(04 de julio del 2021. El Venezolano).- El tribunal 3ero de control con competencia en terrorismo dictó privativa de libertad contra el director de Fundaredes, Javier Tarazona, y otros dos integrantes de la organización no gubernamental, identificados como Rafael Tarazona y Omar García, este sábado 3 de julio.
La información la dio a conocer el abogado y defensor de derechos humanos Alonso Medina Roa en sus redes sociales.
Los miembros de la ONG serán recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo, conocido como La Planta, ubicado en el estado Carabobo, por orden de la jueza Luisa Garrido. Se les imputa los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo.
De acuerdo con información publicada en la cuenta de Twitter de Fundaredes, Tarazona fue detenido en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón, a donde acudió, el viernes 2 de julio, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de Polifalcón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y sujetos sin identificar.
El paradero de Tarazona se conoció después de permanecer desaparecido por más de 20 horas y fue trasladado al tribunal para su audiencia de presentación, este sábado, sin acceso a sus abogados de confianza, denunció Medina Roa.
“La audiencia de presentación de Javier Tarazona y el equipo de Fundaredes se está desarrollando con defensa pública a pesar de que nos encontramos aquí en tribunales. Pude saludar a Javier, está con mucha fortaleza, pero muy perturbado por el atropello del que es víctima”, publicó Medina en Twitter.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, así como organizaciones promotoras de derechos humanos como Provea, consideran la detención de Tarazona como una medida de retaliación política que criminaliza la defensa de derechos humanos en el país.
“Se reafirma el patrón de persecución sistemática contra la disidencia en Venezuela que, como indicó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, puede constituir crímenes de lesa humanidad. La Misión Internacional de Hechos (de la ONU) indicó que el Poder Judicial en Venezuela es un instrumento para la persecución política, los actos de los jueces y juezas que participan de esa persecución generan responsabilidad”, señaló Provea.
Fundaredes fue una de las primeras organizaciones de la sociedad civil en denunciar el enfrentamiento armado entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares que tuvo lugar en la frontera del estado Apure y provocó el desplazamiento de miles de venezolanos hacia Colombia.
Con información de Efecto Cocuyo
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