(29 de octubre del 2019. El Venezolano).- Ha pasado poco más de una semana, Venezuela obtuvo un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y las reacciones siguen activas.
Como una «vergüenza«, Rafael Uzcategui, director de El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) cataloga esta decisión.
El defensor de los DDHH dice que este tipo de acciones deben ser corregidas en organismos como la ONU, mediante el pago de la deuda que muchos países acumulan dentro del Consejo, entre esos Venezuela, permitiendo así una depuración.
Aunque el país tricolor terminó logrando un puesto, Uzcátegui abre paréntesis para destacar que es la nación que ha obtenido menor cantidad de votos en la historia del Consejo, recalcando que aunque la postulación de Costa Rica fue tardía demostró una realidad tangible que es la perdida de apoyo del chavismo.
Sobre si Venezuela era merecedor o no del puesto, explicó que todas las naciones tienen el mismo grado de importancia: «Sudán está al mismo nivel que Estados Unidos».
A su juicio, hace falta un mayor cabildeo y trabajo en naciones que siguen viendo en el chavismo, un gobierno no tan letal como se ha difundido en los últimos años. Este trabajo no debe limitarse solo a los aliados ya conocidos, porque hay más países que dudan.
Las dirigencias políticas de oposición por ende tienen un rol crucial según Uzcátegui, y es el de exponer las violaciones por parte del chavismo al informe de Bachelet.
Para él, la mejor forma de lograr el cambio de parecer es mediante el mecanismo que califica como: diplomacia ciudadana, consistiendo en difundir, todos los informes que apoyan las tesis de violación de DDHH a la ciudadanía venezolana y así romper las matrices de opinión del chavismo.
Este bando político se encuentra en un estado que definió como «agonía terminal». Un estado muy cerca del llamado fin, pero que es lento y agónico, en el que las fuerzas de poder se empeñan por mostrarse fuertes, pero los aislamientos y otros ataques contribuyen en su desaparición.
La victoria en la ONU representa un artilugio para mostrar poderío en momentos de crisis, así como la falta de una dirección unificada por parte de los sectores democráticos. «Nicolás Maduro no se va a fortalecer. Eso no va a pasar, aunque él lo intente, porque se saben todas sus incongruencias».
Desde el informe anual de Provea, el cual revela datos importantes de 2018, se contabilizaron 663 casos de violación al derecho a la vida a nivel nacional, lo que representa un aumento de 67,42% respecto al 2017.
«Respecto a los patrones de violación al derecho a la vida, las ejecuciones continúan concentrando el mayor porcentaje de fallecimientos, acumulando para este año el 61,23% del total de casos registrados (406 muertes) con un porcentaje de variación de 13,09% respecto al año anterior. Luego, en orden de prevalencia se encuentran las muertes por torturas y/o trato crueles, inhumanos o degradantes que concentran 147 víctimas por tanto el 22,17% de las personas a las que se vulneró este derecho en 2018; muertes por negligencia con 74 muertes que constituyen el 11,16% del total; muertes por uso indiscriminado de la fuerza con 21 víctimas, 3,16% del total, y muertes debido a uso excesivo de la fuerza bajo el cual se reúnen 15 fallecimientos, es decir 2,26% del total».
En materia de salud los datos siguen siendo preocupantes, Provea expone que hubo, «60% de pérdida de las capacidades de atención sanitaria a nivel nacional; un agotamiento de insumos básicos, material médico-quirúrgico y de medicinas superior a 80% en estos últimos años; el gasto público en salud más regresivo de la región, muy por debajo de los estándares mínimos internacionales y destinado en su mayor parte al pago del personal de salud».
Provea no es la única institución de peso que reveló datos preocupantes que demuestran que hay violaciones a los DDHH la Universidad Simón Bolívar, calificada recientemente como una de las 100 mejores de América Latina publicó en un informe que 80% de la población venezolana vive en situación de pobreza y casi 60% depende de estas ayudas estatales representadas en los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), para llevar ingesta calórica.
