(15 de abril del 2021. El Venezolano).- La pandemia del COVID19 ha conmocionado al mundo durante el último año. Más de 134 millones de personas se han contagiado y cerca de tres millones han fallecido. Las naciones con los mejores estándares de salud han enfrentado desafíos sin precedentes para atender a su población. En Venezuela, no siendo una excepción de esta pandemia, la situación es muy severa, ya que el COVID19 llega en plena Emergencia Humanitaria Compleja, agravándose ante el aumento vertiginoso de contagios y fallecidos por la negligencia y
naturaleza criminal de un régimen que ha retrasado las gestiones para el ingreso de vacunas al país, a pesar de la ayuda que se ha ofrecido desde el gobierno interino, a través de la legítima Asamblea Nacional, y la comunidad internacional. Adicionalmente, el régimen no tiene ninguna intención de implementar planes responsables y serios de prevención ante el COVID19 y carece de transparencia en las cifras de casos y fallecidos que publican, dejando a una población ya vulnerable, mucho más expuesta.
Durante meses, nuestros profesionales de la salud, de forma valiente y con enormes limitaciones para poder llevar a cabo su trabajo, lo han dado todo en la atención de la pandemia, siendo hoy Venezuela el primer país con más decesos per cápita de trabajadores de la salud de la región a causa del virus, con más de 460 fallecimientos (25,6% del total de los decesos, según la cifra de fallecidos que el régimen ha dado).
La Academia Nacional de Medicina, en conjunto con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, la Alianza Venezolana por la Salud, Médicos Unidos de Venezuela, entre muchas otras organizaciones, ya desde marzo del año pasado, advirtieron seria y responsablemente las implicaciones de la pandemia para nuestra nación y lo que debía hacerse para prevenirlo, y no fueron escuchados.
Desde hace algunas semanas, las cifras de enfermos y fallecidos se han disparado al punto que el régimen ha tenido que reconocerlo públicamente. Los centros de salud, tanto públicos como privados, están colapsados. Mientras la mayoría de los gobiernos del mundo han emprendido acciones contundentes destinadas a vacunar cuanto antes a su población, enfrentando las distintas olas y variantes del virus, en Venezuela todavía no existe un plan nacional de vacunación de acceso a todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminación, sino que hemos visto el manejo político inescrupuloso de las pocas dosis que han llegado, en detrimento de la urgencia para proteger a los sectores más vulnerables.
Ese régimen no sólo ha utilizado la pandemia como excusa para afianzar su control social, sino que también ha mentido de forma irresponsable con respecto a la llegada de vacunas al país. Hace 100 días, Nicolás Maduro anunciaba que llegarían 10 millones de dosis de la Sputnik-V, cuando apenas, hoy, han llegado 250.000 de éstas y apenas 500.000 de la china Sinopharm, según reseñaron algunos medios. No conformes con ello, estas pocas vacunas que alcanzan, en el mejor de los casos, para poco más de 1% de la población, han sido utilizadas con fines políticos y por el régimen para colocárselas entre ellos mismos, como el propio Nicolás Maduro anunció el 4 de abril al afirmar, cínicamente, que él ya estaba vacunado y como previamente había declarado al decir que primero se vacunarían los diputados ilegítimos del PSUV, su gabinete y oficiales de la FAN, antes que el personal de salud. Mientras eso sucedió, cuerpos de seguridad del régimen como la Policía Nacional Bolivariana, impidieron que médicos y enfermeras se vacunaran en el Hospital Vargas,
suspendiendo sin motivo alguno la jornada prevista. Como agravante de la situación, en días pasados, el Cardenal Baltazar Porras denunció la existencia de un mercado negro de vacunas en Venezuela, al que pocos tendrán acceso y cuyos efectos pueden ser devastadores.
Nicolás Maduro no quiere que lleguen vacunas al país. La mejor evidencia fue el rechazo, por parte de Delcy Rodríguez en representación del régimen, de las vacunas AstraZeneca ofrecidas a nuestro país como parte de las primeras en recibirse a través del programa de acceso equitativo que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamado COVAX y del que el gobierno interino, a través de la legítima Asamblea Nacional, ofreció gestiones para su adquisición, a pesar de que había un acuerdo suscrito entre Venezuela y
COVAX desde septiembre del año pasado. Luego de negarse a aceptar esa ayuda durante semanas, la señora Rodríguez anunció hace unos días que el régimen procedió a honrar más de la mitad de sus compromisos con el mencionado programa por su propia cuenta, para adquirir vacunas para alrededor del 20% de nuestra población.
Han sido meses de retraso intencional que han significado vidas perdidas por responsabilidad del régimen, que ahora pretenderá utilizar estas vacunas, sin ningún tipo de transparencia y discriminando a los venezolanos en su aplicación. Peor aún y como parte de su maldad, el régimen, en un desafío a la ciencia, ofrece “remedios milagrosos”, como las supuestas gotas de Carvativir o como las supuestas vacunas cubanas, entre ellas la “Abdala”, sin ningún tipo de verificación científica sobre su efectividad, propiciando una mayor incertidumbre entre los venezolanos.
El régimen ha utilizado las sanciones internacionales como pretexto para este inaceptable e intencional retraso en el inicio de la vacunación en Venezuela, cuando países como Irán, aliado de éste y también sancionado, recibió recientemente, por parte del programa COVAX, un primer lote de 700.000 vacunas de AstraZeneca. Al régimen nunca le ha importado la vida de la gente y esa es la verdadera sanción que han sufrido durante años los venezolanos. El régimen ha demostrado que tenía los recursos para pagar las vacunas sin que las sanciones impidieran hacerlo. Mintieron una vez más y provocaron muertes que pudieron evitarse.
Sabemos que las vacunas provenientes del programa COVAX no serán suficientes para inmunizar al país.
También sabemos que las vacunas que ha prometido el régimen no llegarán y, las que lleguen, seránutilizadas bajo un esquema de corrupción y opacidad que no beneficiará a quienes más necesitan ser vacunados. Estas acciones deliberadas engrosan la lista de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen y los crímenes de lesa humanidad que éste ha cometido, en lo que constituye una clara afrenta contra los venezolanos quienes son víctimas de una política de exterminio en cámara lenta, agravado durante la pandemia con la discriminación, la represión y la persecución. El mismo régimen que intencionalmente ha provocado la huida de más de 5,5 millones de venezolanos y la hambruna de 9,3 millones de personas, es el mismo que ahora condena a muerte a los venezolanos que luchan contra el virus.
