(22 de junio del 2021. El Venezolano).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en su trabajo «Jueces en la Cuerda Floja. Informe sobre independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Venezuela», registró que la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) está al servicio del Poder Ejecutivo.
Durante la presentación del informe, este martes 22 de junio, el secretario general de la comisión, Sam Zarifi, aseveró que el TSJ ha socavado la independencia de lo judicial y se ha llenado de jueces adeptos al chavismo.
«El Poder Judicial carece de independencia frente al control o influencia del poder político y, en medio del continuo autoritarismo, los jueces siguen estando sujetos a graves presiones externas», señala el informe.
La CIJ considera fundamental restablecer y garantizar la independencia del Poder Judicial en Venezuela lo cual significa restaurar el Estado de derecho en el país. Las principales recomendaciones se dirigen a despolitizar urgentemente el Poder Judicial, en general, y específicamente el Tribunal Supremo de Justicia, así como a avanzar en los procesos de nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial y del TSJ según las disposiciones constitucionales.
El secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, Sam Zarifi, expresó que «la cabeza de la rama judicial está podrida. El 85% de los jueces en Venezuela, en este momento, no son jueces propiamente, la mayoría son provisionales y pueden ser removidos por el TSJ sin ningún proceso disciplinario. Los jueces provisonales son muy vulnerables a la presión política. Está bien documentado que a los jueces se les dice cómo deben fallar, especialmente en casos de impacto político. Y los jueces que no siguen esto tienen problemas».
El secretario de la Comisión Internacional de Juristas sostuvo que, con lo ocurrido con la jueza María Lourdes Afiuni, es una espada de Damocles sobre los jueces venezolanos.
En ese sentido, dijo que el TSJ es un instrumento de parcialidad y un gran porcentaje de los jueces son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual representa una desviación de los estándares internacionales.
Zarifi refirió que a los jueces venezolanos se les paga cerca de $30 al mes con lo cual, en un contexto de hiperinflación, son sensibles a la presión política. Resaltó que, en el país, la rama judicial debe dejar de vandalizarse y de ser empleada como un arma contra ciudadamos, activistas, dirigentes políticos y periodistas.
Por su parte, el venezolano Carlos Ayala Corado, vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas, indicó que en Venezuela no existe un sistema de justicia. «No solo es un poder público, además es un derecho acceder a la justicia para que, en caso de que ha habido violación de los derechos humano, pueda ser resuelta según el debido proceso», dijo.
Ayala Corado desconfía de la revolución judicial anunciada por el gobernante Nicolás Maduro. Dijo que el propio poder Judicial persigue a los jueces, quienes están «maniatados».
El jurista expresó que «Maduro, después de 20 años, va a crear una comisión desde el poder político para la revolución judicial cuando esas cosas que vienen desde el Poder Judicial son sospechosas y peligrosas».
Subrayó que la situación del TSJ y de los jueces en Venezuela ha sido documentada por diferentes organizaciones y por la comunidad internacional, como el examen periódico universal y el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Señaló que estos registros suman para denunciar la intervención de la justicia, al tiempo que abogó por una verdadera reforma del sistema de judicial con respaldo de la comunidad internacional.
El gobernante Nicolás Maduro anunció, el lunes 21 de junio, el inicio de un proceso de «revolución» del sistema de justicia nacional. En ese sentido, ordenó «una revolución que sacuda todo el sistema de justicia del país», para concretar la reestructuración judicial y administrativa a corto plazo.
La comisión especial encargada de elaborar las propuestas que se contemplarían para reformar el sistema judicial del país será presidida por el diputado Diosdado Cabello (PSUV). La diputada Cilia Flores será vicepresidenta y la primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en tanto Lourdes Suárez Anderson, fungirá como secretaria ejecutiva.
TSJ arbitrario
Durante el análisis del informe de la CIJ, la jurista Catalina Botero destacó la urgencia de despolitizar el sistema de justicia en Venezuela. Afirmó que «de 2.184 asignaciones de jueces, solo 534 se dieron por concurso, el resto son provisorios, nombrados arbirtrariamente por el TSJ y pueden ser despedidos en cualquier momento».
Refirió los registros que se tienen de jueces que son llamados desde la Presidencia del TSJ para influir en sus sentencias. «Un juzgado requiere más de 100 inspecciones judiciales, en una forma de decirles: le estamos vigilando, sabemos lo que hacen, vamos a tomar represalias».
En el informe, la Comisión Internacional de Juristas puntualizó que «existen mecanismos de control, tanto formales como informales, que condicionan y presionan el trabajo de los jueces, como el uso de directivas e instrucciones por parte de los magistrados del TSJ y otros jueces con funciones administrativas, que buscan presionar a los jueces para que tomen determinadas decisiones en los casos».
Asimismo, Katya Salazar, de la Fundación Debido Proceso, refirió que en el informe queda evidenciado que el TSJ es el brazo legal del poder político en Venezuela.
Al igual que los otros expositores del informe de la Comisión Internacional de Juristas, Salazar recalcó que debe despolitizarse el sistema de justicia. Agregó que, actualmente, «está inmerso en una red corrupta y criminal y cuyo objetivo es hacer decisiones judiciales a favor del régimen, con lo cual se garantiza la impunidad».
Durante la presentación del informe se repitió, varias veces, que el TSJ desmanteló el sistema judicial. Katya Salazar enfatizó que cualquier proceso de transición en Venezuela, debe incluir un cambio total del sistema de justicia. «La transición necesita de un órgano transparente. Será necesario un proceso de saneamiento de acuerdo con los estándares internacionales».
Añadió que el sistema de justicia, en Venezuela, ha perdido la capacidad de cumplir su rol de garante de derechos humanos.
