(10 de mayo del 2023. El Venezolano).- Lo que comenzó como una supuesta norma sanitaria se convirtió en una estrategia política que profundizó la crisis migratoria entre EE.UU. y México, ya que provocó deportaciones masivas, frenó millones de solicitudes de asilo, separó a familias y generó permanentes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Estos han sido los principales resultados del Título 42 que el Gobierno de EE.UU. impuso en marzo de 2020 para sellar sus fronteras, con el pretexto de la pandemia de coronavirus, y que será finalizado definitivamente este jueves, en medio de una nueva controversia por la confusión que ha rodeado al anuncio.
Desde que se confirmó la fecha del término del Título 42, miles de migrantes indocumentados intensificaron su recorrido hacia EE.UU. a través de territorio mexicano, ya que muchos creen que ahora será más fácil atravesar la frontera y tramitar sus papeles de radicación.
Por eso, los gobiernos de ambos países han insistido en desalentar a los inmigrantes y anunciar una serie de medidas para evitar una llegada masiva que pueda ser incontrolable, desde el envío de más militares a la frontera, hasta nuevos programas sociales.
Como parte de la emergencia, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; y EE.UU., Joe Biden, dialogaron el martes por teléfono y acordaron continuar políticas conjuntas en materia migratoria y en el combate el tráfico de armas y de fentanilo.
«Somos buenos vecinos y amigos», afirmó López Obrador. La Casa Blanca, en tanto, celebró que en los últimos cuatro meses hayan disminuido en un 95 % los encuentros de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en la frontera de EE. UU. y México.
Pero, más allá de las declaraciones de los líderes, nada frena a las personas que huyen de las múltiples violencias que padecen en sus países de origen y que creen que en EE.UU. podrán tener una vida mejor.
Uno de los casos más graves se registra en El Paso, la ciudad estadounidense fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, en donde ya no hay lugar en los albergues estatales o manejados por organizaciones civiles para recibir a migrantes, por lo que miles de ellos se hacinan en las calles.
Los Gobiernos de México y EE.UU., en tanto, advierten que el fin del Título 42 no flexibilizará la política migratoria y diseñan medidas conjuntas o individuales para paliar una de las principales tragedias humanitarias de la región.
Efectos
En marzo de 2020, el Gobierno del entonces presidente Donald Trump emitió el Título 42, a través del cual la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) prohibió la entrada a EE.UU. de personas provenientes de México o Canadá, para prevenir contagios de coronavirus y preservar la salud pública.
«Para ayudar a prevenir la introducción de covid-19 en las instalaciones fronterizas y en los Estados Unidos, las personas sujetas a la orden no serán retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y, en cambio, serán expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito«, señaló una norma que aseguró que no se tomaría en cuenta el estatus migratorio, que todo era una mera cuestión sanitaria.
Pero, en realidad, ocurrió todo lo contrario. El Título 42 otorgó a las autoridades funciones extraordinarias y fue la excusa ideal para deportar automáticamente y de manera masiva a migrantes indocumentados.
En total, en estos más de tres años, hubo más de 2,6 millones de expulsiones anómalas, ya que, por ley, las personas migrantes tienen derecho a solicitar asilo, pero se les impidió realizar el trámite. El primer destino de deportación era México, y luego de ahí eran enviados a sus países de origen.
Hoy, en EE.UU. hay más de 1,6 millones de peticiones de asilo pendientes, más las que se acumularán de inmediato a gran escala, ya que será una de las principales demandas de los migrantes que ya lograron atravesar la frontera y que necesitan quedarse porque en sus países sufren amenazas por motivos políticos, de raza o de orientación sexual, entre otros.
Durante su campaña, Biden prometió que derogaría de inmediato el Título 42, pero mantuvo las restricciones de una estrategia que fue respaldada por López Obrador.
El año pasado se intensificaron las presiones para poner fin a esta medida, a lo que se resistieron gobernadores de decenas de estados de EE.UU. que querían que se prolongara, o que incluso que fuera definitiva, para impedir la recepción de migrantes.
