(08 de diciembre del 2022. El Venezolano).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) canceló la discusión de su informe con recomendaciones para superar la crisis política de Perú, después de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado.
Una misión de alto nivel del organismo había visitado a finales de noviembre el país suramericano para analizar la crisis peruana a petición del mismo Castillo, quien había denunciado que se estaba preparando un golpe de Estado en su contra.
La delegación de la OEA hizo entonces un llamado al diálogo en Perú y este jueves el consejo permanente del organismo iba a estudiar el informe preliminar, pero la reunión fue cancelada.
«La sesión extraordinaria del consejo permanente programada para hoy jueves 8 de diciembre para considerar el informe preliminar del Grupo de Alto Nivel que visitó Perú ha sido cancelada», anunció la OEA en un breve comunicado.
La OEA tomó esta decisión después de que la situación en Perú cambiara por completo en la víspera con la destitución y arresto de Castillo, de modo que su informe quedó obsoleto, reportó Swissinfo.
Castillo anunció el miércoles la disolución del Congreso y la formación de un Gobierno de excepción para sortear un juicio político en su contra, pero la mayoría de su Ejecutivo y las Fuerzas Armadas le dieron la espalda, el Congreso lo destituyó y la Fiscalía lo arrestó por intento de golpe de Estado.
El Parlamento nombró como nueva presidenta a Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta de Castillo y quien se opuso al plan de su predecesor.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, condenó este jueves en un comunicado «las decisiones contrarias al orden constitucional» emprendidas por Castillo y celebró «la actuación inmediata» de las instituciones «en defensa de la democracia».
Asimismo, la CIDH consideró que Perú seguirá sufriendo crisis políticas mientras existan mecanismos en su Constitución como «la disolución unilateral del Congreso» o la capacidad del Legislativo para destituir al presidente por «incapacidad moral».
