(06 de febrero del 2025. El Venezolano).- El pasado 7 de enero un grupo de hombres irrumpió de manera irregular en una vivienda ocupada por el hermano de Antonieta Jurado. No se identificaron ni presentaron credenciales. Según ellos, el desalojo fue ordenado por el hoy ministro de Interior y Justicia de Venezuela.
Antonieta Jurado, esposa del presidente editor del medio de comunicación venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, le escribió una carta a Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro, en la que le pide la revisión por embargo indebido de un inmueble en la ciudad de Caracas, Venezuela, propiedad de sus hijos. “Su equipo legal ha asumido erróneamente que la vivienda pertenece a C.A. Editora El Nacional sin verificar los registros ni realizar una mínima investigación sobre su verdadera titularidad.
El hecho de que Miguel Henrique Otero haya residido en la casa durante tres años no implica que sea de su propiedad ni que tenga acciones sobre ella”, dijo. Como se recordará, el hermano de Antonieta Jurado denunció que el pasado 7 de enero un grupo de hombres irrumpió en la noche de manera irregular en su vivienda, la que ocupa desde hace años en la urbanización Los Chorros, Caracas. Según su testimonio, los individuos llegaron acompañados de un cerrajero y procedieron a abrir la puerta principal sin identificarse ni presentar credenciales, a pesar de portar armas de fuego y no estar uniformados, una actuación que estuvo llena de irregularidades. Aseguró que, de acuerdo con lo manifestado por los intrusos, el desalojo fue ordenado por Cabello, y que él y sus acompañantes fueron amenazados con ser detenidos si no abandonaban la residencia de forma inmediata.
El abogado relató que, incluso, le indicaron acudir al Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso, hermana de Elvis Amoroso, donde —señalaron— se dictó la orden de embargo. “Antes de ejecutar este atropello, su equipo debió verificar que la vivienda pertenece a mis hijos y que nunca fue propiedad de Miguel Henrique Otero. Esto puede confirmarse fácilmente en los registros de propiedad inmobiliaria, donde consta el historial de la vivienda. En dichos documentos, firmados y registrados años antes de mi matrimonio con Miguel Henrique Otero, donde se evidencia que el inmueble me pertenecía y que lo cedí a mis hijos mucho antes de casarme con él. El mayor, en documento privado, se comprometió a ceder la mitad a su hermano menor al alcanzar la mayoría de edad”, agregó.
A continuación el texto completo:
Ciudadano
Diosdado Cabello
Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y
Paz
Asunto: Solicitud de revisión por embargo indebido de inmueble
Ministro Cabello,
Me dirijo a usted en su calidad de demandante de C.A. Editora El
Nacional, pues entiendo que, debido a sus múltiples responsabilidades,
quizás no esté al tanto de la grave equivocación cometida por su equipo
legal, encabezado por el abogado Alejandro Castillo Soto, en la demanda
contra dicha empresa. Pero también me veo obligada a dirigirme a usted,
como ministro de Justicia para solicitarle justicia para mis hijos y para mi
familia.
Más allá de solicitar justicia, quiero señalar el claro abuso y la arbitrariedad
con que se ha actuado en este caso, basado en un grave error: “Errar es
humano, rectificar es de sabios”.
El inmueble que su equipo legal pretende adjudicar a usted jamás ha
pertenecido a C.A. Editora El Nacional ni a Miguel Henrique Otero,
director del medio de comunicación. Se trata de una propiedad privada de
mis hijos, los que no tienen ningún vínculo accionarial ni patrimonial con el
periódico.
Su equipo legal ha asumido erróneamente que la vivienda pertenece a
C.A. Editora El Nacional sin verificar los registros ni realizar una mínima
investigación sobre su verdadera titularidad. El hecho de que Miguel
Henrique Otero haya residido en la casa durante tres años no implica que
sea de su propiedad ni que tenga acciones sobre ella.
