(19 de enero del 2022. El Venezolano).- Al igual que en nuestro país, en México se debate en estos días sobre la celebración de un referéndum revocatorio presidencial. La diferencia es que el de la nación de azteca es promovido por diversos sectores democráticos con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 21 de diciembre de 2021 ante el fallo de la Suprema Corte que reactiva la consulta para la revocación del mandato expresó: “fue una muy buena decisión porque no se debe obstaculizar la democracia ni violar la Constitución”. Aquí la consulta es promovida por una agrupación de ciudadanos, comprometidos con el rescate de la democracia y del bienestar de nuestros compatriotas, pero con la abierta oposición de la cúpula gobernante.
Escrito por Cesar Pérez Vivas
La declaración de rechazo al referéndum revocatorio presidencial, en nuestro país, ha sido ya anunciada por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien de forma tajante afirmó: “Nosotros no estamos negociando nada que tenga que ver con el referéndum: porque muy claro tenemos nosotros, dentro del chavismo, que nosotros no queremos referéndum”.
El tema no es que la camarilla gobernante quiera o no referéndum, el tema es que estamos frente a un derecho constitucional, establecido en el artículo 72 de la Constitución, y si ellos llaman a respetar la letra y el espíritu de la carta magna están obligados a respetar ese derecho.
Diosdado dice que “el chavismo no quiere referéndum”. Miente una vez más, quienes no lo quieren son los integrantes de la cúpula, pero cada día son más los sectores del chavismo que se vienen pronunciando a favor de respetar este derecho y cada día son más los que desean participar en su activación.
Tan es así, que un grupo de exministros de Chávez, encabezados por el exvicepresidente de la República Héctor Navarro han solicitado también ante el CNE, la activación de este derecho político de los ciudadanos.
Aquí podemos, entonces, apreciar la diferencia entre el gobierno de México y el gobierno de Venezuela. Mientras López Obrador muestra su beneplácito porque se podrá celebrar el evento en su país, aquí Diosdado dice que no lo quieren y afirma que no lo están negociando.
Olvida el Sr. Cabello el acta firmada, el 14 de agosto de 2021, precisamente en Ciudad de México, entre la delegación del gobierno y la de la oposición, como marco para adelantar un proceso de negociación política que le dé salida a la tragedia en la cual nos encontramos. En dicho documento una de las cláusulas dice lo siguiente:
“Dispuestos a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías”.
De modo que no se trata de negociar nada, primero porque el derecho a revocar no es negociable. Los derechos humanos, y entre ellos, los derechos políticos no se negocian, se exigen. Y en segundo lugar porque el régimen está comprometido ante el mundo a otorgar “garantías” para la realización de las elecciones previstas en la Constitución. Y nadie puede negar que el referéndum revocatorio está previsto en nuestra carta magna.
En consecuencia la tarea de esa instancia es acordar “las condiciones” para su realización con todas las “garantías” y cumpliendo fielmente los principios establecidos en la Constitución para el ejercicio de los derechos humanos y para la celebración de los procesos electorales.
Esos principios fundamentales para el ejercicio de esos derechos son: transparencia, seguridad, no discriminación, igualdad ante la ley y plena vigencia de los derechos civiles para el libre desenvolvimiento de los actores políticos con respeto a la ciudadanía que se pronuncia y moviliza en el ejercicio de sus derechos.
En todo caso, más allá de que Maduro reanude o no la citada mesa de negociación, el Consejo Nacional Electoral tiene por mandato del mismo texto constitucional la obligación de tramitar el derecho, dictando las normas transitorias, adecuándolas a las actuales circunstancias sociopolíticas a los fines de permitir a la ciudadanía expresar su voluntad.
Está una vez más a prueba la voluntad de los señores rectores del Poder Electoral de mostrar ante nuestra nación y ante el mundo su talante democrático y su respeto por el orden jurídico, que conlleva un escrupuloso respeto a los derechos políticos de los ciudadanos.
Los próximos días y meses nos mostrarán con los hechos esa voluntad. Para eso hemos acudido ante el CNE, pero además porque por nuestra formación jurídica y política creemos que los derechos deben exigirse en todo momento, aun a riesgo de que el poder los desconozca. Solo exigiendo, tramitando y luchando por su aplicación es posible lograr su vigencia.
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