide asimismo que centre sus investigaciones «en perpetradores de nivel medio y alto con carácter de urgencia, para evitar que se sigan cometiendo crímenes» porque «la brecha de impunidad es significativa».
En «aproximadamente el 83,6% de todos los casos de tortura analizados por el panel no había registros de diligencias de investigación» a pesar de las denuncias, se lee en el informe.
Los retrasos se deben a «una falta de separación entre el poder judicial y el ejecutivo», según Frivet.
«Una larga lista»
El panel exhorta a Venezuela a que «cese inmediatamente la comisión de crímenes, las operaciones de encubrimiento, la represión contra los activistas de derechos civiles, las víctimas y sus familiares».
Santiago Cantón, presidente del panel, se adelantó a posibles críticas a la OEA, de la que Venezuela solicitó formalmente salir en 2017.
«Algunas personas podrían decir que (…) es parte de un plan de la derecha internacional encabezado por el Secretario General para denunciar y desprestigiar al régimen (del mandatario Nicolás) Maduro», dijo.
«Si esto fuera así, por qué existen además de los informes de este panel» otros muchos que han planteado «exactamente lo mismo», se preguntó Cantón.
El caso de Venezuela es peculiar porque normalmente los Estados «hacen desaparecer las pruebas», pero aquí las víctimas «son los propios testigos», explicó Manuel Ventura, otro miembro del panel.
«El caso va dirigido contra personas físicas. Es una larga lista y la primera de ellas es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», añadió.
«Celda de los locos»
Durante la sesión, que duró cinco horas, varias víctimas contaron los horrores vividos en las mazmorras.
Jesús Alemán, un expreso político de 31 años, estuvo detenido en dos ocasiones.
«Fui golpeado, aislado y torturado», dijo, y describió cómo le dieron descargas eléctricas, le taparon la cara con bolsas para cortarle la respiración, le acusaron de delitos ficticios y le negaron asistencia médica.
Algo parecido afirma haber vivido el también expreso político Nixon leal, a quien llegaron a clavarle «chinches debajo de las uñas».
Su desesperación le llevó a intentar suicidarse ahorcándose con su suéter pero no lo logró «porque estaba esposado».
Igual de traumática ha sido la experiencia del capitán de navío Luis de la Sotta.
En las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) estuvo en la «celda de los locos», donde aguantó la temperatura glacial con «una braga verde» como única prenda.
«Me daban los alimentos en un envase que tiraban al piso, sin cubiertos, tenía que comer con las manos llenas de excrementos», contó en Washington.
«A veces me privaban de alimentos, mis necesidades fisiológicas sólidas las hacía en una bolsa plástica, si la tenía, de lo contrario evacuaba en el piso, orinaba en un envase y solo tenía acceso a la ducha una vez por semana», añadió.
También intervino por videoconferencia Perkins Rocha, abogado de la líder opositora, María Corina Machado, inhabilitada para las elecciones presidenciales de julio pese a ser favorita frente a Maduro, quien aspira a la reelección.
Se quejó de los arrestos de activistas del partido Vente Venezuela, de Machado, de los cuales 10 siguen detenidos. En la mayoría de los casos pasaron un promedio de 30 días «absolutamente incomunicados del mundo exterior», denunció.