(32 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Hay quienes dicen que el gobierno de Iván Duque ha sido la «gran decepción» para un país que le dio el voto más alto de su historia. Las protestas fueron una constante y el presidente las manejó con violencia, silenciamiento a la prensa y un eufemismo propio del político que vive exclusivamente en su realidad. La gran promesa de renovación se quedó en un set de televisión en el Palacio de Nariño, mientras el país se tomó las calles.
En su set de Prevención y Acción, el programa de televisión de una hora que se transmitía de lunes a viernes hasta por quince canales, el presidente de Colombia luce como el presentador de noticias más experimentado.
Iván Duque, 45 años, cabello plateado, cara redonda y mentón pronunciado, presenta las cifras de la pandemia y presume de la gestión de su gobierno ante las cámaras como si fuera la única realidad, incluso cuando los colombianos habían dejado de ser telespectadores para convertirse en manifestantes que llenaban las calles de protestas.
Fue su presencia escénica la que le dio popularidad durante su campaña. Camino al Palacio de Nariño, no dudó en bailar con periodistas, jugar a la pelota, tocar guitarra y hasta cantar vallenatos. Pero ni su carisma, gráficos, estadísticas, videos, ministros, o invitados especiales, salvaron un programa que, como serie de Netflix, se habría cancelado por baja audiencia en su primera temporada. Duque fue el candidato más votado de la historia del país, pero en Colombia casi nadie quiere ver ni escuchar a su presidente.
Durante los cuatro años que lleva de mandato, Iván Duque ha gobernado con su lenguaje florido, su ágil y furiosa manera de crear frases vacías pero controversiales como si fueran tuits que buscan volverse virales. En su plan de gobierno, propuso la estrategia “El que la hace, la paga” para combatir la criminalidad en el país. En su discurso de juramentación, cuando consolidaba su gran momento, recitó: “No seré un Presidente encerrado en un palacio, porque el único palacio que espero habitar es el corazón de los colombianos”.
A final de su primer año, cuando Walter Arizala, el jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocido como «Guacho», fue abatido, Duque bromeó: “A ‘Guacho’ se le acabó la guachafita”. Y lo que parecía jocoso en un principio, se convirtió en imprudencia grosera, como cuando llegó a la clausura del Congreso Nacional de Cafeteros, en diciembre de 2020: “Somos un país cafetero y nos gusta el tintico, el periquito, pero el que está en el café”, haciendo referencia a la cocaína (llamada perica o perico en las calles), una sustancia alrededor de la que se ha generado una violencia que ha marcado la vida de miles de familias colombianas.
Es el presidente más joven de la historia reciente de Colombia y le ganó a su contendor político de izquierda, Gustavo Petro, que también obtuvo la mayor cantidad de votos contados para este movimiento político en la historia del país.
En un oficio donde se vive de la popularidad, no es conveniente dar malas noticias. Informar sobre el COVID-19 era necesario, el problema fue estancarse en el mismo discurso, minimizando las protestas sociales y no rendir cuentas a una población que exige trabajo para los jóvenes, renta básica universal, derechos para las comunidades indígenas, precios estables para sus alimentos, soluciones definitivas para el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo.
El escenario no es alentador para un país que tiene una de las monedas más devaluadas en la región y cuenta con 7,4 millones de personas en pobreza extrema. A Duque le tomó más de un año darse cuenta de esto, cuando canceló la emisión de Prevención y Acción durante las protestas de mayo del 2021. El presidente tenía que dejar de hablarle a las cámaras y hacerlo al país.
Eufemismo y silencio
Antes de que la pandemia obligara a todos a encerrarse en sus casas, cientos de miles de personas alrededor del mundo salían a diario a protestar en las calles. El 2019 se caracterizó por un descontento global que tuvo en Latinoamérica a algunas de las muestras de represión más violentas.
Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Colombia fueron algunos de los epicentros de las manifestaciones que reclamaban, entre muchas cosas, un rechazo generalizado contra la clase política. Este desencuentro era tan evidente que, meses antes del paro nacional colombiano en noviembre del 2019, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, declaraba a la prensa que aún no sabía qué estaba empujando el desempleo ni cómo corregirlo. 300.000 personas en todo el país salieron a las calles para que el gobierno reaccionara a la crisis económica, la corrupción y el asesinato de activistas de derechos humanos. No bastó.
Las marchas duraron semanas, entre represiones violentas, asambleas, conversaciones y acuerdos que no se resolvieron. En marzo, con la llegada del COVID-19, las manifestaciones tuvieron que parar y la crisis del país se agudizó.
Desde el Palacio de Nariño y su set de Prevención y Acción, Iván Duque, al igual que muchos otros presidentes, aprovechó la oportunidad para presentarse como la solución, La maniobra le duró pocos meses: los colombianos volvieron a las calles a reclamar por las promesas fallidas y las nuevas/viejas políticas deficientes.
Las tres reformas tributarias impulsadas por Iván Duque han fracasado. La segunda, llamada en código Duque ‘Ley de Crecimiento Económico’, significaba más impuestos para los colombianos, una rebaja progresiva a los impuestos de las grandes empresas, y la gota que rebasó el vaso en el 2019.
Para Duque, las marchas son una oportunidad más de demostrar la indolencia y uso de la palabrería para minimizar los reclamos y la violencia, características de los gobiernos autoritarios. Sobre las docenas de jóvenes masacrados en diferentes provincias del país en el 2020, pidió no llamarlas masacres, sino “homicidios colectivos”.
A los cientos de desaparecidos, la Fiscalía les llamó “personas no localizadas”. Cuando el paro continuó en el 2021, se refirieron a los protestantes como “vándalos en unos cuantos bloqueos”. George Orwell dijo sobre el lenguaje político: “Está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato, respetable”.
En una investigación realizada por La Silla Vacía, sobre más de 800 reuniones privadas y públicas que hizo el presidente durante el 2020, se reveló que se reunió, en primer lugar, con empresarios, en segundo lugar con militares, y en tercer lugar se la pasó preparando su programa de televisión. Con la prensa, el romance había terminado con sus pasos de baile y guitarrazos desafinados que le ganaron votos.
Incluso desde antes de la pandemia, el presidente declaró exclusivamente a aquellos medios que comulgan con la dirección política de su partido de Gobierno, el Centro Democrático, evadiendo a quienes podían cuestionarlo, es decir, a todo el ecosistema de medios alternativos e independientes. El hecho más reciente fue el especial informativo de Noticias Caracol llamado ‘Colombia le pregunta al Presidente’, en el que se rehusó a escuchar al periodista Daniel Samper Ospina. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lo calificó como un “acto de censura indirecta”.
Para el escritor y columnista de El Tiempo, Ricardo Silva Romero, Duque no abre ciertos debates porque tiene una suerte de inclinación clasista: defiende a cierto empresariado colombiano que piensa que la política es una pérdida de tiempo. “Lo de los bloqueos en el paro lo llevó a reciclar los discursos sobre cualquier activismo como terrorismo. Revivió ese gran dilema, que es una gran guerra de palabras en las que hay un relato colombiano de derecha que dice: aquí no han dejado trabajar porque hay unos vagos de la izquierda que quieren todo gratis, que se quejan por todo y por eso salen a protestar. Tan parecido al relato de las guerrillas que pedían justicia en los años 60 y 70 en Colombia”.
Solo entre abril y mayo del 2021 en Colombia, hubo 43 muertos, 955 heridos y 1388 detenciones arbitrarias. Convirtiéndose así, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, en el segundo país en el mundo con más tasas de muertes violentas por día de protesta. El gobierno suele disminuir estas cifras brindadas por organismos nacionales e internacionales, e incluso las ha cuestionado y ha intentado obstaculizarlas, como cuando quiso impedir la visita de expertos independientes de la ONU para que se reúnan con las víctimas o cuando desestimó el informe de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que alarmó sobre la conducta violenta y atroz de la fuerza pública contra los manifestantes.
