(23 de julio del 2022. El Venezolano).- En El Salvador se rompió este año un pacto entre los dos estamentos más poderosos del país, el gobierno y las maras (pandillas), lo cual ha provocado una crisis violenta en donde ambas élites han enviado a sus bases a una lucha sin ganador, pero con muchos perdedores.
Escrito Juan Martínez d´Aubuissonen el Washington Post
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el control del Estado en 2019 le ha apostado a mantener la gobernabilidad a través de disminuir la expresión más visible de la violencia: los asesinatos. Y para esto le apostó a pactar con las élites de las maras —como ya han demostrado investigaciones periodísticas—, un reducido grupo de hombres de mediana edad que dirigen y orientan las acciones de miles de pandilleros y de decenas, quizá cientos de miles de personas que viven en los barrios marginales bajo su control. Son ellos quienes deciden si en El Salvador hay muchos muertos o no hay ninguno. Este año, ambas élites traicionaron a sus bases.
La apuesta del presidente Bukele funcionó y su gobierno tiene el número más bajo de asesinatos desde que se terminó la guerra civil en 1992, y las cifras más altas de aprobación popular (87% en las últimas encuestas). Sin embargo, estos pactos secretos entre élites ha demostrado dos cosas: son tremendamente efectivos pero son medidas de corto plazo que generalmente terminan quebrándose, como sucedió en las dos treguas previas de 1997 y 2012, misma que se rompió en 2015 y convirtió a El Salvador en el país más homicida del mundo.
Para la MS13, la mafia de origen pandillero más grande del país, el pacto terminó el 25 de marzo de 2022. En ese momento sus miembros iniciaron una ofensiva de tres días que terminó con 87 muertos, un número incierto de desaparecidos, y el día con más homicidios de nuestra historia reciente. Los líderes mandaron a sus subalternos a matar salvadoreños y salvadoreñas, pero se cuidaron de que ninguno de los muertos fuese parte de la élite burocrática gubernamental, policiaca o militar, o algún miembro importante del partido del presidente Bukele. Líder no come líder.
El gobierno de Bukele también respondió con violencia. Se implementó un régimen de excepción —que ya va para cuatro meses y Bukele ya pidió ampliarlo un mes más—, suspendió garantías constitucionales y lanzó a la Policía y al Ejército a hacer capturas masivas. Los criterios de captura han sido en extremo cuestionables, como tener tatuajes, aretes o ropa floja, y ha quedado a discreción de los agentes y soldados si una persona es o no parte de las estructuras mareras.
Hasta el 19 de julio, los datos oficiales señalaban que casi 47,000 personas habían sido detenidas en este régimen. Por investigaciones propias, y por la misma la propaganda estatal, podemos suponer que varios miles de pandilleros de bajo rango han sido capturados. Pero con ellos, según investigaciones de organismos nacionales a favor de los derechos humanos, han capturado también a miles de personas inocentes. La estrategia de Bukele nos ha llevado, según un informe de Amnistía Internacional, a ser el país con más presos per cápita del mundo —al rebasar a Estados Unidos— con 1.7% de nuestra población en edad adulta tras las rejas.
Mareros y colaboradores, y quienes no tienen nada que ver, han sido hacinados en cárceles de las cuales se sabe muy poco. Lo que el régimen muestra en sus videos de propaganda es que visten de blanco, que comen muy poco y que son torturados por custodios. Pero se cuidaron de no humillar, al menos no en video, no en público, a ninguno de los líderes mareros en prisión ni de capturar a ninguno de los jefes importantes en la calle. Líder no come líder.
Sin embargo, el encarcelamiento masivo y caótico no podía ocurrir sin consecuencias. Según organizaciones de derechos humanos, hasta el 20 de julio habían salido de las cárceles salvadoreñas al menos 67 cadáveres de personas capturadas durante este periodo de excepción. Los mismos informes señalan que algunos padecían enfermedades crónicas y, al no recibir los medicamentos ni la atención sanitaria, murieron. Pero hay otros cadáveres con signos de tortura, huesos rotos, cráneos abollados o muestras de estrangulación. Estos 67, junto a aquellos 87 muertos a manos de la MS13, son las 154 personas que realmente pagaron el pacto roto. Tanto el gobierno como los líderes pandilleros han traicionado a sus bases.
El régimen bukelista, ante la ruptura de su pacto secreto y en un ejercicio de simplismo extremo, ha enviado a la Policía y al Ejército a terminar con las maras, a acabar de forma exprés con un fenómeno que se maceró durante años de marginación y ausencia del Estado, y que ya no solo se limita a expresiones criminales sino que se ha vuelto una forma de vida profundamente enquistada en las comunidades salvadoreñas.
En el cumplimiento de ese mandato murieron ya tres policías el 28 de junio, mientras perseguían a un grupo de miembros de la organización Barrio 18, y un soldado el 13 de julio en circunstancias similares. Pero también ha sacrificado a sus ciudadanos, que ahora hacen filas afuera de los penales rogando por información sobre sus familiares. O que abarrotan Twitter y etiquetan la cuenta del presidente pidiendo clemencia para con los suyos, asegurándole que son estudiantes, carpinteros o amas de casa, que no son mareros.
Las maras, por su lado, hace mucho tiempo que dejaron de ser esas estructuras de autoprotección, con una solidaridad profunda. Ya no son ese grupo casi homogéneo y horizontal de muchachos desamparados en busca de identidad. En El Salvador ya no hay pandillas, hay empresas criminales de origen pandillero, con una élite mezquina y pequeña que lucra con el sacrificio de una base pobre, numerosa e ignorante. Esa misma élite arrojó a sus peones a asesinar salvadoreños y son ellos y sus familias quienes pagan caro las consecuencias, quienes mueren a manos de la Policía y contarán las horas en celdas pestilentes durante décadas, y quienes les desencajan los hombros y les a pisotean la cara en videos que promueve el régimen. Jamás a los jefes. Incluso, a algunos de los capos se les ha liberado de forma ilegal y uno de ellos, Élmer Canales Rivera, “Crook”, fue escoltado hasta Guatemala por un alto funcionario público del gabinete de Bukele.
Después de este caos, ambas élites se volverán a sentar. Los hombres poderosos que gobiernan El Salvador decidirán que ya fue suficiente y ordenarán a sus bases replegarse. Así ha sucedido en el pasado. Hablarán allá arriba, como lo han hecho otras veces, y discutirán los términos del nuevo pacto. A sus bases les dirán mentiras, que han ganado, que gracias a su inmenso sacrificio lograron doblegar al contrincante. Entonces habrá paz… hasta que los hombres poderosos pierdan de nuevo el control.
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