(02 de febrero del 2024. El Venezolano),. Una investigación periodística develó la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos de narcotráfico contra miembros del Gobierno venezolano, lo que coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente, Nicolás Maduro, que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de EE.UU.
La agencia The Associated Press publicó este jueves que tuvo acceso a un «memorando secreto» donde se detallaba una operación encubierta, que se extendería hasta 2019, basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente y «construir casos de narcotráfico» contra los dirigentes del chavismo.
Según dice el escrito, este documento —que no había sido nunca antes difundido— se redactó durante la campaña de «máxima presión», que llevó adelante Donald Trump durante su mandato (2017-2021) con la finalidad de deponer a su par venezolano, a través de mecanismos como las sanciones, desconocimiento de sus instituciones, amenazas de intervención militar, entre otras.
Precisamente en 2018, mientras Maduro se dirigía al país en una transitada avenida capitalina, se ejecutó en su contra un atentado fallido con drones, del que responsabilizó a la DEA, el pasado 14 de enero durante su mensaje a la nación, en la Asamblea Nacional.
Más allá de los señalamientos presidenciales, hasta el momento, la Justicia venezolana ha detenido a 36 personas, entre ellas militares activos y políticos de la ultraderecha, por estar presuntamente incursos en cinco conspiraciones que además de subvertir el orden constitucional buscaban asesinar a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al gobernador de Táchira, Freddy Bernal.
Vuelve el «narco-Estado»
Con la finalidad generar inestabilidad política en el país, en 2018 altos funcionarios de la DEA «conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado», recoge el texto de AP.
Sobre este tema recurrente, en un escrito, el analista español Fernando Casado afirma que «el expediente del narco-Estado fue una de las líneas de ataque contra Venezuela […] para justificar la imposición de unas sanciones económicas», que fueron recrudeciéndose a partir de la llegada de Maduro a Miraflores, en 2014.
El también docente y licenciado en Derecho recuerda que en 2015 la prensa estadounidense y europea publicó que altos cargos del Gobierno venezolano estaban implicados en el tráfico de cocaína, sin mostrar pruebas. Según esos medios, la cúpula del chavismo era parte del llamado ‘Cartel de los Soles’, lo que el autor califica como una «fábula» rodeada de afirmaciones inconsistentes.
La información supuestamente había sido facilitada a la DEA por alguien del Gobierno venezolano durante la Administración de Barack Obama, quien en 2015 declaró a Venezuela como una «amenaza extraordinaria e inusual» para la seguridad y política exterior estadounidense. Este fue empujón inicial para la aplicación sistemática de sanciones, que ya acumulan 932.
Un lustro después, siguiendo la línea del «narco-Estado», el fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Maduro y otros 13 altos funcionarios.
En el contexto de esa medida, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.
Un plan secreto
AP sostiene en su investigación que el plan desarrollado por la DEA «parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales«. Sin embargo, a pesar de esa irregularidad jurídica se pidió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), al que pertenecen altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia, que está «reservado para los casos más delicados de la DEA que implican consideraciones éticas, legales o de política exterior».
Según el artículo, en ninguna de las acusaciones contra venezolanos, «ni antes ni después del memorando de 2018, se hacía mención alguna al espionaje estadounidense». Además, en el memorando de la DEA se establecía que «para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales», los funcionarios de la agencia estadounidense debían «proteger a sus informantes y reducir las reuniones en persona con los objetivos«.
Según el citado medio estadounidense, los expertos jurídicos afirman que ninguna corte o tribunal internacional «tiene jurisdicción para exigir responsabilidades al gobierno del país norteamericano o a sus agentes por acciones policiales encubiertas en otros países», a lo que se suma que la Corte Suprema de EE.UU «ha confirmado las detenciones y las pruebas recogidas en tales misiones».
¿Con qué coinciden estas revelaciones?
Las aparentes aguas calmadas de la relación de Caracas y Washington —que habían llegado a varios acuerdos el año pasado producto de las conversaciones del Gobierno y un sector de la oposición en Barbados— han vuelto a su convulsión habitual en estas dos últimas semanas.
EE.UU. mostró escepticismo y catalogó de «poco creíbles» los planes conspirativos denunciados por Venezuela, donde también estaría involucrada la CIA y agentes de la inteligencia colombiana. Esto generó una respuesta desde el Gobierno venezolano, que se preguntó si la Administración de Joe Biden estaba al tanto mientras se sentaban a la mesa de negociaciones.
Las tensiones entre ambos países llegaron al punto más álgido tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la dirigente ultraderechista María Corina Machado, impuesta por la Procuraduría desde 2015, por presuntos delitos de corrupción.
Luego de esa decisión, EE.UU. afirmó que había «inconsistencias» en lo acordado en Barbados, lo que ha sido negado por el equipo negociador del Gobierno, que presentó a la opinión pública los documentos suscritos con la oposición.
A partir de allí, Washington cumplió la advertencia que había hecho desde el principio de las conversaciones en Bridgetown. Primero informó que a partir del 13 de febrero quedaría revocada la licencia que permitía operaciones con la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera y luego el el Departamento de Estado fijó como límite el 18 de abril para reanudar las sanciones a los sectores petroleros y gasíferos.
Las denuncias de Maduro
En su alocución ante el Parlamento, Maduro dio que junto a su denuncia entregaba «pruebas grabaciones y testimonios«.
En esa oportunidad, dijo que la DEA tenía su base en Colombia, y agregó que sus funcionarios principales «siguen actuando junto a los grupos de narcotráfico» en conspiraciones contra Venezuela, que son dirigidas desde Miami (EE.UU) y tiene su epicentro en la frontera de los dos países suramericanos.
«Todos estos movimientos vienen de la CIA y de la DEA», dijo y mencionó el intento de magnicidio fallido; la ‘Operación Gedeón’, una incursión marítima que también buscaba derrocarlo y asesinarlo.
«La DEA maneja los hilos de los principales grupos narcotraficantes de Colombia, y busca ahí el financiamiento para la conspiración contra Venezuela», afirmó.
La DEA fue expulsada del país suramericano por el fallecido presidente Hugo Chávez, en 2005, quien denunció que esa agencia estadounidense «estaba utilizando como máscara la lucha contra el narcotráfico, para apoyarlo y hacer inteligencia en Venezuela contra el Gobierno».
