(10 de junio del 2022. El Venezolano).- Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), rechazaron el enjuiciamiento penal al que se encuentra sometida la expresidenta constitucional y de transición de Bolivia, Jeanine Añez.
A través de un comunicado, indican «es imprescindible el respeto de los derechos humanos como la garantía del Estado de Derecho. Preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado».
Explican que «en el caso de Bolivia, en noviembre de 2019, asumió la presidencia la Senadora Jeanine Áñez quien, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, ante la renuncia del presidente y primer vicepresidente del Senado, en la línea de sucesión le correspondía legítimamente conducir la profunda crisis en que estaba sumido el país por la cadena de vulneraciones constitucionales cometidos por el expresidente Evo Morales: el desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le prohibía reelegirse, y el afirmar, con apoyo de una justicia constitucional controlada, que su reelección era un derecho humano, presentándose ilegalmente a elecciones con el intento de ejercer un cuarto mandato. En octubre de 2019 había perpetrado un fraude electoral demostrado por la auditoría vinculante que el mismo Morales solicitara de la OEA y que él reconoció, al pedir nuevas elecciones y que se designasen nuevos vocales en el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de ello renunció e inmediatamente abandonó el país dejando vacante el cargo presidencial».
Asimismo, destacan que «el gobierno de Añez trabajó con la Asamblea Legislativa y promulgó 78 leyes sancionadas por esta, incluyendo la normativa electoral. El garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, comunicó públicamente la validez de la sucesión, recibió a Áñez como presidenta para inaugurar el Año Judicial y reconoció su mandato».
En este sentido, señalan que «en consecuencia, ante la imposibilidad de que el Estado boliviano garantice justicia a la expresidenta Añez, y ante el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional, consideramos que corresponde al Secretario General de Naciones Unidas, a la OEA y la Unión Europea, como testigos y facilitadores de la transición constitucional presidida por la expresidenta Áñez, repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional».
