(03 de julio del 2024. El Venezolano).- Sumida en una trampa de bajo crecimiento y de inflación alta, la economía de Venezuela necesita recobrar su principal palanca de inversiones y generación de divisas, tradicionalmente vinculada al sector petrolero. Pero años de malas prácticas, deformaciones a nivel de la principal empresa del Estado (Pdvsa S.A.), y desinversiones, fueron menoscabando el potencial de producción y exportaciones de hidrocarburos de Venezuela. De una producción de crudo cercana a los 3 millones de barriles al día en 2012, se perdió casi una tercera parte en los siguientes 5 años.
Por Academia Nacional de ciencias económicas
La preocupación por la rápida pérdida de las garantías democráticas condujo a un clima creciente de sanciones internacionales sobre Venezuela. Las sanciones financieras impuestas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU. hacia finales de 2017 y las impuestas sobre los negocios de PDVSA y sus sociedades a partir de enero de 2019 y febrero de 2020, propinaron un duro golpe adicional sobre las inversiones, la comercialización y la producción de crudo. Hacia mediados del año 2020, durante el momento más crítico de la pandemia del COVID19, la producción de crudo de Venezuela apenas logró alcanzar el umbral de 400 mil barriles al día, una octava parte de la producción registrada 8 años atrás.
Desde entonces los distintos intentos de diálogo y negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro, la oposición democrática y el gobierno de los EE.UU. han conducido a un esquema de licencias, que pretenden ir aliviando muy paulatinamente las sanciones a la comercialización y a la operación de las compañías petroleras en Venezuela.
La expectativa y el compromiso asumido por las partes en las negociaciones, especialmente en Barbados, donde se ha pretendido construir una ruta que garantice un clima electoral más competitivo en 2024, condujo a un alivio de las sanciones con la emisión de las Licencias 41 y 44 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC) de los EE.UU. Estas licencias de carácter temporal, renovables y revocables permitieron levantar la producción de crudo para llevarla hoy a un promedio de 814 mil barriles al día en el primer cuatrimestre de éste año (un incremento del 15% con respecto a la producción del mismo período de 2023).
En un contexto donde las actuales y potenciales empresas socias de PDVSA deben obtener licencias específicas para poder operar en la extracción y comercialización del crudo venezolano (según estipula la más nueva Licencia 44a emanada de la OFAC), y considerando los aún muy inciertos escenarios que pueden presentarse en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, e incluso durante el prolongado periodo que media entre las elecciones y la toma de posesión presidencial, no es previsible estimar inversiones tan significativas como las que se requieren para levantar la producción a los niveles que Venezuela tuvo una década atrás o los que espera el gobierno de Maduro.
La cautela de las empresas internacionales para retomar las actividades de perforación confirmaría las dudas que tienen las mismas de que el chavismo permitiría un proceso electoral con garantías. La principal excepción es la empresa Chevron, que cuenta con su propia licencia (GL41) desde 2022 y reactivó su inversión con los únicos taladros activos en el país. Chevron, a través de sus joint ventures con PDVSA, espera poder perforar una treintena de nuevos pozos hasta 2025 e incrementar su producción en un 35%, hasta 250.000 barriles diarios.
Interesante es notar que, de acuerdo a lo revelado por Francisco Palmieri, encargado de negocios de Estados Unidos para Colombia y nuevo jefe de la misión diplomática estadounidense para Venezuela, muchas otras empresas en el área de los hidrocarburos aún están a la espera de aprobaciones correspondientes por parte de la OFAC, lo que revelaría una expresión de interés por invertir, que lamentablemente no se materializaría si las elecciones del 28 de julio se desarrollan en un ambiente de fraude.
En perspectiva, el clima que se ha venido fraguando alrededor de las elecciones del 28 de julio y los resultados que emanen de ellas determinará en gran medida la disposición que tendrán las empresas internacionales de energía para entrar en Venezuela y las acciones que el gobierno de los EE.UU. habrá de tomar con respecto a su política de sanciones hacia Venezuela.
