(13 de noviembre del 2021. El Venezolano).- Tema de relevancia y consideración exclusiva e ineludible se convirtió nuestra crisis humanitaria, compleja e inusual, de origen sociopolítico, afectando a todo el ámbito institucional de la nación por derecho a la alimentación, que desde 2015 compromete a este derecho humano ante unos 32 millones de habitantes. Y, especialmente, a las poblaciones y comunidades en pobreza extrema por los efectos del hambre y la desnutrición. Hoy por hoy, entre los países del mundo con inseguridad alimentaria grave. Pues, el derecho humano al acceso, disponibilidad y utilización de los alimentos en la cantidad y calidad necesarias para un consumo adecuado se ha hecho dificultoso para una gran mayoría de venezolanos a consecuencia de un acelerado deterioro nutricional de la población que afecta, fundamentalmente, a niños, embarazadas, adultos mayores, personas en condiciones críticas de salud, así como las que se encuentran recluidas y/o en zonas de difícil acceso geográfico. La falta de nutrientes, proteínas y calorías entre la gestación y hacia el final del ptimer bienio de vida, representa una amenaza para el crecimiento y desarrollo físico, mental y social de las generaciones actuales.
Situación muy crítica a lo que desde 2020 se añade el saneamiento en tiempos de emergencia humanitaria compleja y la pandemia de la Covid-19. Por otra parte, cerca de un 60 por ciento de los presos en Venezuela presenta signos de “desnutrición severa”, además de otras condiciones insalubres.
Durante 2020 la insalubridad fue causa principal de muertes en los reclusorios del país, cuando un 64 por ciento de los decesos ocurrió, según OVP, por motivos de salud (tuberculosis y desnutrición), situación que contraviene las obligaciones inherentes al Estado previstas en la CRBV, Título III, de los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes.
Asimismo, alrededor de un 15 por ciento de los privados de libertad “presenta diferentes patologías, tales como: hepatitis y diarreas crónicas, obstrucción intestinal, diabetes y crisis convulsivas, sin tratamiento alguno”.
Fue un tema central durante la 51º Asamblea General de la OEA del jueves 10/11, cuando unos 13 países reiteraron su preocupación y rechazo por la grave emergencia humanitaria, política y socioeconómica que atraviesa Venezuela y exigieron la liberación de los presos políticos. Asimismo, y en ese contexto, Luis Almagro, secretario general de este organismo internacional exigió el cese de crímenes de lesa humanidad mediante búsqueda de “la verdad, la justicia y logro de condiciones de no repetición”.
No obstante, estimamos que tales actitudes no son suficientes como para propiciar y/o lograr el cambio político que deseamos la mayoría de ciudadanos venezolanos, pues se requiere, desde anteayer, aplicación de medidas más contundentes que den al traste con el régimen oprobioso castrochavomadurista o involucionamos.
Escrito por: Isaías A. Márquez Díaz
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