(24 de julio del 2025. El Venezolano).- El presidente Donald Trump firmó el 3 de julio de 2025 una orden ejecutiva destinada a “modernizar” el sistema de parques nacionales. La medida instruye al Departamento del Interior a incrementar las tarifas de entrada exclusivamente para turistas extranjeros y a dar prioridad a ciudadanos estadounidenses en los sistemas de reservas y permisos. Según la Casa Blanca, esta estrategia busca generar ingresos adicionales para conservación e infraestructura, argumentando que es injusto que los visitantes extranjeros paguen lo mismo que los contribuyentes estadounidenses.
Sin embargo, sectores ambientalistas y legisladores advierten que las medidas podrían tener consecuencias negativas. Dan Ritzman, del Sierra Club, calificó la propuesta como una fachada para encubrir una política ambiental deficiente. También preocupa una cláusula incluida en el presupuesto federal de 2025 que plantea transferir la administración de ciertos parques nacionales a los gobiernos estatales, especialmente aquellos con menor afluencia. Esta transferencia, según el senador demócrata Martin Heinrich, implicaría una carga para los estados, que no recibirían recursos federales ni acceso a fondos clave.
Impacto económico y déficit de mantenimiento en los estados
Los impactos económicos ya han sido detallados por la organización Climate Power en informes específicos. En Carolina del Norte, por ejemplo, los parques nacionales generaron en 2023 más de $4,100 millones en impacto económico y 38,800 empleos. El estado enfrenta un déficit de mantenimiento de $646 millones y necesitaría más de 270 empleados adicionales para administrar los parques si se concreta la transferencia.
Georgia también sería afectada: sus parques recibieron 6.8 millones de visitantes y generaron más de $400 millones en gastos turísticos, respaldando 5,740 empleos. Pero el déficit de mantenimiento de $134 millones y la falta de personal representarían un desafío enorme. Lo mismo ocurre en Texas y Arizona, donde los déficits de mantenimiento superan los $400 millones y $1,500 millones, respectivamente.
Posible exclusión de comunidades vulnerables
Uno de los aspectos más preocupantes es el impacto en el acceso público. En Georgia, por ejemplo, Climate Power estima que el precio de los pases anuales podría duplicarse de $200 a $400, restringiendo aún más el ingreso de familias de bajos recursos. Esta exclusión afectaría desproporcionadamente a comunidades vulnerables.
Además, expertos como Kristen Brengel, de la National Parks Conservation Association, advierten que la medida será inviable sin el personal adecuado. Durante los primeros meses de 2025, la administración eliminó puestos clave, como brigadistas y empleados estacionales, lo que compromete la seguridad, el mantenimiento y la conservación de los parques. Brengel exige que se excluya al Servicio de Parques Nacionales del congelamiento de contrataciones y se restituya el personal eliminado.
Un debate aún abierto sobre el futuro de los parques
La propuesta, presentada por la administración como una medida de eficiencia y sostenibilidad, genera gran preocupación entre ambientalistas, legisladores y comunidades locales. El riesgo de trasladar responsabilidades sin respaldo financiero amenaza con deteriorar los servicios, limitar el acceso público y debilitar los esfuerzos de conservación en todo el país. La discusión sobre quién debe gestionar los parques nacionales permanece abierta, con implicaciones profundas para la equidad, la protección ambiental y la economía de zonas rurales.
