(20 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Las protestas no se hicieron esperar ante la visita de Tarek William Saab a Carabobo. «Justicia por los 69 asesinados y los desaparecidos en la Navas Spínola el 28 de marzo de 2018″, exigió un grupo de personas a las afueras de la Fiscalía Superior del estado, en Valencia, horas antes de la llegada del fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Se trataba del comité de víctimas indirectas de la masacre ocurrida en la comandancia general de la Policía de Carabobo, donde al menos 69 presos murieron tras registrarse un motín. Más de un año y medio ha pasado desde que ese hecho ocurriera y la petición fue la misma: «Sabemos que no vamos a recuperar a nuestros familiares, pero queremos justicia», se podía leer en una de las pancartas.
La abogado Lily López, representante del comité de víctimas y quien fungió como vocera de la protesta, consideró como insuficientes y débiles las acciones emprendidas por el Ministerio Público (MP) con respecto a este caso, ya que se le pretende dar sobreseimiento a dos delitos con agravantes que «están probados»: omisión al socorro e introducción de armas de fuego al recinto penitenciario.
«Existen fundados elementos de convicción para demostrar que se cometieron esos dos delitos. No les pueden dar sobreseimiento ni archivo fiscal porque están plenamente comprobados», dijo la también directora general de la fundación Libertad, Justicia y Orden, al explicar las irregularidades que se han presentado en el establecimiento de las responsabilidades por el caso.
La vocera también denunció que se le pretende cambiar la calificación de «determinador» a «cómplice» al entonces subdirector de la policía estadal y ahora privado de libertad, José Luis Rodríguez, a fin de beneficiarlo. «Él fue quien ordenó de forma arbitraria una requisa extraordinaria, vulnerando los parámetros establecidos en la ley».
Faltan dos cuerpos
Según López, hay dos cuerpos que no se lograron encontrar ni identificar y, por lo tanto, presumen la desaparición de ellos. Ante esta situación, le exigen al MP que en audiencia preliminar pautada para el próximo 23 de octubre, a la 1:00 p.m., agregue a la causa la imputación por el delito de desaparición.
«Esperamos que la acusación sea admitida en su totalidad, para que haya justicia en este caso, se abra un juicio y se imputen nuevas responsabilidades porque hubo muchos que ni quiera fueron tocados», sentenció.