(19 de abril del 2025. El Venezolano).- El Día de la Tierra 2025 se conmemora en un contexto de cambios significativos en la política ambiental federal. Desde el 20 de enero, la administración Trump ha tomado medidas que han modificado o revertido regulaciones ambientales adoptadas en años recientes. Diversos sectores, incluyendo organizaciones latinas, han expresado preocupación por el posible impacto de estas decisiones en comunidades que históricamente han estado expuestas por ejemplo a mayores niveles de contaminación. “Las acciones de Trump han detenido la transición hacia la energía limpia, aumentado los costos para las familias trabajadoras y socavado el progreso de nuestra nación. Las comunidades en primera línea, que sufren desproporcionadamente la contaminación del aire, el clima extremo y el aumento de los costos, soportarán la peor parte de estas políticas”, afirmó Mark Magaña, presidente y director ejecutivo de GreenLatinos. Estas preocupaciones se reflejan también en decisiones recientes que afectan directamente los programas de justicia ambiental.
Escrito por: Johani Carolina Ponce
Justicia ambiental en duda bajo nuevas políticas
Una de las decisiones de la Administración Trump fue la eliminación del equipo de asesores de la Casa Blanca dedicado a coordinar acciones en favor de comunidades que viven cerca de fuentes industriales, puertos o autopistas, como las comunidades afroamericanas y latinas. Según un artículo de Associated Press, este equipo fue disuelto como parte de una reestructuración más amplia. Trump eliminó la iniciativa “Justice40” creada por la administración Biden, que requería que el 40 % de los beneficios de ciertos programas ambientales se destinaran a las comunidades más afectadas.
Diversas organizaciones han reaccionado con firmeza ante la desactivación de estas iniciativas LatinoJustice señaló en un comunicado que los ajustes en los programas de justicia ambiental podrían limitar las oportunidades de participación y acceso a soluciones para comunidades afectadas por la contaminación del aire y otros riesgos ambientales. “LatinoJustice PRLDEF mantiene firme su compromiso de impugnar estas acciones federales perjudiciales. Seguiremos abogando por la salud, el bienestar y la resiliencia de nuestras comunidades, al tiempo que trabajamos para fortalecer las protecciones ambientales a nivel estatal y local”.
Recortes a la NOAA
Los cambios no se han limitado a las políticas de justicia ambiental. También han alcanzado el ámbito científico. La administración ha propuesto una reducción de fondos para actividades de investigación en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), incluyendo estudios sobre el cambio climático y programas de resiliencia costera. Analistas y científicos han advertido que este tipo de recortes podría afectar la recopilación de datos relevantes para la preparación ante fenómenos meteorológicos extremos.
Suspensión de boletines en español
A esto se suma una medida que ha despertado inquietudes en la comunidad hispanohablante. Se ha reportado que la NOAA suspendió temporalmente la emisión de boletines meteorológicos en español. Esta medida ha generado debate en torno al acceso equitativo a información esencial durante eventos climáticos severos, especialmente en zonas con alta población hispanohablante. “Las alertas meteorológicas traducidas salvaron vidas durante un brote de tornados en Kentucky en 2021. Una familia hispanohablante recibió una alerta en inglés y la ignoró porque no la entendieron. Cuando recibieron la misma alerta en español, buscaron refugio de inmediato. Esa traducción les salvó la vida”, explicó Joseph Trujillo-Falcón, investigador de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y excolaborador de la NOAA.
Cancelación de programa federal agrícola
En el ámbito agrícola, también se han producido reveses. Otra medida destacada fue la cancelación de un programa federal de agricultura climáticamente inteligente de $3 mil millones. Este programa buscaba promover prácticas agrícolas sostenibles en todo el país. La suspensión fue confirmada por el Departamento de Agricultura y reportada por Reuters.
Retraso o cancelación de iniciativas comunitarias
Las consecuencias de estas decisiones ya se sienten en comunidades que esperaban apoyo para proyectos sostenibles. Se han detenido nuevas adjudicaciones de fondos vinculados a proyectos de energía limpia en comunidades de bajos ingresos, mientras se revisa el uso de fondos aprobados por el Congreso bajo legislaciones anteriores. Aunque el proceso continúa, algunas organizaciones locales han alertado sobre retrasos que podrían frenar el avance de iniciativas comunitarias.
En vilo Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos
Uno de los programas más críticos para las familias vulnerables también se ha visto afectado por los recortes, en abril de 2025, la administración Trump despidió a todo el personal del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP), una iniciativa federal de $4.1 mil millones que ayuda a millones de familias a pagar sus facturas de electricidad y gas. Esta acción ha generado preocupación entre funcionarios estatales y defensores de los consumidores, ya que aproximadamente $378 millones en fondos ya aprobados por el Congreso aún no han sido distribuidos a los estados. La falta de personal federal ha dejado en incertidumbre la capacidad de los estados para administrar estos fondos, especialmente en preparación para los programas de enfriamiento durante el verano. Expertos advierten que esta situación podría poner en riesgo a las comunidades más vulnerables frente a olas de calor extremas.
En conjunto, estas acciones dibujan un panorama incierto para la justicia ambiental y el acceso equitativo a servicios esenciales. La conmemoración del Día de la Tierra ofrece un espacio para considerar cómo las decisiones gubernamentales influyen en el equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y bienestar comunitario.
