(08 de julio del 2019. El Venezolano).- El gobierno interino de Juan Guiadó anunció este lunes una serie de lineamientos legales que guiarán la inminente negociación de deudas pendientes del Estado venezolano, contraídas en la era Chávez/Maduro, y recalcó que todos los acreedores tendrán trato igualitario. Venezuela además tendrá que recurrir al FMI para respaldar la reestructuración de estos compromisos, algo necesario para reflotar la postrada economía nacional.
La oficina del Procurador Especial de la República, bajo responsabilidad del abogado José Ignácio Hernández , difundió los lineamientos en un documento a través de la página oficial de la Asamblea Nacional (Parlamento) en Internet, reportó El Estímulo.
Hernández es el único representante legal del Estado venezolano reconocido por el gobierno y el sistema judicial de Estados Unidos y de otros países aliados.
Tiene la responsabilidad de buscar salidas legales a la deuda pública externa de Venezuela, acaso hoy por hoy el mayor problema de esta arruinada economía que encadena cinco años seguidos en profunda depresión económica.
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Bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro, sancionado por EEUU y Europa por sus atentados a la democracia y a los derechos humanos, el país tiene cerradas todas las fuentes financieras internacionales, al tiempo que enfrenta una drástica caída del ingreso petrolero por la quiebra de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuya producción se ha desplomado más de dos tercios en menos de cinco años, hasta 741.000 bpd en mayo, según cifras de la Opep.
Los compromisos consolidados de deuda pública de Venezuela llegan a 153.500 millones de dólares, según los datos que maneja la Oficina del Procurador Hernández, y estimados a 2018.
La cifra incluye 44.700 millones de dólares del gobierno central, $55.500 millones de Pdvsa en bonos de deuda y créditos bilaterales, multilaterales y comerciales; también $10.600 millones por las expropiaciones y confiscaciones de empresas y $23.600 millones de deuda comercial con empresas privadas.
