(09 de junio del 2025. El Venezolano).- Una vez que Chevron Corporation ha puesto fin a la parte sustantiva de sus operaciones en Venezuela, para mantener solo unas mínimas actividades administrativas, todo ello resultado neto de la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar la licencia que le autorizaba a operar en Venezuela, con pompa previsible, Nicolás Maduro y otros voceros se han apresurado a anunciar que, pese al mandato de Donald Trump, Venezuela continuará produciendo petróleo toda vez que China ha decidido aumentar las importaciones.
Sin embargo, estas exportaciones directas a China y a intermediarios que finalmente transportan el petróleo a ese país -empresas cuyos propietarios con frecuencia son funcionarios del gobierno de Maduro, familiares, enchufados o alacranes- no son equivalentes a las ventas que se hacían a Estados Unidos o a países europeos. China hace negocios con implacable mentalidad extorsiva: aprovecha las sanciones estadounidenses para comprar el petróleo a precios entre 30 y 40% menores. Con esto quiero señalar que las exportaciones a China no solucionan ni mucho menos, la caída neta de ingresos que significa para el régimen la cancelación de las operaciones, no solo a Chevron Venezuela, sino también a otras empresas.
Lo insólito y patético de la primera reacción de la dictadura de Maduro es ridículo y alarmante: dar los primos pasos por el mismo camino que derivó la crisis humanitaria que tuvo su apogeo en 2019. Esto significa que -como ha venido ocurriendo desde 2003, cada vez con peores consecuencias-, la respuesta de la dictadura consiste en castigar a la sociedad. Conducirla, una vez más, a la nación entera a un estatuto de extendida precariedad. Conducir a la sociedad ya empobrecida, a un estatuto de todavía mayor deprivación y carestía, aunque cueste creer que esto es posible.
Lo que no se ha entendido en su verdadera significación -no lo han entendido muchos periodistas ni tampoco los políticos que han declarado al respecto-, es que cuando los perros de caza de la dictadura han salido a la calle a secuestrar y apresar a unos supuestos especuladores, lo que en realidad están haciendo es intentar romper un mecanismo natural de toda economía desde hace más de un siglo: cuando el gobierno mantiene el precio del dólar en una tasa artificial por debajo de su valor, valor que decide el Banco Central -ente que perdió su autonomía y que se convirtió en un despacho a gusto de las arbitrariedades del dictador y de su familia-, y ese organismo, además, no tiene capacidad para atender la demanda de dólares de la economía, entonces se constituye un mercado no oficial de compra y venta de divisas, que es inevitable. El mercado paralelo es, en su voluntad profunda, un mecanismo de sobrevivencia social y económico. Un modo de la sociedad de encontrar respuesta a sus necesidades productivas y de muchos otros órdenes, como por ejemplo, la compra de medicamentos que no están disponibles en el país.
El absurdo y repetitivo guion tiene su segundo episodio en la fijación de precios a los productos básicos, encubierto con el eufemismo de “precios acordados”, cuando no son otra cosa que precios decididos unilateralmente por funcionarios ignorantes y prepotentes.
A este primer lote le seguirán más y más productos, que no tardarán en desaparecer de los anaqueles porque los precios fijos contienen, especialmente en economías inflacionarias, una profunda perversión: no cubren los costos de producción ni tampoco los costos de reposición. ¿Qué significa esto? Que los industriales dejan de producir y los comerciantes especializados en las importaciones se ven forzados a detenerlas. En corto tiempo el resultado no se hace esperar: escasez progresiva hasta la desaparición de cada producto fundamental de la dieta básica, uno a uno, irremediablemente.
La tercera secuencia de esta nefasta política también la conocemos: la activación de milicias y funcionarios a cargo de feroces fiscalizaciones, autorizados a irrumpir en empresas y negocios y, a partir de ese momento, extorsionar, detener, conducir y llevar a juicio, en el país sin sistema judicial, a industriales y comerciantes indefensos, a quienes se niega el derecho a la defensa. La acción de los fiscalizadores, hienas de chaleco rojo, es el apogeo mismo de la dictadura. Una de sus realizaciones predilectas.
Buena parte de lo narrado hasta aquí ha sido explicado durante el transcurso de la semana por algunos de los más reputados economistas venezolanos. ¿Acaso han sido escuchados? ¿Consultados? ¿Se les ha preguntado, por ejemplo, cuáles medidas podría tomar el gobierno para evitar el castigo sobre una población que, desde hace años es sometida de modo tan incesante e inclemente?
No, por supuesto que no. Y es sobre este aspecto de la cuestión sobre el que deseo llamar la atención: el poder que hoy acomete la persecución del dólar paralelo y fija precios que desconocen las realidades productivas, es distinto, radicalmente distinto al del 2019. Es un poder cada vez más salvaje, brutalizado por su absoluta ilegitimidad. Poder siniestro que se propone silenciar a cada venezolano, después del 28 de julio de 2024, día en que materializó el golpe de Estado contra el presidente electo González Urrutia.
Esa es la dictadura que, contraviniendo las leyes y el funcionamiento real de la economía vaciará los anaqueles, restablecerá la zozobra de la carestía, instaurará las humillantes escenas de colas que se formarán desde la madrugada para comprar lo que se encuentre, y que no dudará en arremeter con golpes, secuestro y prisión a quien se atreva a protestar. Finalizo con esto: vienen anaqueles vacíos y más represión.
