(22 de junio del 2021. El Venezolano).- La organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia aseveró que los anuncios hechos por el mandatario Nicolás Maduro, sobre una «revolución» del sistema de justicia nacional, en la que que se buscaría atender los problemas severos de hacinamiento y de retardo procesal que se han profundizado en las narices de su gobierno, dejaron más dudas que certezas.
«Quedan más preguntas que respuestas sobre la forma en que se logrará descongestionar los Centros de Detención Preventiva, sin cometer desafueros, injusticias o dejar impune algún caso», señaló la ONG a través de su cuenta en la red social Twitter
La organización no gubernamental que desde 2010 hace seguimiento a la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela recalcó que es probable que las decisiones sean tomadas por la comisión especial creada por Maduro y que estará liderada por los diputados de la AN electa en 2020 Diosdado Cabello y Cilia Flores y la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson.
Para la ONG, el Máximo Tribunal quedó relegado, pues solo una magistrada es miembro de la comisión de reforma del sistema de justicia y otro actuará en el Consejo de Estado.
Recordó que el objetivo de esta comisión sería solucionar el hacinamiento de los Centros de Detención Preventiva y que esta instancia deberá rendir cuentas al Consejo de Estado.
Acceso a la Justicia además explicó que conforme al artículo 251 Constitución el Consejo de Estado es un órgano superior de consulta del Gobierno y la Administración Pública Nacional, que está integrado por nuevo miembros: el Vicepresidente Ejecutivo y cinco personas designadas por el mandatario.
Un total de 60 días fue otorgado por Maduro a la comisión para buscar soluciones «profundas» sobre algunos de los principales problemas del sistema judicial y los centros penitenciarios del país.
El anuncio fue hecho luego de que en la sesión ordinaria del 10 de junio lo diputados Pedro Carreño y la la primera vicepresidenta, Iris Varela, quien estuvo frente al ministerio de asuntos penitenciarios entre 2011 y 2017 y 2018 y 2019 denunciaron irregularidades en el sistema de justicia.
Varela afirmó que ni el Estado ni el Parlamento pueden hacer caso omiso a estos retrasos, que aseveró van en contra del debido proceso, pero que pasó por alto mientras estuvo al frente de la cartera ministerial.