Pero, ante el inminente fin de la pandemia, el Título 42 ya no tenía ningún sustento legal, por lo que el Gobierno anunció que el 11 de mayo sería su último día en vigor.
Tragedias y lucha
El Título 42 jamás detuvo la lucha de los migrantes, sobre todo latinoamericanos, que siguen tratando de llegar a EE.UU. a pesar de los riesgos que corren.
En el mejor de los casos, logran arribar a EE.UU., ser recibidos por amigos o familiares y comenzar a trabajar aun sin papeles, reportó RT.
Pero en el camino por México también pueden ser maltratados por las autoridades o secuestrados por organizaciones criminales que extorsionan a sus familias, que los desaparecen, los esclavizan o los matan.
De acuerdo con el «Informe sobre desaparición de personas migrantes en México», en 2020 y 2021, los primeros dos años de vigencia del Título 42, el Servicio Jesuita en México atendió 438 casos de migrantes desaparecidas.
Luego de realizar las investigaciones correspondientes, la organización humanitaria descubrió que el 75 % de esos migrantes estaba detenido en una estación migratoria o estancia provisional. Si bien era una buena noticia la aparición con vida, ello no implicaba que no hubieran sido violentados.
Por el contrario. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Instituto Nacional de Migración de México en los tres años de vigencia del Título 42 crecieron sin cesar. Pasaron de 1.044 en 2020 a 1.239 en 2021, hasta alcanzar el récord de 2.141 de 2022.
Organizaciones de derechos humanos suelen denunciar que hay un subregistro de las violaciones que padecen los migrantes. Aunque no se tiene una cifra cierta, se calcula que miles han muerto en su intento de llegar a EE.UU., ya sea en masacres por parte del crimen organizado o por negligencia de las autoridades.
Ese fue el caso del incendio ocurrido el pasado 27 de marzo pasado en una estación migratoria estatal en Ciudad Juárez, y que dejó un saldo de 40 migrantes muertos y decenas de heridos.
La tragedia puso en crisis al Gobierno de López Obrador, ya que evidenció las precarias condiciones en las que encierran a los migrantes sin libertad de movimiento, lo que, en los hechos, implica una detención ilegal.
Más denuncias
En estos tres años, las controversias por los abusos contra los migrantes han sido permanentes y se han agravado a los largo de los tres años de vigencia del Título 42.
Por ejemplo, en 2021 se agudizó la crisis de la migración masiva de niños que viajaban solos.
Amnistía Internacional denunció que entre enero de 2020 y junio de 2021, más de 50.000 niños y niñas migrantes no acompañados llegaron a EE.UU., pero fueron expulsados sin que se les brindara la posibilidad de asilarse. México hizo su parte en la frontera sur, en donde también deportó a los menores.
Ello develó otra faceta de esta tragedia humanitaria: la separación de familias, ya que a padres, madres, hijos, tíos, abuelos, sobrinos se les impide la reunificación familiar porque unos logran quedarse en EE.UU. mientras otros son deportados.
Otras denuncias se sucedieron durante las intermitentes caravanas formadas por miles de migrantes que comenzaron sus recorridos en países centroamericanos y que caminaban a lo largo de México hasta llegar a la frontera.
En muchos casos, la respuesta fue la represión policial. Así ocurrió sobre todo en Chiapas, estado mexicano fronterizo con Guatemala en el que la Guardia Nacional dispersó frecuentemente a los migrantes. El siguiente paso era detenerlos en centros migratorios y, finalmente, enviarlos de regreso a sus países.
La primera caravana migrante con el Título 42 ya en marcha inició en octubre de 2020 en Honduras y atravesó las fronteras de México y Guatemala.
Desde entonces, siguieron organizándose. En junio del año pasado, 15.000 migrantes iniciaron la caravana más numerosa de los últimos años.
Salieron de Tapachula, Chiapas, en donde llevaban meses varados a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les entregara una visa humanitaria.
La crisis jamás amainó. Y tendrá un nuevo capítulo a partir de este jueves con el fin de una medida que solo intensificó los maltratos a las personas migrantes en ambos lados de la frontera.
