(30 de agosto del 2021. El Venezolano).- Los representantes de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, cuando se sienten a negociar en septiembre de 2021, deberían comprometerse a adoptar medidas básicas para restablecer el respeto a los derechos humanos y permitir que se realicen elecciones libres y justas, señaló hoy Human Rights Watch.
El 13 de agosto, representantes de Maduro y la oposición se reunieron en México, con la mediación de Noruega, para definir la agenda de las negociaciones. También participan Holanda y Rusia, y otros países han apoyado el proceso. Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento el 14 y 15 de agosto, y está previsto que se reanuden las conversaciones del 3 al 6 de septiembre.
“Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Para que una negociación de este tipo sea exitosa, debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país. También debe contar con un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo”.
Intentos previos de negociación han fracasado, el más reciente de ellos en 2019 en Barbados. En las negociaciones actuales, representantes de Maduro y de la oposición concordaron abordar, según el texto del acuerdo, “derechos políticos para todos”, “garantías electorales para todos”, un “cronograma electoral para elecciones observables”, “levantamiento de las sanciones”, “respeto al estado constitucional de derecho”, “convivencia política y social, renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia”, “protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano” y “garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado”.
El 15 de agosto, tras las primeras negociaciones, las autoridades liberaron al político opositor Freddy Guevara, quien había sido detenido arbitrariamente un mes antes.
En julio, Human Rights Watch presentó un resumen sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y recomendaciones orientadas a restablecer el Estado de derecho y los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, con el fin de contribuir al examen de Venezuela en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que se llevará a cabo a comienzos de 2022. Por medio del EPU, la situación de los derechos humanos de cada país es objeto de una revisión por otros países cada cuatro años.
Human Rights Watch reportó que continúa la brutal represión del gobierno de Nicolás Maduro y agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno cometen gravísimos abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias y torturas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyeron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que atraviesa el país. Esta emergencia ha privado a millones de venezolanos de la posibilidad de acceder a atención médica básica y una nutrición adecuada, y ha dejado al país en una situación desastrosa para enfrentar la pandemia de Covid-19. Más de 5,6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria de América Latina.
El desafío consiste en reestablecer el Estado de derecho que el gobierno de Maduro ha desmantelado por completo, expresó Human Rights Watch. Para que esto sea posible, el gobierno de Maduro debería comprometerse a:
- Liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
- Ordenar que las fuerzas de seguridad cesen las detenciones arbitrarias y los abusos contra opositores y pongan fin a su colaboración o aquiescencia con grupos armados partidarios del gobierno para intimidar a críticos y cometer abusos, incluyendo en zonas fronterizas y en áreas donde se desarrolla la minería ilegal de oro.
- Reformar la Policía Nacional Bolivariana y, entre otras medidas, disolver la fuerza de policía especial FAES.
- Terminar con la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Las autoridades deben poner fin al hostigamiento público, garantizar que las organizaciones internacionales puedan obtener la documentación necesaria para operar en el país y restituir todos los bienes, equipos y oficinas del periódico El Nacional a sus propietarios.
- Permitir el pleno despliegue de todas las organizaciones humanitarias, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos, que tengan interés y capacidad de proporcionar ayuda de forma apolítica y acorde con los principios humanitarios básicos.
- Trabajar con expertos en sistemas de justicia de la sociedad civil, venezolanos e internacionales, así como con la oposición, para establecer una comisión independiente con el fin de formular propuestas concretas y trabajar con las autoridades relevantes para:
- Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario:
- Establecer un mecanismo para nombrar a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso de selección abierto y transparente que cuente con el mayor grado posible de consenso político,
- Derogar disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que permiten que los legisladores puedan destituir a magistrados por mayoría simple de votos, y
- Asegurar que los jueces inferiores ocupen cargos permanentes con garantías de inamovilidad.
- Derogar las disposiciones legales violatorias de la libertad de expresión que fomentan la autocensura, incluidas todas las normas sobre desacato y la Ley contra el Odio.
- Derogar las disposiciones legales que violan el derecho de libre asociación al limitar la independencia de las organizaciones de la sociedad civil.
- Reformar el poder judicial con el propósito de restablecer la independencia judicial, para lo cual es necesario:
- Asegurar que haya elecciones libres y justas con observación internacional independiente.
Asimismo, los representantes de Maduro deberían asumir el compromiso de asegurar que el Ministerio Público:
- Deje de fabricar cargos que obedecen a motivaciones políticas contra críticos, opositores políticos y defensores de derechos humanos.
- Retire todos los cargos contra críticos, opositores políticos, periodistas independientes y defensores de derechos humanos procesados por cuestionar acciones o políticas del gobierno, y poner fin a los procesos que respondan a motivaciones políticas.
- Investigue de manera oportuna y exhaustiva los señalamientos de violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y grupos armados partidarios del gobierno desde 2014, lo cual incluye los casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y procesos penales arbitrarios, torturas y maltrato, y desapariciones forzadas. Deben permitir el acceso de las víctimas, sus abogados y los observadores internacionales autorizados por las víctimas a todo el expediente judicial. Las investigaciones deben examinar la responsabilidad penal de quienes cometieron los abusos y de los funcionarios de alto rango que sabían o deberían haber sabido lo que estaban ocurriendo.
La situación en Venezuela, que es Estado Parte del Tratado de Roma (el tratado por el cual se rige la CPI), ha sido objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la CPI desde febrero de 2018. Al finalizar su mandato a mediados de junio de 2021, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que la fiscalía había concluido su examen preliminar. No hizo públicas sus conclusiones, debido a que se encontraba en trámite ante la corte un recurso presentado por autoridades venezolanas solicitando que la CPI revisara el examen realizado por la fiscal. La sala de Primera Instancia de la CPI desestimó el pedido de Venezuela.
El nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, deberá ahora decidir si corresponde llevar adelante una investigación formal. Para llegar a tal conclusión, conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de Roma, la Fiscalía analiza si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes sobre posibles casos que podrían ser incluidos en una investigación de la CPI, lo cual tornaría innecesario un proceso ante la CPI.
Human Rights Watch concluyó que, a pesar de existir pruebas contundentes, las autoridades venezolanas no han investigado adecuadamente los abusos generalizados. Esto ha convertido a la impunidad por las violaciones de derechos humanos en la norma.
“Si no se llevan a cabo investigaciones sólidas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad penal de los máximos responsables de los aberrantes abusos cometidos, para lo cual es necesaria una reforma profunda del sistema judicial disfuncional y politizado que existe en el país, la CPI desempeñará un papel crucial como tribunal de última instancia”, explicó Vivanco.
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