(14 de enero del 2025. El Venezolano).- Desde abril de 2024, ha surgido en las redes sociales una información que señala a los venezolanos Francisco Convit y Daniel Uzcátegui como presuntos agentes, activos o pasados, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), incerfiltrados en las altas esferas del poder político y económico de Venezuela.
Por Pilar Martínez / Avefenixnoticias
Esta información, inicialmente difundida e la red social X por el militar retirado y opositor venezolano exiliado en Estados Unidos, José Antonio Colina, afirma además que Convit habría entregado drones de manufactura rusa a la DGCIM para labores de contrainteligencia y operaciones militares. Convit es recordado por haber sido uno de los «bolichicos», quienes fueron señalados por obtener contratos ventajosos para la instalación de plantas de energía eléctrica, a raíz de la crisis energética que sufrió Venezuela en 2009. Estos contratos generaron ganancias millonarias a Convit y sus socios, aun cuando muchos de los equipos que vendieron resultaron ser inservible.
No queda claro a qué tipo de actividades militares se refiere Colina, si estas son de vigilancia, espionaje o incluso para contener manifestaciones.
No obstante, según reportes de la periodista Patricia Poleo, quien mantiene estrechos vínculos con Colina, difundidos en medios de comunicación en agosto de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro ha estado utilizando drones para sobrevolar Caracas con el fin de vigilar y disuadir protestas, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, calificadas de fraudulentas por la oposición. Estos drones, que según Poleo son de fabricación iraní -aunque Colina previamente había mencionado drones de origen ruso supuestamente proporcionados por Convit-, operan tanto de día como de noche y podrían estar equipados para disparar contra los manifestantes, de acuerdo con Poleo.
La periodista venezolana Patricia Poleo desveló a mediados de 2024 que la DGCIM estaría utilizando una sala de control de drones en la base militar de La Carlota para monitorear protestas y proveer información a grupos armados afines al gobierno, facilitando así la localización y contención de manifestantes.
Se ha informado además sobre el uso de estos aparatos en operativos de vigilancia y represión en áreas de alta conflictividad, incluyendo el monitoreo de concentraciones y protestas en zonas como los Altos Mirandinos y el estado Táchira.
Cabe destacar que, en una acción coordinada, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han impuesto nuevas sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano, coincidiendo con la investidura de Nicolás Maduro como presidente el pasado 10 de enero de 2025.
En 2017, una investigación de medios venezolanos sacó a la luz que el empresario Tito García Montero, a través de su compañía TGM Aviation LLC, registrada en Florida, Estados Unidos -cuyas siglas TGM parecen ser un acrónimo del propio nombre de Montero-, vendió un lote de drones valorado en 7.848.170 dólares a PDVSA Petromonagas, una filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El contrato, firmado el 17 de noviembre de 2016, especificaba que los drones serían empleados por el Ministerio de Defensa venezolano, y en particular, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en un contexto ya marcado entonces en Venezuela por la conflictividad política. Esto, a pesar de las restricciones que impiden a Venezuela comprar a Estados Unidos material considerado bélico.
