(13 de octubre del 2021. El Venezolano).- Al menos una decena de arrestados, algunos heridos, denuncias de ataques violentos a congresistas opositores y amenazas de nuevas movilizaciones callejeras de contrarios al Gobierno, así como también de seguidores del oficialismo, han marcado en los recientes días la apertura de un periodo de escalada de conflictos y de tensiones en una Bolivia polarizada, a menos de un mes de cumplirse el primer año de gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
Santa Cruz de la Sierra ha vuelto a confirmar ser el bastión de las oposiciones en el país, como ocurrió sobre todo en la fase final de la gestión de Evo Morales, al liderar el primer paro cívico nacional durante el mandato de Arce. El rechazo al proyecto de ley de ganancias ilícitas, aprobado inicialmente por la mayoría del MAS en la Cámara de Diputados, y la protesta contra las persecuciones judiciales de líderes opositores como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, han sido los disparadores de las movilizaciones callejeras que se han sentido con mayor fuerza en la capital cruceña y en menor medida en algunas zonas de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Oruro.
Los conflictos, que comenzaron a manifestarse desde septiembre pasado, tienen como protagonistas principales al Comité pro Santa Cruz, la institución más influyente del movimiento cívico boliviano, al llamado Consejo Nacional de la Democracia (Conade), y, recientemente, a los productores cocaleros de la zona de Los Yungas, aglutinados en la organización llamada Apdecoca, a los indígenas de las tierras bajas del oriente boliviano, a los comerciantes y a los transportistas. También han surgido amenazas de movilizaciones callejeras por parte de sectores mineros.
Las leyes “malditas”
El primer paro cívico nacional, calificado por el Gobierno como “un fracaso”, ha tenido como origen el malestar, especialmente de los gremialistas o comerciantes bolivianos, que alertaron de los riesgos de dos leyes elaboradas por el MAS que apuntan a controlar los bienes de las personas, bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.
Los comerciantes y otros sectores sociales han calificado ambas normas como “malditas”, ya que temen sean instrumentalizadas para incautarse de bienes y de propiedades a la sola sospecha de que son ilícitos, sin cumplir previamente el derecho constitucional al debido proceso o respetar el principio de inocencia.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IQHOUYL7CDLBTARLHXN3575RKE.jpg%20420w)
Las protestas estuvieron motivadas principalmente contra las llamadas «leyes malditas» que generan que impulsa el gobierno y que generan temor de un avasallamiento de la propiedad privada y el secreto profesional (REUTERS/Claudia Morales)
Algunas de las organizaciones que convocaron a un paro nacional movilizado y a marchas de protesta consideran que estas leyes son copias del modelo venezolano que apunta a un duro control estatal de los ciudadanos y a la persecución judicial de los adversarios políticos, con el pretexto de la búsqueda de transparencia y lucha contra la corrupción.
Ambas normas son cuestionadas por juristas que consideran que se otorga demasiado poder a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a la Procuraduría y al Ministerio de Justicia, con fuerte afectación a la privacidad de las personas. Hay artículos de estas normas que levantan secretos profesionales y financieros, además de autorizar allanamientos, embargos de bienes y otras acciones, sin contar siquiera con autorizaciones judiciales.
El rechazo a dos leyes que apuntan a estas medidas ha provenido principalmente de sectores que han apoyado antes al gobierno del MAS, como son los gremialistas, los transportistas y, últimamente, los mineros cooperativistas. Los empresarios también lanzaron el alerta y los cívicos decidieron respaldar las protestas mediante un paro, al considerar que el Gobierno apunta a la “venezolanización” de Bolivia.
Incluso hay organizaciones profesionales, como las de los abogados y los periodistas, que se sumaron a los cuestionamientos por afectar el secreto profesional. Iglesias y otras entidades de la sociedad civil también rechazan la nueva normativa.
