(23 de junio del 2021. El Venezolano).- El 22 de enero pasado, en el inicio de las actividades judiciales de 2021, el autócrata Maduro dijo, sin ningún pudor: “Venezuela tiene un poderoso sistema judicial, de prestigio ganado y bien gobernado y dirigido. Jamás el país ha tenido un Poder Judicial tan exigente y tan bien articulado y organizado”.
Cinco meses después, este 22 de junio, afirma todo lo contrario y anuncia, una vez más, con bombos y platillos una reforma judicial a la que califica de “revolución” de la justicia. Nombra una comisión con su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello, jefe del Psuv, para que de manera acelerada en sesenta días presenten una propuesta. Esta es la quinta vez que el gobierno hace anuncios similares.
Desde la Constituyente de 1999 – de la cual formé parte – estuvimos impulsando junto a sectores de la sociedad civil, una urgente reforma judicial cuyo objetivo era lograr un Poder Judicial autónomo, independiente, idóneo, con una carrera judicial estable, con jueces seleccionados por méritos y por tanto con una hoja de vida ejemplar.
Lamentablemente, a medida que el autoritarismo de Hugo Chávez se iba cerrando, todas estas intenciones de cambio fueron distorsionadas. Sin embargo, a pesar de ello, muchas de estas aspiraciones de mejoras en el sistema de justicia fueron recogidas en la Constitución vigente, siendo el capítulo referido al Poder Judicial, el único aprobado por unanimidad de los constituyentes.
En todo este proceso de destrucción de las instituciones democráticas y de sustitución de la legalidad y el Estado de Derecho por un Estado delincuente, el Poder Judicial, hoy mas que nunca, esta convertido en una maquinaria de injusticia, ineficiencia y corrupción, al servicio del autócrata Maduro, violando sistemáticamente los derechos humanos.
En el Informe Bachelet de la ONU, también se hacen gravísimos señalamientos por la falta de independencia del Poder Judicial. Así mismo, la Corte Penal Internacional ha iniciado una tramitación de examen preliminar contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que sentarían en el banquillo de los acusados a Maduro y los principales jerarcas del régimen.
Otras acusaciones, vinculadas a actos de naturaleza terrorista, tráfico de drogas y corrupción, se ventilan en distintas jurisdicciones. Una de las que mas preocupa a Maduro es la del seudo empresario, súbitamente devenido en diplomático, preso en Cabo Verde y próximo a ser extraditado a EEUU, Alex Saab.
Todo indica que el anuncio sobre la supuesta reforma judicial, la eliminación de las FAES, el reconocimiento el pasado 1 de mayo, por parte de Tareck William Saab, de los asesinatos del dirigente político Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete, forma parte de un intento más de lavado de imagen, sin descartar que se trate de una nueva evidencia de los conflictos entre Maduro y Cabello.
En momentos en que está en marcha una negociación para acordar garantías democráticas para un cronograma de elecciones libres, justas y verificables, en la agenda de los acuerdos debería incluirse sin duda el tema de la independencia del Poder Judicial.
El trabajo periodístico publicado en CuentasClarasDigital.org – una vez más bloqueada en Venezuela – el pasado domingo sobre la justicia en Venezuela, confirma la calamitosa situación del Poder Judicial, como evidencian los siguientes datos:
“De 5.928 jueces activos y retirados, 461 habrían celebrado contratos con el Estado y, de este grupo, al menos el 52,5% estaría inscrito al Partido Socialista Unido de Venezuela”, denunció la CIDH en su informe.
A esto se suma que más de 90% del Poder Judicial está conformado por jueces provisorios, a quienes destituyen sin fórmulas de juicio y con solo un oficio de remisión, indica una fuente del TSJ.
Para el momento de la investigación, el salario mensual de un juez oscilaba entre los 30 y 35 dólares, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos de la administración de justicia, en la que ya las decisiones en todas las instancias tienen un precio y, además, en dólares americanos. Se trata de una especie de “bolsa judicial” en la que se subastan las sentencias al mejor postor.
Los reos comunes tampoco escapan de las violaciones en el sistema. De los más de 110.000 presos por delitos ordinarios, unos 65.000 permanecen en centros de detención preventiva —donde no deberían pasar más de 48 horas, de acuerdo con el COPP— y los 45.000 restantes están en cárceles comunes, buena parte de estos esperando por sentencia definitiva.
Existen varias propuestas valiosas para re-institucionalizar y reformar el Poder Judical. Entre ellas, destaca la del Bloque Constitucional denominada “La Justicia como Eje de la Transición a la Democracia”, un documento con propuestas interesantes que debe formar parte de la agenda de debate de los partidos políticos y la sociedad civil para darle plena vigencia a la Constitución y a las Leyes y rescatar el Estado de Derecho.
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