(13 de julio del 2021. El Venezolano).- En América Latina y el Caribe apenas 11 países establecen responsabilidades penales por delitos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Venezuela no es uno de ellos. Ni siquiera se contempla en su legislación disposiciones particulares que agraven sanciones por crímenes mayores, como homicidio, como sí ocurre en México.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado a los gobiernos -entre ellos Venezuela- a penalizar actos de violencia de este tipo, promulgando leyes sobre crímenes de odio basados en la orientación sexual. Sin embargo, el Estado venezolano hace caso omiso a las recomendaciones, mientras que los asesinatos a personas de la comunidad Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) siguen en aumento.
En junio, el mes del orgullo gay, se registraron, según reportes de medios nacionales, al menos siete crímenes de odio en detrimento de la comunidad sexodiversa. Estos casos, que deberían ser procesados por la Defensoría Especial para la protección de las personas de la sexodiversidad -un ente creado en diciembre de 2020 y adscrito a la Defensoría del Pueblo- sólo serán engavetados en estas instituciones, si acaso se logra abrir los expedientes.
En países como Brasil y México reportan anualmente entre 60 y 130 asesinatos dentro de la comunidad trans, según datos proporcionados por la organización Transgender Europe (TGEU), que a su vez registra que en Venezuela hay una tendencia a la baja en lo que respecta a asesinatos de personas trans desde 2016, cuando se reportaron 13 homicidios, uno de los años más letales de la última década que solo había sido superado en 2013 con un registro de 21 crímenes de este tipo.Pero lo que muestran las cifras relativas de TGEU es que en Venezuela se asesina a 4.419 personas trans por cada millón de habitantes. Las cifras totales de México y Brasil efectivamente son más altas que las de Venezuela, sin embargo la proporción se evidencia cuando se mide en función de las poblaciones de cada país: mientras que Venezuela tiene cerca de 28.5 millones de habitantes, en los otros dos países las poblaciones alcanzan los 211 millones y 127 millones de personas respectivamente. Justo estos tres territorios, además de Colombia, son los cuatro más letales de América Latina.
Funcionarios de closet
Estas acciones son utilizadas como cortinas de humo que ocultan «la incapacidad, ineficiencia, inacción y complicidad de autoridades ante los crímenes de odio contra el colectivo Lgbti, como señala Alberto Nieves, director de Acción Ciudadana contra el Sida; quien recuerda que Alfredo Ruíz, funcionario a cargo de la defensoría especial, «jamás se ha pronunciado sobre estos crímenes (…) promovidos por una homofobia de Estado, que vemos en funcionarios de todos los niveles: desde el que está sentado en Miraflores hasta diputados, concejales y alcaldes».
En el último informe elaborado por esta ONG se documentó que hubo 72 asesinatos a personas de la diversidad sexual y 67 agresiones ocurridas entre 2009 y mayo de 2015. Para 2018 más de 90% de esos asesinatos no había sido resueltos y se denunciaba que no eran debidamente investigados, reveló un trabajo sobre la situación del colectivo Lgbti en Venezuela financiado por el gobierno español.
Para Nieves no existen instancias judiciales ni organismos de apoyo a la comunidad Lgbti en la nación, ni tampoco leyes que aboguen por sus derechos.
«Lo único que hay es la defensoría que lamentablemente no funciona. En la alcaldía de Caracas hicieron una oficina de atención para personas Lgbti, pero no pasa nada. Hay funcionarios que abiertamente son gay o que se conoce que lo son, desde altas instancias hacia abajo, y todo en vez de mejorar, ha empeorado. No se pronuncian ni vinculan su discurso con estos temas porque están en el closet. Prefieren ser cómplices a que los vengan a señalar por fijar posición sobre estos crímenes».
El Principio de Yogyakarta establece que toda persona, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, tiene derecho a la seguridad de su persona y a la protección del Estado contra la violencia o daño corporal, incluso cuando sea infligido por agentes estatales o por cualquier otra persona o grupo. En Venezuela esta premisa se ignora.
Tamara Adrián, diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, denunció que el viernes 2 de julio funcionarios de la Policía Nacional irrumpieron en un local Lgbti en Caracas a las 2:00 de la madrugada, para pedir «una contribución en dólares» a las personas que estaban allí para «dejarlas tranquilas». Por negarse a hacerlo, se llevaron detenidos a 142 ciudadanos a una comandancia en Cotiza. No fue sino hasta 13 horas después que un funcionario de la Defensoría se presentó en el lugar y los efectivos policiales accedieron a liberarlos y devolverle sus teléfonos.
