(19 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado consultar la numeración de las cuentas corrientes de las que sea titular Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
El objetivo es investigar la denuncia interpuesta por un pseudosindicato ultraderechista por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Las nuevas medidas de instrucción, entre las que también se encuentra la solicitud al Registro Civil del certificado literal de matrimonio de la investigada, figuran en el último auto del magistrado al que ha tenido acceso Europa Press.
La causa en la que está involucrada la cónyuge del presidente del Gobierno tiene un buen número de ramificaciones y ahonda en su vida profesional, ya que se cuestiona si ha recibido trato de favor en instituciones públicas.
Desde que se inició, en abril de este año, el caso ha sufrido vaivenes, con la polémica inicial por su admisión a trámite basado en recortes de prensa, la instrucción de la Audiencia Provincial de Madrid de limitar las investigaciones y las denuncias por prevaricación en contra del juez instructor.
África Center
Las más recientes indagaciones están relacionados con el trabajo que Gómez desarrolló como directora del África Center, dependiente del Instituto Empresa (IE), entre los años 2018 y 2022.
En las últimas semanas se ha tomado testimonio a los responsables del IE para conocer, entre otras cuestiones, el motivo de la contratación de Gómez.
En el punto de mira está que Air Europa, propiedad de Globalia, pactó con el IE pagar 40.000 euros al año al África Center, entre los que se incluyen 15.000 euros en billetes de primera clase para sus directivos. El juez quiere saber si esta circunstancia está relacionada con el rescate que el Gobierno aprobó para la compañía aérea en el ámbito de la pandemia de coronavirus, cuando todas las grandes empresas del ramo fueron auxiliadas en Europa.
El empresario Juan Carlos Barrabés
En la causa también se investiga la relación de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, pionero español del emprendimiento en sectores relacionados con el desarrollo web, las start-ups y la inteligencia artificial desde hace décadas.
El empresario asesoró a Gómez en el Máster que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y fue uno de los profesores del curso.
En este ámbito se investigan los contratos públicos con las administraciones que consiguieron las empresas de Barrabés, si bien se trata de compañías expertas en la materia que ya habían alcanzado licitaciones públicas con anterioridad. Los denunciantes sostienen que la relación con la esposa del presidente fue lo que les habría abierto algunas puertas.
La UCM en el punto de mira
Asimismo, en el foco está el trabajo de Gómez en la UCM, donde codirige desde 2020 la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, al tiempo que ejerce de docente de máster.
Se investiga cómo accedió Gómez a ese puesto, toda vez que no posee una licenciatura universitaria, si bien tiene una dilatada trayectoria profesional, que incluye ejercer como directora de Consultoría en Externalización Comercial en el grupo Inmark desde el año 2000 hasta 2018.
Por esta cuestión se encuentra imputado el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache.
Gómez también está siendo investigada por la presunta apropiación indebida de un software desarrollado por la cátedra de la UCM que codirige y que instaló, para su uso gratuito, en una página web registrada a su nombre.
Registros y denuncias cruzadas
Durante medio año se han producido registros, como los sucedidos en la casa y las compañías propiedad de Barrabés; informes de la Guardia Civil; y declaraciones de testigos e investigados, incluido el presidente del Gobierno. El último de ellos fue Juan José Güemes, exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien decidió la contratación de Gómez en el África Center.
También se han producido tres querellas en contra del juez Juan Carlos Peinado, interpuestas por el periodista Máximo Pradera, por Begoña Gómez y por Pedro Sánchez. Ninguna de ellas ha sido admitida a trámite.
Desde el inicio se ha tratado de un caso muy polémico, tanto en el fondo como en la forma, especialmente por la elección de las fechas por parte del juez para hacer públicos algunos autos, en ocasiones coincidiendo con campañas electorales.
