(29 de marzo del 2021. El Venezolano).- La grave crisis humanitaria que afecta a la comunidad de La Victoria y sus alrededores, en la parroquia Urdaneta del estado Apure, así como la grave violación de derechos humanos desencadenada por las operaciones militares ante la protección del régimen venezolano a un sector de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) guerrilla colombiana, es responsabilidad directa de Nicolás Maduro, presidente de facto de la República, por fungir como jefe de gobierno y jefe de Estado.
Así lo manifestó el presidente de la Fundación El Amparo y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, quien agregó que en el caso de La Victoria no solo se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino también crímenes de guerra, en virtud de que allí hay un conflicto armado regional entre la Fuerza Armada venezolana y sectores disidentes de grupos irregulares colombianos, lo que requiere de una actuación inmediata de la comunidad internacional y de las autoridades venezolanas a fin de evitar una escalada de violencia y una extensión del conflicto armado que se desarrolla en esa zona.
“De acuerdo al artículo 236, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y según el artículo 26.4 de la Carta Magna, es director de la política exterior del país. De acuerdo al artículo 28, ordinal 1 del Estatuto de Roma, Maduro como comandante en jefe de las FAN y como jefe militar es responsable por los crímenes de apure; al igual que el ministro de la Defensa, Padrino López, y el jefe de operaciones, Almirante Remigio Ceballos, por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos y que se están cometiendo en La Victoria, estado Apure. El desplazamiento forzoso al que está sometido la población no es solo un problema social, sino un crimen de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma”, expresó.
Precisó que en este conflicto la población civil ha sido la más afectada, pues ha generado un desplazamiento forzoso de más de cuatro mil personas hacia la población de Arauquita, en Colombia. Acotó que se han registrado allanamientos, quema, destrucción de viviendas, saqueo y robo de enseres, algunos tipificados como crímenes de guerra y otros como crímenes de lesa humanidad.
Derecho internacional humanitario
Indicó Márquez que en este conflicto se han desprotegido templos, ancianos y niños, sectores vulnerables de la población protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que han sido los mayores afectados por esta situación, además ha habido detenciones arbitrarias y asesinatos, crímenes de lesa humanidad y crimen de guerra, ejemplo de ello lo ocurrido en El Ripial en La Victoria, conocido como “la masacre de La Victoria”, donde fallecieron cinco miembros de la familia Remolina Ramírez. “También tenemos informaciones de torturas y algunos han comparado estos asesinatos con la masacre de El Amparo, pero esto es mucho más grave de lo ocurrido en El Amparo el 29 de octubre de 1988, por cuanto en este suceso solo hubo un falso positivo que después se pudo descubrir, mientras que esta masacre ha estado acompañada de otros crímenes graves”, expresó.
Walter Márquez destacó que esta confrontación de acuerdo a algunos expertos puede tipificarse como un conflicto armado regional que tiene implicaciones internacionales por la importancia geopolítica del área, además de tratarse de delitos híbridos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional así como en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales.
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