(22 de febrero del 2024. El Venezolano).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia se prepara para una nueva jornada de votaciones en un intento por designar al próximo fiscal general del país. Después de tres intentos fallidos que han sumido a la nación en la incertidumbre, el proceso ha generado tensiones políticas y sociales. La actual titular interina, Martha Mancera, ha estado al frente del Ministerio Público durante esta espera prolongada.
El Palacio de Justicia en Bogotá, sede de la Corte Suprema, se encuentra bajo un extenso operativo policial con 1.800 uniformados para resguardar las inmediaciones durante las votaciones. En una ocasión anterior, se registraron eventos de alteraciones del orden, incluido un plantón y bloqueo de salida del personal, justificando así la necesidad de medidas de seguridad reforzadas.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Daniel Gualdrón, anunció la implementación de operativos y trabajos de inteligencia para prevenir cualquier incidente que pueda afectar el proceso de elección. A su vez, se espera la presencia de manifestantes en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de la capital colombiana, mientras la tensión política se refleja en las calles.
En caso de que no se alcance un consenso en esta ronda de votaciones, se ha fijado el 6 de marzo como la próxima fecha para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, algunos sectores argumentan que la elección debería ocurrir este jueves, ya que se habría vencido el plazo establecido para ello tras la presentación de la terna por parte del presidente Gustavo Petro.
El contexto político en Colombia se complica aún más con la reciente captura de Francisco Javier Martínez Ardila, alias ‘Pacho Malo‘, excoordinador del CTI de Buenaventura, acusado de concierto para delinquir y vinculación en redes de contrabando y narcotráfico. Esta detención se suma a las tensiones entre el presidente y Martha Mancera, quien previamente había denunciado presuntas actividades ilícitas desde la Casa de Nariño.
En un panorama marcado por la incertidumbre y la presión internacional, la elección de un nuevo fiscal general se vuelve crucial para mantener la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las instituciones en Colombia. La comunidad internacional, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha expresado su preocupación por los retrasos en este proceso fundamental para la democracia colombiana.
