(16 de octubre del 2020. El Venezolano).- La crisis y el futuro de Puerto Rico son un problema y un desafío que demandan respuestas inaplazables. La administración de Donald Trump ha maltratado a nuestra querida Isla del Encanto, al extremo de relegar a los boricuas a ciudadanos de segunda clase, durante y después de la tragedia de los huracanes Irma y María. E incluso, en los momentos más difíciles del pueblo puertorriqueño, sondeó a su equipo en la Casa Blanca sobre la posibilidad ¡de vender la isla!, en lugar de cumplir con su deber, facilitando los recursos que la emergencia exigía.
En pleno proceso electoral, Trump, llevando al paroxismo la marca populista, anuncia que desembolsará los fondos que ha retenido todos estos años, a los que Puerto Rico tiene derecho. Pero, ¿por qué ahora?, si los reclamos se han acumulado sobre el escritorio de la Sala Oval por tanto tiempo. ¿Será que la oferta tiene un trasfondo de extorsión y el pertinaz verdugo de Puerto Rico pretende ahora cortejar el voto boricua?
No es difícil percibir esta movida con malicia. Los puertorriqueños han cambiado el mapa electoral de los Estados Unidos, principalmente en la Florida, donde se cuentan más de 700 mil electores de ese origen. Pero no solo allí. También en otros campos de batalla fundamentales, como Pensilvania y Texas, donde se estiman más de 200 mil electores puertorriqueños, respectivamente; o en Georgia, donde se aproximan a los 50,000.
En el pasado, cuando pensábamos en el voto boricua, nos circunscribíamos a Nueva York. Pero, como resultado de la crisis en la isla, la diáspora puertorriqueña creció de forma exponencial en el territorio de Estados Unidos, al punto de que, de los casi nueve millones de boricuas, unos seis millones viven en este país. En Florida se han residenciado en el llamado eje de la autopista I4, que va desde Orlando hasta Tampa.
Al momento en que este inmenso contingente de puertorriqueños se reubicó en territorio continental, activó de manera automática su derecho a votar como ciudadanos americanos. Uno de los absurdos vestigios del sistema neo-colonial, que se impone a Puerto Rico, es que, siendo ciudadanos, no pueden elegir al presidente de su país si están residenciados en su tierra natal. Escandalosa cláusula con la que se castiga a un pueblo que no ha escatimado aportes a la cultura de la Unión y, por cierto, tributado su sangre en el ámbito militar estadounidense. Por si fuera poco, la negligencia dispensada en la terrible emergencia de estos años puso de relieve también la inequidad fiscal y política con la que el sistema poltico-jurídico de Estados Unidos gestiona a Puerto Rico, a consecuencia del estatus territorial.
Es cierto que la deuda y la situación fiscal de Puerto Rico exigen un plan de ajustes en el gasto o las políticas de la isla, pero más allá de la racionalización de su política fiscal, el gobierno federal tiene un rol que jugar en este asunto. Puerto Rico es parte integral y vibrante de la sociedad estadounidense.
Desde la perspectiva económica y financiera, el caso de Puerto Rico, en el contexto del sistema federal americano, es similar al de Grecia en la Unión Europea, con una variante fundamental y es que la fiscalidad y profundidad del mercado de capitales de los Estados Unidos ofrece muchas más posibilidades para tramitarlo con éxito. Es inexplicable que no haya conciencia de ello en los representantes republicanos que integran el liderazgo del Congreso y el Senado. Hasta ahora, ha sido el partido demócrata en el Congreso el que se ha hecho sentir con energía y propuestas concretas para dar a Puerto Rico el trato digno que le corresponde.
Joe Biden ha comprendido esto. Y lo ha asumido como una prioridad en su programa de gobierno. Su plan para Puerto Rico ha sido calificado por todos los líderes de la isla como abarcador, acertado y sintonizado con las prioridades del pueblo boricua. Biden plantea, con detalles programáticos y compromisos financieros: 1) Apoyar una recuperación total y la reconstrucción de la infraestructura para cumplir con los estándares modernos; 2) Invertir en el futuro de Puerto Rico mediante iniciativas de desarrollo económico y apoyo a las familias; 3) Proveer alivio de una deuda insostenible; y 4) Ampliar el acceso a la educación y capacitación de la fuerza laboral.
En su discurso en Orlando hace unas semanas, Biden fue más allá. Se empinó por encima de las políticas públicas para hacer un pronunciamiento de magnitud y resonancia política al afirmar que en su presidencia abordará la cuestión del estatus territorial de Puerto Rico: «Mi preferencia personal es que Puerto Rico sea un Estado. Corresponde a los puertorriqueños decidirlo soberanamente y nosotros debemos corresponder esa decisión de forma vinculante, a nivel federal».
En términos francos, una administración Biden-Harris estaría comprometida con la ruta a la estadidad de Puerto Rico, si así lo decide el pueblo boricua, que se ha pronunciado con bastante claridad en recientes eventos populares de carácter no vinculante. La oferta es potente. No es cualquier cosa contar con el inmenso poder e influencia de la presidencia para tramitar la admisión de un nuevo Estado a la Unión Federal, que exige de un acto legislativo del Congreso, según la llamada Cláusula de Admisión del Artículo IV de la Constitución.
Una revisión de las encuestas y su peso relativo en distintos estados claves revela que el voto puertorriqueño puede elegir el próximo presidente de los Estados Unidos. Así como suena. Ya sea decidiendo el destino electoral de la Florida, -estado sin el cual Trump no tiene camino a la reelección-, en la reconquista de Pensilvania o en el viraje hazañoso en Texas o Georgia, donde la concentración de puertorriqueños es vital estos días.
Sin pasiones, sin engañarnos y sin manipular los hechos, no se puede sino concluir que los puertorriqueños tienen dos razones muy potentes para ejercer ese súbito poder. Con su voto por Joe Biden, despedirían a un presidente que los ha discriminado y ha condenado a su isla a sinfín de injustas precariedades y, luego, empoderarían una administración comprometida a luchar por la estadidad… si esa es la decisión soberana del pueblo boricua, claro.
