(16 de agosto del 2020. El Venezolano).- Con sorpresa y natural indignación, Ricardo Hausmann contaba que, a su hija, que va a votar a Biden, la están tildando de comunista. Este clima enrarecido, generado por el fanatismo, al igual que en los años del macartismo, pretende llevar las cosas a los extremos y acusar de comunista a cualquiera que se niegue a ir por el carril de una derecha desbocada. Parece que olvidan que ya se acabó la guerra fría, que el comunismo fracasó, y que Joseph McCarthy falleció hace varias décadas, en medio del olvido de los estadounidenses, que se aferran a los ideales de la libertad, la democracia y el pluralismo político. Así, con el arresto domiciliario de Álvaro Uribe, se ha derramado mucha tinta para defenderlo de algo de lo cual no se le acusa, como es su compromiso contra la tiranía que se ha enseñoreado de Venezuela. Está bien que, quienes son sus amigos, o sus camaradas de partido, lo cubran de elogios y le manifiesten su gratitud; lo que sobra es descalificar a aquellos que ven natural que se le esté enjuiciando, o que han preferido guardar silencio, esperando que hable la justicia.
Por graves que sean las acusaciones que pesan sobre Álvaro Uribe, como cualquier otra persona, él tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se demuestre que es culpable. Para eso, habrá que dejar que, sin presiones políticas o mediáticas, los tribunales hagan su trabajo.
En una entrevista con Leopoldo Castillo, un joven politólogo sostenía que la justicia debe tener matices, porque, después de todo, Uribe y Don Juan Carlos tienen una trayectoria que no se puede desconocer. Pero, en democracia, a los tribunales penales les corresponde juzgar si un determinado acto es o no constitutivo de delito; no es su función examinar la trayectoria del acusado, salvo que ésta pueda considerarse como una atenuante o agravante; pero la conducta anterior nunca es una eximente de responsabilidad penal. A pesar de su trayectoria, Lula, Giscard d’Estaing, Pérez, Collor de Mello, Samper, Fujimori, Correa, Berlusconi, ¡y Nixon, siendo presidente!, tuvieron que pasar por los tribunales; uno hubiera querido que Stalin, Hitler, Franco, Fidel, los Kirchner, Chávez, y otros, hubieran tenido el mismo destino. Pero, en democracia, lo que no se puede hacer es escoger entre aquellos que merecen todo el rigor de la ley, y los intocables, que van directo al paraíso.
Más preocupante me ha parecido que un grupo de personalidades de la democracia cristiana venezolana haya emitido un comunicado, suscrito, entre otros, por dos amigos muy queridos, manifestando su “consternación” por las medidas adoptadas por la justicia colombiana en contra de Álvaro Uribe. De esas “medidas”, que no son otra cosa que el procesamiento por los supuestos delitos de soborno de testigos y fraude procesal, más el “arresto domiciliario” (en tiempos de pandemia), se culpa a las organizaciones del narcotráfico, a la guerrilla, y a la izquierda marxista. No tengo que decir que no formo parte ni de unas ni de otras, y que, cuando ha correspondido, he denunciado a unas, o a otras; pero no me parece que, por mucho que Uribe haya apoyado la causa de los venezolanos que luchan por su libertad, vayamos a perder la sindéresis, y debamos romper una lanza en defensa de quien, mal que mal, está señalado como responsable de graves delitos. ¡Esperemos que los tribunales digan su palabra! Después de todo, la amistad no es incompatible con un compromiso con los principios y valores de una sociedad democrática.
Quiero recordar que Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos (entre muchos otros), también han tenido un papel destacado en defensa de la libertad de Venezuela, y en defensa del respeto de los derechos humanos en Colombia. Y es bueno que se tenga presente que ese simple delito que hoy se imputa a Uribe (soborno de testigos), encuentra sus raíces en masacres (como las de Ituango, El Aro, Vereda La Esperanza, el Operativo Orión, Santo Domingo, y otras), ocurridas mientras Uribe era gobernador de Antioquia o presidente de Colombia. En aquellos casos, la Corte Interamericana se pronunció sobre la responsabilidad del Estado y no sobre responsabilidades individuales, asunto que le corresponde a los tribunales penales nacionales; pero es bueno recordar que ambas cosas están relacionadas. No parece serio que personas tenidas como sensatas y ponderadas pretendan insinuar que no sabían nada, o que todo esto forma parte de una confabulación, “a nivel global”, “del totalitarismo narco-socialista”, y “de las fuerzas implacables de la criminalidad política”. Sugerir que los miembros de la CIDH, los jueces de la Corte Interamericana, o Human Rights Watch, sean “comunistas” empeñados en destruir la figura de Álvaro Uribe y tomar por asalto los gobiernos de América Latina es, por los menos, absurdo. ¡Seamos serios!
