(01 de septiembre del 2021. El Venezolano).- En México, este fin de semana, se inician las negociaciones entre los representantes del régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino dirigido por Juan Guaidó. Han sido casi veinte años de lucha política, pero la oposición no ha logrado derrocar a la V República ni la cúpula del PSUV ha podido dominar al presidente encargado. No tienen fuerzas para derribar al otro. Están agotados. Mientras tanto, Venezuela se encuentra sumida en la peor de las crisis de tosu historia.
Un dato para tomar en cuenta por parte de los negociadores es el de las encuestas. Indican que la mayoría de los venezolanos (80% – 90%) quiere un cambio político para que mejore la situación económica. Solo así se darán las condiciones para reconstruir la nación, pues la V República no genera confianza al Banco Mundial ni al FMI, tampoco a la comunidad internacional ni a los mercados de capitales, que podrían proporcionar los recursos necesarios para la estabilización y recuperación del país.
Los 22 años de la V República han demostrado que no tiene el equipo económico para adoptar políticas que defiendan los incentivos de precios, que promuevan los equilibrios de los mercados, que protejan la iniciativa privada y que atraigan la inversión privada nacional e internacional.
Esta misma mayoría de venezolanos considera que la reconstrucción económica es indispensable para la reinstitucionalización del país y la recuperación de los índices sociales en términos de pobreza. Para superar la inequidad actual se necesita un crecimiento económico sostenido por varios años. Por ejemplo, para volver al PIB de 2013 —259.000 millones de dólares a precios corrientes, según el FMI— se requerirán 15 años con un crecimiento promedio anual de 5%.
En este sentido, los acuerdos a los que se lleguen en México: derechos políticos y garantías electorales para todos; cronograma para unas elecciones observables; levantamiento de las sanciones; restauración de derecho a activos; respeto del Estado Constitucional de Derecho; convivencia político-social y la renuncia a la violencia con reparación a las víctimas; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; y las garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado; buscan establecer una hoja de ruta que permita restituir el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, señalado en la Constitución de 1999.
Por lo tanto, en el punto de “los derechos políticos y garantías electorales para todos” debería acordarse que cualquier ciudadano venezolano elegible en concordancia con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones, para acabar con las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República a los dirigentes de la Plataforma Unitaria. Cabe mencionar que solo tras un proceso penal es que se puede imponer alguna restricción a los derechos políticos —la Contraloría, al ser un órgano de naturaleza administrativa, no puede usurpar las funciones de los órganos judiciales, pues atenta contra el principio de la separación de poderes—.
Sobre el “cronograma para unas elecciones observables”, los negociadores y amigos de la Plataforma Unitaria no deberían irse de México sin el acuerdo de relegitimar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de un adelanto de elecciones o un referéndum revocatorio presidencial. La ilegitimidad de origen de Maduro fue la que dio paso al gobierno interino, que fue reconocido por más de tres decenas de países democráticos.
Además, debería acordarse en la mesa de diálogo que los organismos con experiencia en observación electoral tienen que ser invitados a todos los procesos electorales, incluidas la Unión Europea, la OEA y la ONU, entre otros. Solo así gozarán de legitimidad de origen los candidatos electos en los diversos comicios. Y es que hoy, más que nunca, la solución a la crisis política venezolana depende de unas elecciones libres, justas y creíbles.
El acuerdo sobre el “levantamiento de las sanciones” —la joya de la corona para Maduro en esta negociación— debería estar condicionado a la democratización de Venezuela. El plan debería ser por fases y conforme se vayan adoptando las medidas negociadas, se van levantando las sanciones a los diferentes sectores. Por ejemplo, las más amplias, las que se impusieron contra el régimen de Maduro, contra la empresa estatal Pdvsa y contra el sector petrolero se flexibilizan en cuanto se haya establecido el cronograma para la elección presidencial y legislativa, y retiran por completo una vez realizados comicios.
En cuanto al “respeto al Estado Constitucional de Derecho; la convivencia política y social y la renuncia a la violencia con la reparación a las víctimas”, este punto debería incluir: la liberación de forma inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como el cese de las detenciones arbitrarias y los abusos contra las fuerzas democráticas. También debería quedar establecido el fin de la colaboración con los grupos paramilitares partidarios del régimen que intimidan y cometen abusos contra los críticos.
La información de la sustitución del embajador del gobierno de Guaidó ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, por Freddy Guevara debilita la comisión negociadora de la Plataforma Unitaria. Sobre todo, después de la reciente afirmación del dirigente de Voluntad Popular: “El círculo vicioso tiene que parar, debemos pasar a un proceso de convivencia”.
Vecchio era el único vínculo directo del gobierno interino con la Casa Blanca. Una relación importante cuando se negocie el tercer punto del memorando de entendimiento: las sanciones.
Además, el anuncio de la mayoría de los partidos de la oposición —a excepción de Vente y de La Causa R— de que irán a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, sin ser discutido y negociado en México, se interpreta como una manera de ceder ante el régimen de facto. El punto del “cronograma para unas elecciones observables” quedaría resuelto. Y negociar la inclusión de los comicios presidenciales y legislativos en 2022 lo resolverían según la lógica electoral de Maduro: la presidencial en 2024 y la Asamblea Nacional en 2025.
Estos acontecimientos no auguran una solución que satisfaga las demandas de la mayoría de los venezolanos. Continuará el cabellomadurismo haciendo de las suyas.
Mientras siga la V República, la economía venezolana se contraerá o su desempeño será mediocre. Porque será difícil la reconstrucción del tejido económico si no hay una legitimización internacional de los poderes públicos. Un nuevo gobierno que tenga un piso político amplio, de al menos 60% de la población. Con este respaldo tendrá la confianza para ir a buscar la ayuda técnica y financiera del Banco Mundial, del FMI, BID y de los mercados de capitales.
Por todo esto, entonces, cabe la pregunta: ¿estarán a la altura de las demandas de los venezolanos los negociadores que se reunirán a partir del viernes en México? Si fracasan, las mayorías seguirán condenadas a la miseria. Y “Dios y la patria os lo demandarán”.
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