(11 de abril del 2025. El Venezolano).- En las sombras de un país que alguna vez soñó con prosperidad, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha tejido una red de terror que busca asfixiar toda esperanza. Venezuela, bajo su puño de hierro, se ha convertido en un escenario de horror donde la vida humana es moneda de cambio, y la disidencia, un delito castigado con sangre. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, han alzado sus voces para denunciar lo que ya no puede negarse: el régimen de Maduro ejerce un Terrorismo de Estado sistemático, una maquinaria de represión que tortura, desaparece y asesina sin piedad a quienes osan desafiarlo.
Como preso político de conciencia que fui, se lo que significa para un ser humano privado injustamente de su sagrada libertad no ser olvidado. Cuando estaba en la cárcel militar de Ramo Verde, las vibraciones de solidaridad de la gente y las diligencias que mi leal y activa esposa, Mitzy, adelantaba, eran bocanadas de oxígeno para mantenerme vivo en esas mazmorras.
No olvidaré el día en que se me ofreció la tribuna de oradores en el Parlamento Europeo en ocasión de recibir el premio Sájarov, cuando entrelace en mis improvisadas palabras la frase «Nunca Más», pronunciada por el fiscal Julio César Strassera el 18 de septiembre de 1985, durante su alegato final en el Juicio a las Juntas en Argentina, se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha por la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos. Este juicio histórico marcó la primera vez que se juzgaron y condenaron a los líderes de la dictadura militar (1976-1983) por crímenes de lesa humanidad, como torturas, desapariciones forzadas y asesinatos. Strassera cerró su requisitoria diciendo: «Señores jueces: quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ¡Nunca más!», expresando el deseo colectivo de que las atrocidades del terrorismo de Estado no se repitieran jamás.
La frase encapsula un llamado a la memoria colectiva para evitar el olvido, un rechazo a la impunidad y una apuesta por una democracia basada en el respeto a los derechos fundamentales. Desde entonces, «Nunca Más» ha resonado en marchas, actos y discursos, convirtiéndose en una consigna universal contra la represión y un recordatorio de la responsabilidad de no repetir el pasado. Hoy clamo porque esa frase se convierta en un grito que acompañe la resistencia de los venezolanos que esperan que en nuestro país también se haga justicia.
Los 20 mártires silenciados en las mazmorras del régimen
En los últimos diez años, al menos 20 presos políticos han encontrado la muerte en las cárceles de la dictadura imperante, según documenta el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras ONG. Estos no son números fríos; son historias de vidas arrancadas por torturas brutales, tratos inhumanos y la deliberada negación de atención médica. Hombres y mujeres que, por alzar la voz contra la tiranía, fueron condenados a perecer en celdas oscuras, olvidadas por un sistema judicial cómplice. Entre ellos, Salvador Franco, un indígena pemón que murió en 2021 en El Rodeo II, consumido por tuberculosis y desnutrición tras meses de súplicas ignoradas por traslado médico. O Pedro Pablo Santana, un ganadero fallecido en 2020 bajo arresto domiciliario, su cuerpo quebrado por enfermedades agravadas en cautiverio. Estos 20 nombres son apenas la punta de un iceberg de sufrimiento, un testimonio de la crueldad institucionalizada que Maduro ha perfeccionado.
Los asesinatos que estremecieron al mundo
Pero el terror no se limita a las prisiones. El régimen ha ejecutado a dirigentes y ciudadanos en actos que resuenan como advertencias macabras. Fernando Albán, concejal opositor, fue detenido en 2018 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Tres días después, su cuerpo yacía destrozado tras caer desde el décimo piso de la sede del SEBIN en Caracas. El régimen lo llamó «suicidio»; el mundo lo reconoció como asesinato. Rafael Acosta Arévalo, capitán de corbeta, sufrió un destino aún más atroz en 2019. Detenido por supuesta conspiración, fue torturado hasta la muerte por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su cuerpo, presentado en una silla de ruedas ante un tribunal, mostraba excoriaciones, uñas arrancadas y sangre seca; un retrato vivo del sadismo estatal. Murió horas después, mientras el régimen balbuceaba excusas contradictorias.
Los estudiantes, la juventud rebelde de Venezuela, también han pagado con sus vidas. Juan Pablo Pernalete, de 20 años, cayó en 2017 durante una protesta, su pecho destrozado por una bomba lacrimógena disparada a quemarropa por la Guardia Nacional. David Vallenilla, de 22 años, fue ejecutado ese mismo año frente a una base militar, baleado con esferas metálicas por un sargento que luego fue condenado, pero solo tras presión internacional. Basil Da Costa, asesinado en 2014 por un disparo en la cabeza durante una marcha pacífica, marcó el inicio de una ola de violencia que no cesa. Neomar Lander, de apenas 17 años, murió en 2017 por el impacto de una lacrimógena, su cuerpo desplomado en las calles como símbolo de una generación sacrificada. Génesis Moreno, otra víctima de la represión, se suma a esta lista de jóvenes que soñaron con libertad y encontraron la muerte.
No podemos olvidar a Franklin Brito, un agricultor que, tras años de lucha contra la expropiación de sus tierras, murió en 2010 tras una huelga de hambre que el régimen ignoró con desprecio. O a Óscar Pérez, el exinspector que desafió a Maduro con un helicóptero en 2017 y fue masacrado junto a su equipo en 2018, en una operación transmitida en vivo que mostró la brutalidad sin límites de Nicolás Maduro.
Un veredicto internacional: Terrorismo de Estado
La Misión Independiente de la ONU, en su informe de 2020, sentenció que estos crímenes no son aislados: son parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, ordenado desde las más altas esferas del poder. Ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias conforman el arsenal del régimen para silenciar a la oposición. Más de 15,000 detenciones políticas desde 2014, según Foro Penal, y cientos de casos de tortura documentados por Provea en 2019, pintan un cuadro dantesco. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga a Maduro y su cúpula por crímenes de lesa humanidad, mientras las víctimas, como Waleska Pérez, viuda de Acosta Arévalo, claman justicia ante un sistema que protege a los verdugos.
El eco de las víctimas
Cada nombre aquí mencionado es un grito que resuena en la conciencia del mundo. Son vidas apagadas por un régimen que no tolera disidencia, que convierte cárceles en cámaras de tortura y calles en campos de ejecución. El Terrorismo de Estado de Nicolás Maduro no es una acusación vacía; es una realidad forjada en sangre, certificada por organismos globales y soportada por el dolor de un pueblo que se niega a olvidar. Mientras la impunidad reine en Caracas, la lucha por la justicia seguirá siendo el último bastión de resistencia contra la tiranía.
@Alcaldeledezma
