(20 de julio del 2019. El Venezolano).- Las autoridades de Estados Unidos devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, exdirectivo de la petrolera venezolana Pdvsa, que se fugó en un avión después de que un juez epañol le pusiera en libertad dentro de la investigación de una trama de blanqueo del exembajador de ese país en Venezuela, Raúl Morodo
Márquez fue detenido el jueves en el aeropuerto de Barajas por orden del juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, que le investiga en una presunta trama de blanqueo en España de fondos relacionados con el expolio a la estatal Pdvsa, según confirmaron este sábado a EFE fuentes jurídicas.
Tras su arresto, Márquez pasó a disposición del juez Pedraz, quien tras tomarle declaración le dejó en libertad con medidas cautelares (obligación de presentarse al juzgado y prohibición de salir de España).
Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional se dirigió al aeropuerto y tomó un avión con destino Chicago (EEUU) sin que se le impidiera hacerlo.
Las autoridades estadounidenses detectaron que el hombre no podía salir de España por orden judicial y a su llegada al país ordenaron su deportación en un vuelo con destino a España.
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De esta manera, el investigado será puesto de nuevo a disposición judicial el próximo lunes y declarará ante el juez José de la Mata en sustitución de Pedraz, quien decidirá si enviarle a prisión en vista del patente riesgo de fuga.
A Márquez, que fue directivo de Pdvsa en la época del presidente Hugo Chávez, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo del diplomático español Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.
Debido a su avanzada edad (84 años), no se detuvo al exembajador, pero sí compareció ante el juez, que le impuso también esas medidas de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España.
En la causa se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.
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