(31 de julio del 2021. El Venezolano).- Luego que en junio pasado asumiera el abogado británico Karim Khan como nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), familiares de víctimas de la brutalidad policial le enviaron sus testimonios, para perdirle una firme condena al Gobierno chavista. Alegan que “en Venezuela no existen los DD.HH.” y relataron cómo fueron asesinados sus seres queridos y las prácticas sistemáticas de persecución, represión y tortura empleados por los encargados de las instituciones.
A través del segundo foro “Las víctimas le hablan al fiscal de la CPI Karim Khan”, organizado por el defensor de derechos humanos Humberto Prado, Ariana Arellano, entre lágrimas, contó cómo la Guardia Nacional Bolivariana asesinó a su hermano Diego, en 2017.
“Tenía 31 años, era el menor de tres hermanos, era biólogo y trabajaba como investigador. Era un ciudadano común, no pertenecía a ningún partido político, y el 16 de mayo de 2017 se unió a la protesta. Ese día no disparaban al aire, disparaban directamente a los manifestantes a quemarropa. La Guardia Nacional quería que ese día muriera alguien y esa suerte la corrió mi hermano”.
“En Venezuela no existen los DD.HH. La bala que penetró a mi hermano lo destruyó por dentro. Mi familia y yo sabemos que no hay un sólo culpable, hemos visto videos de varios funcionarios disparando directamente al lugar donde estaba Diego”, detalló. Para ella, “la Guardia Nacional Bolivariana salió a matar por orden del régimen para que la gente se aquietara”.
Impunidad en Venezuela
Infobae reseñó que La madre del joven asesinado Neomar Lander, Zugeimar Armas, explicó que pone su caso “en manos de la Corte Penal Internacional, ya que no va a haber justicia en Venezuela”. Señaló que a cuatro años de la muerte del joven no hay ningún responsable por su muerte y sigue impune: “Teniendo pruebas no hay justicia, sin pruebas mucho menos. Por eso le pido al fiscal Karim Kham que investigue la muerte de nuestro hijo”.
Julieta Ovalles, madre de Luigi Guerrero, asesinado durante unas protestas en San Cristóbal, estado Táchira, en 2019, denunció: “En Venezuela no vale de nada que uno investigue y entregue pruebas a la Fiscalía como yo lo he hecho. Lo que ellos esperan es que pase el tiempo para que eso quede impune. Acabar con la vida de un ser humano no es poca cosa, eso no quedará así”.
La señora Ovalles solicitó al fiscal Khan que escuche a los familiares. “No crean las mentiras de un gobierno mitómano. La sangre se ha derramado sobre nuestra nación y es la sangre de nuestros hijos por parte de un gobierno que se ha dedicado a saquear y robar a un país ante la vista del mundo. Creo que seremos escuchados por el fiscal de la CPI”.
“El MP no actúa de buena fe”
Carlos Marrón, detenido arbitrariamente y torturado por funcionarios chavistas, también aseguró que la Fiscalía venezolana “no actúa de buena fe, la única ley que funciona en Venezuela es la de instigación al odio, para acusar a todo el mundo. Esa es la ley que aplica, más nada”.
Nancy Márquez, hermana de José Márquez, asesinado por funcionarios de la Guardia del Pueblo en 2014, dijo que la CPI debe investigar porque en Venezuela existe una “política de omisión y acción de tortura en contra de civiles, que en este caso fue ocasionada por militares”.
José Márquez se encontraba grabando los abusos cometidos por este cuerpo militar en protestas en el centro de Caracas, terminó pateado y golpeado en el abdomen como la cabeza, lo que le produjo heridas que le ocasionaron la muerte días después. La jueza que llevaba el caso dijo que los funcionarios actuaron en nombre propio y no en nombre del Estado, por lo cual se desestimó investigar la cadena de mando. También se rechazaron las acusaciones de robo, pese a que los militares lo persiguieron y le arrebataron su celular.
