(8 de septiembre de 2019. El Venezolano).- Un tribunal ordenó este sábado la “privación judicial preventiva de libertad” contra tres directivos de una academia de modelaje acusados de conformar una supuesta red de prostitución infantil, según informó Tribunal Supremo (TSJ).
El TSJ informó que un tribunal de control de Caracas tomó las medidas por la presunta comisión de los delitos de asociación para delinquir y pornografía, en contra del director general de Belankazar, Hernán Pereira Tello; el director ejecutivo, Alexander Velázquez Corredor; y la directora administrativa, Belkis Pereira Contreras.
Pereira Tello y Velázquez cumplirán la medida en el Centro Penitenciario de la Región Capital (Yare III), mientras que Pereira Contreras irá al Instituto de Orientación Femenina (INOF). Ambos centros están ubicados en el estado de Miranda, vecino a Caracas.
La investigación, explica la nota, surgió tras una denuncia anónima realizada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras detectar “fotos de niñas y adolescentes semidesnudas” en la cuenta en Instagram de la academia Belankazar.
Este lunes, la academia Belankzar se convirtió en tendencia durante horas en la red social Twitter en Venezuela luego de que usuarios denunciaran las imágenes de niñas y adolescentes que la empresa compartía en sus cuentas de redes sociales y su portal web.
Según la nota de prensa, el Cicpc determinó que las imágenes de las niñas y jóvenes “eran vendidas en moneda extranjera en páginas para adultos”, por lo que se conformó una comisión de ese cuerpo policial, que encontró “evidencias de interés criminalístico”.
Este martes, la Fiscalía venezolana había informado del inicio de “una investigación penal contra la academia Belankazar luego de denuncias directas realizadas en nuestro despacho por familiares de presuntas víctimas de exposición de vídeos y fotografías de niñas y adolescentes previo cobro en dólares”.
El fiscal Tarek Saab indicó en su cuenta de Twitter que la investigación determinará si en este caso se trasgredió la ley de protección de niños y adolescentes, así como las legislaciones contra delitos informáticos y contra la delincuencia organizada.
