(20 de junio del 2025. El Venezolano).- La Fundación El Amparo Internacional, junto con familiares de los 10 migrantes tachirenses detenidos en el CECOT en El Salvador, acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI), así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la grave violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en donde se encuentran sin juicio, aislados y sin comunicación.
El presidente de la Fundación El Amparo Internacional y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, acompañado de familiares de los detenidos, recordó que viajó junto con representantes del Comité de Defensa de los Tachirenses Migrantes a El Salvador, en donde no les fue respetado el derecho a la visita, por lo que no pudieron conocer su estado físico de salud y su situación judicial, comprobando que no hay expedientes en su contra.
Precisó Márquez que recurrirá ante la Fiscalía de la CPI y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas en donde denunciarán al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como a la cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación grave, de persecución por razones nacionales, tratos inhumanos, tortura y el exterminio por las condiciones a las cuales están sometidos.
Detalló que a través de la Nunciatura Apostólica solicitaron que el Papa León XIV intervenga por ser descendiente de inmigrantes. “Fue inmigrante en Chiclayo en el norte del Perú y también Jesús y los apóstoles fueron inmigrantes.”, dijo.
También se reunieron con la Cruz Roja Internacional de manera reservada para pedir la intervención de ellos, conocer el estado de salud y las condiciones carcelarias de los detenidos. “Frente a todas estas circunstancias pudimos comprobar que están incomunicados, que no hay debido proceso, que algunos de ellos han sido torturados y golpeados y, que hay un limbo jurídico por cuanto de Estados Unidos se les deportó a partir de la Ley al Enemigo Extranjero, una ley extemporánea de 1798 y a otros se les procesó a través de normas migratorias que fueron incumplidas en los propios Estados Unidos por parte de la administración Trump”, manifestó Márquez.
Recordó el defensor de derechos humanos que jueces de Cortes Federales ordenaron la deportación de varios de ellos a Venezuela, no a El Salvador y menos su encarcelación, por lo que son detenciones arbitrarias y encarcelaciones graves conforme al Estatuto de Roma. “El acuerdo del gobierno de Trump con Bukele es una operación mercantil, comercial, de que los Estados Unidos le pagan una cantidad de dinero por cada preso. El contenido del acuerdo no se conoce, es secreto, es reservado, por lo tanto se vulneró la garantía constitucional de que los acuerdos en materia penitenciaria que se suscriban entre ambos países debe ser ratificado por la Asamblea Nacional de El Salvador, lo cual tampoco se hizo”, agregó.
Ante organismos internacionales
Walter Márquez explicó que en el caso de las detenciones de los venezolanos en El Salvador se está en presencia de una serie de actos arbitrarios, de irregularidades y de ilegalidades, por lo que después de agotar las instancias internas de El Salvador acudirán a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para que se abra una investigación sobre este caso y que se acuerden medidas cautelares urgentes y de protección para que esos migrantes tachirenses sean puestos en libertad.
“También hemos evaluado con el equipo de abogados que hay una grave violación de derechos humanos y se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, violatorios del Estatuto de Roma y si bien es cierto, los Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional, sí lo es El Salvador, cuyo estatuto fue ratificado por su Asamblea Nacional el 15 de diciembre del 2015. Por otro lado, es importante resaltar que hemos pedido a la Corte Suprema de El Salvador en sala constitucional varios habeas corpus individualizados y hasta la presente fecha, no ha habido ninguna respuesta porque en El Salvador pareciera que no hay separación de poderes a partir del prolongado estado de excepción”, concluyó Márquez.