Ante el creciente malestar, el Gobierno anunció la suspensión del tratamiento legislativo hasta socializar una de las normas, pero no pudo frenar el paro y las marchas que se cumplieron este lunes. Tras concluir sus primeras movilizaciones, los sectores ahora dan un plazo de 72 horas para que el oficialismo las anule o las derogue, lo que no ha sido aceptado por el Gobierno. De no ser escuchados, diversas organizaciones anunciaron que podrían ir a un nuevo paro de 48 horas y tomar otras medidas más radicales.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/DVQLQFABQYPJ36ZBS64RBKDMBA.jpg%20420w)
La represión policial dejó algunos detenidos y heridos tras las marchas durante el paro nacional (REUTERS/Patricia Pinto)
Ante las advertencias, el presidente Luis Arce encabezó este martes en algunas ciudades del país una movilización de sus seguidores y amenazó con responder y defender en las calles el voto que lo llevó al poder el año pasado.
En la jornada de paro y de bloqueos hubo choques entre seguidores del oficialismo y los opositores, con saldo de algunos heridos y detenidos. Para analistas como Paúl Coca, el conflicto apenas ha comenzado y la polarización política que hay en Bolivia está llevando a una polarización social que puede ser peligrosa si no se la frena.
“Esto apenas empieza. Puede llevar a conflictos mayores. Es una bola de nieve. Han habido problemas de avasallamientos de tierras e incendios forestales que el Gobierno no ha resuelto”.
Daniel Valverde, otro analista político, considera que la sociedad boliviana es en este momento “rehén de los radicalismos”, perdiendo así la oportunidad de atender temas estratégicos. “El Gobierno está obligado a realizar una relectura de su posición política. En marzo pasado dio un giro con su retórica de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, solo con la intención de arrinconar a sus adversarios. Se esperaba tener una versión distinta del MAS, pero las posiciones son más radicales y la confrontación alimenta a la oposición que ha empezado a rearticularse y entrar al juego de medir fuerzas o de una pulseada que no acaba, lo que afecta a la economía y a la salud. En las últimas semanas el Gobierno ha perdido confianza. En el imaginario está que con estas leyes nos estamos acercando a Cuba y a Venezuela, lo que es un elemento movilizador de los opositores, que tampoco ofrecen un proyecto político. El Gobierno tenía antes el camino expedito, pero, por sus acciones imprudentes, los sectores opositores se han rearticulado de la nada”, explicó.
Conflictos sin resolver
Además de la escalada de movilizaciones contra las leyes “antiganancias ilícitas”, desde hace semanas se desarrolla un malestar por el resurgimiento de problemas como avasallamientos de tierras e incendios forestales, lo que originó una marcha de 37 días y 540 kilómetros de pueblos indígenas que reclaman respeto a sus territorios, pero no han sido atendidos porque el Gobierno los considera cercanos a la derecha y a los cívicos de Santa Cruz.
Otros focos de malestar tienen origen en el conflicto de los productores cocaleros de Yungas, tradicionalmente contrarios al MAS, que intentó inmiscuirse en sus elecciones internas para controlar la conducción de la organización llamada Apdecoca, con el saldo de violentos enfrentamientos.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/NWJSCS3DFBOIM7OAS2OQWQD7F4.jpg%20420w)
Este martes, Evo Morales encabezó una contramarcha de apoyo al gobierno en la que volvió a denunciar nuevos intetnos de golpe de Estado. (REUTERS/Patricia Pinto)
Los cívicos y productores agropecuarios del oriente boliviano también han protestado contra las tomas de tierras por seguidores del Gobierno.
A estos conflictos que se han venido acumulando se sumaron en las últimas semanas advertencias, movilizaciones y vigilias para evitar las detenciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, así como las de otras autoridades elegidas como el alcalde de La Paz, Iván Arias, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, que enfrentan diversos juicios. Los tres son considerados por el MAS opositores a Luis Arce.
En lo que va del año, también han quedado detenidas decenas de exautoridades militares y policiales acusadas del derrocamiento de Evo Morales en 2019.
La oposición ha protestado contra las condiciones en las que está detenida la expresidenta Jeanine Añez. La semana pasada la justicia pospuso una audiencia judicial de Luis Fernando Camacho por el llamado caso “golpe de Estado”, en medio de advertencias de convulsión social.
El Gobierno considera que los opositores impulsan la escalada de conflictos para desestabilizar a Luis Arce, a quien sus adversarios consideran un “títere de Evo Morales”. Por su lado, el expresidente Morales insiste cona la tesis de que la derecha impulsa “un nuevo golpe de Estado” en Bolivia, ahora contra Arce, pero asegura que sus seguidores defenderán su mandato, incluso en las calles.