Ni Colombia es una dictadura, ni se le puede satanizar sugiriendo que, como en Venezuela, la administración de justicia está al servicio de un proyecto político. A diferencia de lo que ocurre en esta “tierra de gracia”, no es creíble insinuar que en Colombia haya un patrón de conducta, de jueces y fiscales, para perseguir a los adversarios políticos. Hoy día, ni en Colombia opera la justicia stalinista, ni en España funcionan los tribunales franquistas. No pongamos las cosas fuera de lugar, y no miremos con “consternación” lo que, en una democracia, forma parte del funcionamiento normal de sus tribunales.
Quiero recordar que, por su condición de aforado, Uribe está siendo procesado por una Sala de Instrucción conformada por jueces de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, gozando de todas las garantías constitucionales. Y también quiero recordar que, en su momento, esos jueces fueron designados por el mismo Uribe, o por su delfín, Juan Manuel Santos. No hay allí jueces narcoguerrilleros o comunistas. Si alguna vez hubo un “cartel de la toga”, éste estaba asociado precisamente con el nombre de Álvaro Uribe, y no con José Miguel Vivanco o los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Santos ya no es presidente de Colombia y, aunque él y Uribe hayan roto una vieja amistad, me parece insensato sugerir que aquel que, como Ministro de Defensa de Uribe, combatió con éxito a la guerrilla, también es un “comunista”, que está detrás de las decisiones judiciales que hoy afectan a Uribe. ¿Será que nos hemos vuelto locos?
En Estados Unidos, el fanatismo macartista probó ser desastroso para la democracia y para las libertades públicas; no hay ninguna razón para que, en nuestros países, esta vez vaya a ser diferente. ¿Será que, aparte de una justicia con matices o la estigmatización del otro, el liderazgo opositor no tiene nada que ofrecer?
Mediante una decisión unánime, cinco jueces decidieron que había pruebas (incluyendo testigos, inspecciones judiciales, registros fílmicos e intercepciones telefónicas) que indicarían la presunta participación de Uribe en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Esa decisión puede ser recurrida; pero la democracia cristiana venezolana, Antonio Ledezma, y otros, dan por sentado que los jueces de la Corte Suprema de Colombia también forman parte de una conspiración comunista (y, tal vez, masónica y judía), que no va escuchar a Uribe, y que no va a recibir sus pruebas. No nos apresuremos, y seamos más prudentes con las solidaridades automáticas.
La democracia y el Estado de Derecho no se defienden escogiendo con pinzas los casos de que puedan conocer los tribunales, so pretexto de una conspiración narco comunista; el Estado de Derecho se defiende garantizando la igualdad ante la ley y respetando las decisiones judiciales. Los tribunales no son “el atajo” de nadie; son la forma de dirimir civilizadamente nuestras diferencias. A pervertir la administración de justicia, el modelo chavista le ha hecho mucho daño a nuestras sociedades; pero eso no va a mejorar con el macartismo de nuevo cuño, que está agarrando fuerza. Defendámonos de ideologías totalitarias, de cualquier tipo, comportándonos como demócratas; eso no se hace, ni garantizando la impunidad de unos, ni estigmatizando a otros.
Quienes vemos con horror todos los crímenes y arbitrariedades que se han cometido en Venezuela en los últimos veinte años (a veces desde los mismos estrados judiciales), esperamos que llegue el día en que haya justicia para todos y, si todos somos iguales ante la ley, que haya justicia sin matices. ¡No nos equivoquemos! Nadie está por encima de la ley; ni siquiera quienes puedan ser nuestros aliados en la defensa de la democracia en Venezuela. Que mañana, cuando acabe esta pesadilla, nadie tenga pretextos para decir que una confabulación de la ultraderecha (o de quien sea) está “persiguiendo” a quienes sólo quisieron prestar “sus mejores servicios” a Venezuela, eliminando a nuestros propios “falsos positivos”, encarcelando a quienes piensan distinto, y garantizando la impunidad de quienes han liberado a la patria del peso de tantos lingotes de oro. ¡Seamos coherentes, y no caigamos en el ridículo!
