(04 de agosto del 2021. El Venezolano).- Si algo ha puesto de manifiesto la reciente arremetida represiva del régimen madurista contra destacados actores de la oposición es el agotamiento del libreto justificador de la bajeza, del atropello y de la violación de los derechos humanos. Definitivamente se le agotó la creatividad a los laboratorios de guerra sucia que le escriben los guiones a Maduro, Jorge Rodríguez, Diosdado y demás integrantes de la camarilla roja.
Tanto el discurso de los jefes, como el eco que le hace el costoso y voluminoso aparato de propaganda, dejan al descubierto la mentira descarada, y la falta del más mínimo escrúpulo por parte de estos personajes.
Para esconder la humillante derrota sufrida en al Alto Apure, a manos de un grupo de exguerrilleros de las FARC, y la abierta complicidad con el otro grupo en conflicto, se lanza una grosera arremetida contra la ONG Fundaredes, principal equipo humano, que hizo visible la grave descomposición existente en el corredor llanero con la tolerada presencia de estos grupos armados al margen de la ley.
Resulta que ahora el terrorista es el Dr. Javier Tarazona, su hermano el ingeniero Rafael Tarazona y el joven abogado falconiano Omar de Dios García. Todo el aparato de propaganda del gobierno se hace eco de la línea trazada para darle algún viso de credibilidad a semejante invento.
Para tratar de darle visos de seriedad a la absurda tesis de una supuesta política de paz en la región, con la que el chavismo madurismo busca justiciar su criminal alianza con la guerrilla colombiana, presentan en el programa de TV Análisis Situacional de Globovisión, al exministro Ramón Rodríguez Chacín.
Por muy formal que trataron de presentar al señor, su declaración es la confesión más concluyente de la larga historia de la alianza, entre el militarismo comunista y los grupos terroristas de Colombia, así como de la lamentable política de entrega de importantes espacios de nuestro territorio a los mismos.
Los hechos son tan evidentes que no hay forma de ocultarlos. No solo la confesión de Rodríguez Chacín, sino la publica y descarada presencia de estos grupos en funciones de ocupación de unidades de producción, control militar y político de las zonas de frontera, extorsión permanente a la ciudadanía que debe movilizarse en la zona o cruzar la frontera, comercio ilegal de todo tipo de productos, activismo político y proselitista de sus anacrónicas ideas comunistas a través de emisoras de radio y de asambleas en nuestras comunidades.
Como el Estado venezolano se convirtió en el promotor de esa política no hay instancia que haga justicia. Por el contrario se decide callar las voces denunciantes, mediante la muerte, la cárcel y el hostigamiento. El Ministerio Público, a quien correspondería investigar y llevar a la justicia a quienes participan de estos hechos, hace todo lo contrario. Investiga y encarcela a los denunciantes. Así lo han hecho con Javier Tarazona. Él solicitó investigar una fotografía, donde el ex ministro Rodríguez Chacín aparece rodeado de los jefes de la guerrilla colombiana, y termina encarcelado por hacer dicha gestion, sin importar para nada que el mismísimo exministro reconoce dicha grafica como cierta.
Lo mismo ocurrió con la guerra del Koki en pleno corazón de Caracas. La cúpula roja decidió evadir su responsabilidad, recurriendo a “la original e ingeniosa” tesis de acusar a la oposición. Ahora resulta que Guaidó, Guevara, Graterol, Caro y otros actores de la oposición, son los creadores, proveedores y financistas de la banda de la Cota 905.
Se les fundió el cerebro a los libretistas. Por supuesto que nadie, ni siquiera los que están en los mismos espacios del poder, les creen la historieta. Arreciar la persecución contra los citados luchadores políticos, para esconder el fracaso de la burda alianza del madurismo con las bandas crimínales, no hace que le realidad desaparezca.
De modo que no se trata de una “instigación al odio de las altas autoridades nacionales” como eufemísticamente afirma el poeta de la revolución. Se trata de unos hechos tan protuberantes que no hay forma de ocultarlos. Aún están frescas las alocuciones, programas y declaraciones de las llamadas zonas de paz. Las fotografías de los jerarcas del régimen con esos delincuentes.
Para completar la evidencia de esos vínculos se detienen, a varios de los delincuentes de dichas bandas, en la edificios de la llamada “misión vivienda” en Fuerte Tiuna. Solo les falta inventar, la forma como la oposición logra penetrar la cerrada estructura del PSUV para asignarle apartamentos a “sus agentes”, en pleno corazón del enclave militar y político del sistema.
Algo anda mal en la cúpula roja que ya no aciertan en la elaboración de los libretos justificadores de su criminal política. Sus historietas resultan demasiado burdas. Hasta los montajes que hacen de supuestas conversaciones por redes sociales quedan desmontadas por observadores acuciosos, o por expertos en este tipo de comunicaciones digitales. A menos que las salas situacionales de Miraflores y Fuerte Tiuna hayan sido penetradas por la contra revolución.
Por lo visto el proceso corrosivo de la camarilla roja está tan avanzando, que no hayan qué inventar, ante la sistemática erupción del volcán sobre el que están montados. Les resultaría menos erosivo admitir que actúan por venganza, por esconder su criminal comportamiento, porque no permiten crítica alguna.
Es ese el llamado ambiente político real que nos ofrece elementos éticos y políticos para impulsar la lucha cívica, pacífica y constitucional para expulsar del poder a la camarilla más devastadora, inmoral y corrompida de nuestra historia republicana.
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