Intentar despojar a dos jóvenes venezolanos de su hogar, solo por ser mis
hijos, constituye una arbitrariedad sin fundamento legal ni lógico.
Antes de ejecutar este atropello, su equipo debió verificar que la vivienda
pertenece a mis hijos y que nunca fue propiedad de Miguel Henrique
Otero. Esto puede confirmarse fácilmente en los registros de propiedad
inmobiliaria, donde consta el historial de la vivienda. En dichos
documentos, firmados y registrados años antes de mi matrimonio con
Miguel Henrique Otero, donde se evidencia que el inmueble me pertenecía
y que lo cedí a mis hijos mucho antes de casarme con él. El mayor, en
documento privado, se comprometió a ceder la mitad a su hermano menor
al alcanzar la mayoría de edad.
Huérfanos de justicia
Le participo que para enfrentar este embargo irregular, todo nuestro
recorrido ha sido en vano. Hemos actuado conforme a la ley y la
Constitución de la República. Hemos presentado recursos ante los
tribunales, acudido a la Fiscalía y agotado todas las vías legales
disponibles. Sin embargo, ninguno de nuestros recursos ha sido atendido
ni hemos recibido respuesta alguna. Ni siquiera el Ministerio Público, que
debe servir a todos los venezolanos, aceptó nuestros documentos en las
oficinas de atención a las víctimas y al adulto mayor.
Nos sentimos desprotegidos, huérfanos de instituciones y de justicia, que
parece estar al servicio de intereses políticos en lugar de los ciudadanos.
Ante estas arbitrariedades, me pregunto: ¿Por qué descargar represalias
sobre personas inocentes, cuyo único «delito» es ser hijos de la esposa de
Miguel Henrique Otero? Es injusto que diferencias y disputas políticas
terminen afectando a quienes nada tienen que ver con ellas: los hijos, los
nietos, los seres queridos e inocentes de toda culpa.
Con sinceridad, le aseguro que, si en el futuro usted se encontrara en una
situación similar, yo sería la primera en separar las responsabilidades
políticas de las personales. Jamás atribuiría a Daniela Cabello ni a su
familia una culpa que no les corresponde.
Perjudicar a personas ajenas a cualquier conflicto político solo por su
parentesco es una injusticia sin precedentes en nuestro país.
¿Cómo es posible que su equipo legal pretenda entregarle a usted una
vivienda que no guarda relación alguna con su demanda ni con sus
diferencias ideológicas con mi esposo? Lo único que pedimos es que los
funcionarios que custodian el inmueble permitan el acceso a mi hermano,
quien vive allí y, con 70 años, sufre un enfisema pulmonar. Que no se
cometan más irregularidades y que velen por la seguridad del inmueble y
nuestras pertenencias familiares.
Es de conocimiento público la disputa legal entre usted y C.A. Editora El
Nacional. No obstante, resulta inaceptable que esta situación derive en
medidas que afectan a inocentes, en este caso, mis hijos y mi hermano,
quienes no tienen vínculo con el conflicto. Embargar un bien ajeno a los
demandados no solo es un acto de injusticia, sino que también sienta un
peligroso precedente para los derechos de propiedad en Venezuela.
Dada la arbitrariedad de esta acción, solicito respetuosamente su
intervención para que este asunto sea revisado de manera justa y
conforme a derecho. Asimismo, insto a que se restituya la situación legal y
material de mi hermano, permitiéndole regresar al inmueble del cual fue
desalojado injustamente. Estoy segura de que su abogado, el ciudadano
Alejandro Castillo Soto, podrá corroborar los hechos aquí expuestos y
esclarecer este grave error.
Quedo a su disposición para proporcionar cualquier documentación
adicional y colaborar en lo necesario para resolver este caso de manera
equitativa.
Agradezco de antemano su atención y espero una pronta respuesta.
Atentamente,
Antonieta Jurado de Oter