«La PNB soltó a las personas detenidas indebidamente amenazándolas con tomar represalias si decían algo de esto. Por eso no se ha dicho nada. La Defensoría actuó pero no levantó expediente ninguno. ¿Será por aquello de meter la basura debajo de la alfombra?», señaló Adrián en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Pero este es sólo uno de tantos casos que no se hacen públicos. Ricardo Hung, fundador de la asociación Alianza Lambda, dijo a TalCual que dos días después de que se cometiera el arresto arbitrario en este local, en Plaza Caracas -en pleno centro de la capital- policías y colectivos detuvieron a un gay que salía de un establecimiento similar.
Lo llevaron a una oficina en un sótano de las Torres del Centro Simón Bolívar, lo golpearon con tubos y le quitaron sus pertenencias. Tres horas después de su arresto arbitrario le pidieron que mostrara su identificación que, para su suerte, fue lo que le garantizó poder salir del lugar: su carnet de empleado público de un ministerio. No presentó la denuncia por temor a represalias.
En el documento Aportes de la Defensoría del Pueblo al Informe del experto independiente sobre protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, emitido por el ente en febrero de 2019, se reseñó lo siguiente:
«Las personas de las comunidades sexo-género diversas atraviesan muchos obstáculos para la denuncia de hechos en contra de sus derechos humanos. Puede que deseen omitir la información sobre su orientación sexual e identidad de género, por temor a burlas o comentarios ofensivos de las autoridades a las que acuden. Ese es el mayor riesgo que esta institución puede observar, que se encuentre asociado con la recopilación y gestión de datos sobre orientación sexual e identidad de género».
El organismo señaló además que aunque no exista prejuicio de parte del personal que recibe la denuncia, el mismo omite o evita preguntar acerca de la orientación sexual e identidad de género de la persona a la que atiende. Hizo un llamado a la comunidad Lgbti para que denunciara casos de vulneración a sus derechos. Pero ese llamamiento es solo letra muerta.
Hung dijo que dentro de la población Lgbti existe una cultura de miedo a la denuncia debido a la transversalización de la homofobia en las instituciones del Estado. Hizo un llamado a las autoridades venezolanas pare que generen cambios legislativos y que se cree una fiscalía especial.
«Imagínate que llegue un transgénero a presentar una denuncia. El ente receptor no le acepta la denuncia, no se genera el expediente y el caso navega en la impunidad», comentó el defensor de derechos Lgbti, quien recordó que en Venezuela no se han adoptado leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas a rectificar su imagen, su nombre y el componente “sexo” o “género” en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales.
Sugerencias internacionales que no acatan
Acción Ciudadana contra el Sida reclamó que «parapetos» como el de la creación de la Defensoría especial se han hecho porque en las próximas semanas iniciará el examen periódico universal de Naciones Unidas sobre Venezuela, en el que se abordará, entre otros temas, la situación de los derechos de la población Lgbti.
En su informe de 2020 Avances y Desafíos Hacia el Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al Estado venezolano a implementar medidas para prevenir la violencia contra personas LGBTI, incluyendo procedimientos de denuncia efectivos e independientes para reportar las violaciones sufridas, e impartir cursos de formación sobre sensibilización a todos los funcionarios estatales, en especial administradores de justicia y seguridad, salud y educación. Estas ideas han sido presentadas por ONG en reuniones que han tenido con autoridades venezolanas, pero estas han evadido sus deberes, alegando que aplicar ciertas ordenanzas o políticas no es de su competencia.
Para mediados de ese mismo año, la asociación Alianza Lambda, junto a otras organizaciones que velan por los derechos fundamentales de personas homosexuales y transexuales en Venezuela, solicitaron a la Fiscalía y Defensoría aplicar acciones penales sobre los responsables de crímenes de odio contra la comunidad Lgbti y la impugnación de los fiscales. «Es decir, si en un lapso determinado el fiscal que está asignado a ese expediente, engaveta la investigación por ser de la comunidad sexodiversa, ese caso debe ser reasignado a otro fiscal», explicó Hung. Esto con el fin de acabar con la impunidad y darle celeridad a las causas. Un año después aún no han obtenido respuesta.
Para 2017 Venezuela era el cuarto país de Latinoamérica con más asesinatos de personas reconocidas Lgbti. De hecho, según la más reciente actualización del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, entre 2008 y 2020, 126 personas trans fueron asesinados en el país.
Tras los más recientes crímenes ocurridos en Baruta, estado Miranda, la CIDH solicitó a la administración de Nicolás Maduro que investigara esos casos con debida diligencia, «abriendo líneas que consideren la orientación sexual e identidad de género de las víctimas como motivaciones del delito, y adoptando medidas para prevenir la violencia contra personas Lgbti».
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