(01 de mayo del 2023. El Venezolano).- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño, ha sido oficialmente vinculado al proceso iniciado por el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, que dejó 40 fallecidos.
La Fiscalía acusó al funcionario de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones. Según los documentos presentados por el organismo, las funciones de Garduño consistían en salvaguardar y proteger a los migrantes, así como en mantener seguras las instalaciones en las que se albergaban, informan los medios locales.
Sin embargo, se demostró que desde el año pasado el comisionado estaba al tanto de las malas condiciones del centro migratorio, que no contaba con protocolos de emergencia contra incendios y donde las personas se encontraban sin ventilación y encerradas en una celda cuyas llaves no lograron localizarse durante el incendio.
En respuesta, la defensa de Garduño argumentó que las acusaciones no tenían fundamento, ya que la obligación de su cliente era únicamente estar pendiente del funcionamiento de las estaciones migratorias, y no estar de manera presencial en ellas. A su vez, el juez reconoció que, pese a que esas afirmaciones son ciertas, el titular del INM tendría que haber evitado la muerte de los migrantes porque contaba con la información necesaria sobre las condiciones y el funcionamiento del centro.
Con estos argumentos, Garduño finalmente fue vinculado al caso por ser autor material y actuar de manera dolosa. Durante la audiencia también se establecieron cuatro meses para la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días. El funcionario seguirá el juicio en libertad y en su cargo.
«El juicio no se termina, sigo en la condición de guardar silencio respecto al proceso. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario, estaré atento a las gestiones para la reparación integral del daño. La Comisión de Víctimas señaló el proceso que el Estado garantizará la reparación del daño», declaró Garduño a los periodistas.
Por su parte, su abogado Rodolfo Pérez precisó que se espera llegar a un acuerdo económico con las víctimas para que el proceso no siga adelante. «Pagar lo que se tenga que pagar (porque) este es un delito que si se repara el daño… ya no sigue el juicio», explicó, agregando que el dictamen judicial no fue una sorpresa. «Ya lo esperábamos», indicó, señalando que se incurriría la decisión. «Lo importante era que estuviera en libertad, no lo cesaran del cargo», concluyó.