La decisión de las autoridades panameñas de no extraditar a los hermanos José y Chamel Gaspard Morell a Venezuela, a pesar de una solicitud formal emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano y de órdenes de captura internacional activadas por Interpol, ha generado indignación dentro y fuera del país. Pero lo más grave no es solo la protección que parecen estar recibiendo estos señalados por estafa, fraude y asociación para delinquir… lo verdaderamente preocupante es que no es la primera vez que la justicia panameña actúa con esta mezcla de lentitud, parcialidad e impunidad.
Nota completa de Nueva Prensa America
Un sistema judicial bajo sospecha (y no es nuevo)
Durante los años 2015 y 2016, bajo el gobierno de Juan Carlos Varela, ya era un secreto a voces en círculos jurídicos que la justicia panameña estaba al servicio de intereses personales y políticos. En ese contexto, múltiples fuentes han señalado que Laurentino “Nito” Cortizo, aunque no ejercía aún la presidencia, mantenía relaciones oscuras con el fiscal Nathaniel Murgas y el magistrado José Ayú Prado, a quienes presuntamente pagaba para influir en decisiones judiciales vinculadas a sus asuntos personales y empresariales. Estas prácticas, aunque nunca fueron oficialmente investigadas, forman parte del entramado que hoy explica la debilidad estructural del sistema judicial panameño.
Estos hechos, aunque silenciados por los grandes medios, fueron denunciados en su momento por testigos protegidos y abogados, y hoy vuelven a cobrar fuerza ante el evidente bloqueo de la extradición de los Gaspard Morell.
El caso Gaspard Morell: ¿protección o corrupción?
En enero de 2024, José Gaspard Morell fue detenido en Panamá tras una alerta roja de Interpol solicitada por Venezuela. Sin embargo, fue liberado bajo fianza en tiempo récord. Poco después, la excanciller Janaina Tewaney se negó oficialmente a extraditarlo, utilizando argumentos que expertos en derecho internacional calificaron como “ilegales” y “arbitrarios”. Actualmente, Tewaney enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad.
Las preguntas que surgen son inevitables:
- ¿Por qué se protege a los Gaspard Morell si existen pruebas de estafas en varios países?
- ¿Qué intereses políticos o económicos hay detrás?
- ¿Por qué Panamá, firmante de tratados de cooperación judicial, incumple su obligación de extraditar?
Algunas investigaciones apuntan a que los Gaspard Morell, implicados en fraudes millonarios con PDVSA y ventas ficticias de propiedades, habrían usado su red de empresas para pagar sobornos a funcionarios panameños. Si esto se confirma, estaríamos ante una red de protección judicial financiada con dinero sucio.
Panamá: ¿refugio de estafadores o Estado de derecho?
Este no es un caso aislado. Panamá ha sido señalada en repetidas ocasiones por albergar figuras vinculadas a delitos financieros y ofrecerles una justicia débil, manipulable y selectiva. La actuación del fiscal Nathaniel Murgas en otros procesos, como el caso de los testigos protegidos presionados durante el gobierno de Varela, refuerza la percepción de un Ministerio Público instrumentalizado y politizado.
Si Panamá desea limpiar su imagen y evitar convertirse en sinónimo de impunidad, debe actuar con transparencia, cumplir los tratados internacionales y demostrar que la justicia no está a la venta.
De lo contrario, continuará alimentando una peligrosa reputación: la de ser el refugio ideal para estafadores internacionales con dinero suficiente como para comprar protección.
