(15 de noviembre del 2022. El Venezolano).- Frescura y exabrupto usuales la actitud del régimen ante la decisión de la UE al proseguir las “medidas restrictivas individuales” contra unos 17 personeros de su entorno político, gente “non sancta” del régimen de Nicolás Maduro Moros, en virtud de las acciones comtinuas, por menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, según nota oficial emanada de la UE, calificadas de importunas por nuestra cancillería.
Por Isaías Márquez
Viene a colación citar algunas de las acciones (historial) en menoscabo de nuestra democracia: amordazamiento mediático a través de clausura, apropiación y/o cierre de radioemisoras, bloqueo informático de diarios, mediante aplicación de la Ley Resorte, minería ilegal encubierta por un seudoproyecto ecocida denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), que no es otra cosa sino un burladero de la violación de los derechos humanos en áreas donde opera el crimen organizado y la minería ilegal, que conlleva esquilmación de nuestas Orinoquía y Amazonía, así como un etnocidio progresivo, todo lo cual ha llamado, de nuevo, la atención de la ONU, ahora por violación de los derechos humanos mediante el desarrollo del AMO, sobredicho.
Razonablemente, la actitud genocida del régimen se traduce en unos siete crímenes de lesa humanidad, cometidos contra la población venezolana, que vulneran el Estatuto de Roma, según evidenció un panel de expertos de la OEA: muertes en el marco de manifestaciones, detenciones y privaciones de libertad, torturas, violaciones y abusos sexuales, persecuciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y actos inhumanos; una represión sistemática sobre las bases del castrocomunismo, con más de unos cien cargos, entre los cuales está incluido el propio Nicolás Maduro; represión política de estado en la que aus ejecutores son tan culpables y hasta punibles, así como quienes ordenan tales acciones.
En efecto, el régimen originó una crisis sociopolítica, de envergadura, que ha provocado una emigración cercana a unos siete millones de personas de diferentes grupos etarios y la consiguiente presión social sobre la nación refugio.
