(08 de agosto del 2022. El Venezolano).- Gustavo Petro juró el domingo como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y prometió poner fin definitivo a la violencia interna y buscar una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico.
En un acto colmado de simbolismos en la Plaza de Bolívar, centro político e histórico de Bogotá, Petro juró defender la constitución y las leyes junto a Francia Márquez, quien también hizo historia como la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de la nación.
Durante la ceremonia estuvo acompañado por la espada de Simón Bolívar, robada en enero de 1974 por el M-19 y que estuvo en su poder durante 17 años hasta que fue entregada al Estado en 1991 como un gesto de paz. Desde entonces permaneció guardada en una bóveda del Banco de la República y en 2020 fue trasladada al Palacio de Nariño, donde reside el presidente.
“Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”, dijo el mandatario ante una multitud que lo ovacionaba al tiempo que coreaba su nombre, reseñó AP.
Petro aspira a lograr una “paz total” que implique el sometimiento a la justicia de las bandas del narcotráfico -como el Clan del Golfo- y la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país.
Durante su discurso, Petro aseguró que es momento de cambiar la política antidrogas. “Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos”, sostuvo. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”, agregó.
Petro deberá sortear en su mandato la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.
