(01 de julio del 2020. El Venezolano).- Cabo Verde ha recibido ya la solicitud formal de Estados Unidos para la extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado por múltiples casos de corrupción, en especial por el programa de alimentación Clap, confirmó a EFE una fuente del Gobierno caboverdiano.
La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este lunes 29 de junio la solicitud de extradición de parte del Departamento de Justicia de EEUU, precisó a Efe la citada fuente en Praia, capital de este país insular de África occidental.
Saab fue detenido el pasado día 12 en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una «alerta roja» de Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
La Procuraduría tiene ahora un plazo de 65 días, que cuenta a partir de este 12 de junio, para responder a la petición estadounidense.
«La respuesta de la PGR consistirá en una opinión judicial legalmente justificada que se dirigirá al Gobierno de Cabo Verde, que tomará su decisión», explicó la misma fuente, próxima al proceso.
Sin embargo, agregó, «la decisión final recaerá en sede judicial, en el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, que opera en la isla de San Vicente, y la defensa también puede apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ)».
Independencia de los tribunales
La fuente se mostró «un poco preocupada por la politización del caso por los abogados de Álex Saab en la prensa caboverdiana», por temor a que pueda «condicionar la opinión de los tribunales de Cabo Verde, que no aprecian ninguna interferencia política en su acción».
El Ejecutivo caboverdiano -subrayó- ha mantenido una posición de «distanciamiento total en relación con este caso», permitiendo que el Poder Judicial haga su trabajo con independencia.
Aunque se mostró confiada en que la decisión final debería ser favorable a la extradición, la fuente dejó abierta la posibilidad de una sentencia judicial en contra y, en ese caso, Estados Unidos «sabrá comprender» ese fallo porque conoce que en Cabo Verde «los tribunales actúan de manera independiente (…), sin interferencia del poder político u otros intereses».
Sobre los aspectos diplomáticos del caso, matizó, «Estados Unidos no ha intentado influir en la decisión a su favor», mientras que «la presión de Venezuela ha sido intensa».
Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» en Cabo Verde para volver al país.
Este lunes, la defensa de Saab presentó ante el STJ un nuevo «habeas corpus» (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando el «encarcelamiento ilegal» de su cliente.
El STJ desestimó la semana pasada pronunciarse sobre otro «habeas corpus» interpuesto por Saab para lograr su liberación, arguyendo la «inutilidad» de ese procedimiento legal para adoptar su decisión.
La defensa buscaba que se anulara un fallo de un tribunal de la norteña isla de Sal, que dictó prisión preventiva para el empresario este 14 de junio.
La prisión preventiva fue confirmada después por una instancia superior, el Tribunal de Apelación de Barlavento en la isla septentrional de San Vicente, de ahí que el STJ rechazara decidir acerca del «habeas corpus».
El abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, declaró recientemente a Efe que el empresario «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde».
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Con información de EFE
