(16 de mayo del 2021. El Venezolano).- Mientras se esperan los resultados del diálogo convocado por el presidente Iván Duque con varios representantes de quienes organizan el paro nacional en Colombia, se siguen contabilizando graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el décimo cuarto día de protestas sociales.
Desde el 28 de abril, millones de personas han tomado las calles en diferentes ciudades y territorios del país, en respuesta a una reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso, que aumentaría impuestos a productos de la canasta básica y gastos funerarios, entre otros. A pesar del retiro de la propuesta, la gente se ha mantenido en constantes protestas, mayoritariamente pacíficas, que solo reflejan el hartazgo social acumulado contra políticas que han perpetuado la desigualdad, el racismo, la discriminación y las nefastas consecuencias del conflicto armado, todo esto exacerbado por la pandemia de covid-19 y la inadecuada respuesta estatal.
Ante este clamor de importantes sectores de la población, el presidente Duque ha respondido con un imponente despliegue de fuerzas de seguridad en las principales ciudades, y con una narrativa que estigmatiza a quienes se manifiestan pacíficamente. Esta militarización de la respuesta a las protestas ha causado una inmensa tragedia y el registro creciente de graves violaciones a los derechos humanos.
Hasta el 9 de mayo, varias organizaciones de derechos humanos colombianas han registrado la muerte de 47 personas, 39 de ellas en el contexto de la represión violenta de la policía colombiana, 1.876 hechos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de lesiones oculares y 12 casos de violencia sexual, así como otras denuncias de tortura, malos tratos, palizas y ataques de civiles armados, muchos en presencia de la policía. Por su parte, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Colombia han activado conjuntamente el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante la denuncia de 168 personas desaparecidas.
Amnistía Internacional ha recibido cientos de piezas audiovisuales, en las cuales hemos analizado y verificado en detalle 34 incidentes graves, que incluyen violaciones a los derechos humanos a manos de la fuerza pública en el contexto de las protestas. Con estas pruebas, hemos confirmado que la policía ha hecho uso de armas letales en varios incidentes, así como de artefactos menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos, cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país.
Identificamos, por ejemplo, el uso de rifles tipo Galil Tavor, en Cali, durante la represión policial el 30 de abril, y vimos a policías apuntando pistolas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el primero de mayo en Bogotá, verificamos cómo un vehículo policial blindado disparaba munición viva contra un grupo de manifestantes que escapaba de la represión. En Cali, el 2 de mayo, verificamos el uso de un lanzagranadas de gas lacrimógeno disparadas por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) a varios manifestantes a corta distancia. Todo este tipo de armamento está prohibido en la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.
Estos hechos claramente no son aislados, sino que responden a un patrón generalizado de represión policial y de escalada de violencia. En los últimos días, hemos registrado además incidentes de violencia armada por parte de civiles que, muchas veces en presencia pasiva de la policía, atacan a manifestantes. El 9 de mayo, la minga indígena, que ingresaba a Cali para unirse a las protestas pacíficas, fue atacada por civiles armados; en muchos incidentes verificados la policía no actuó para protegerlos, lo cual resultó en 10 personas heridas por arma de fuego, algunas de gravedad.
Después de 14 días de intensas protestas, Duque no ha hecho una declaración condenando firmemente las violaciones a los derechos humanos contra las protestas, mayoritariamente pacíficas, lo que envía un alarmante mensaje de impunidad a las fuerzas de seguridad y a quienes ejercen la violencia. El ministro del Interior, Daniel Palacios, dijo que hay una investigación contra algunos policías, pero se desconocen los avances de esas investigaciones.
Al contrario. En constantes declaraciones televisadas, el presidente ha utilizado una retórica estigmatizante contra quienes protestan. El primero de mayo anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y afirmó: “Quiero también hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones.” En otra declaración pública, el 5 de mayo, calificó de “vandalismo extremo y terrorismo urbano” los hechos sucedidos en el país. Aseguró que son financiados por “dineros de la mafia”. Incluso ofreció 10 millones de pesos colombianos (unos US$ 3.000) a quien diera información efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública.
Esta narrativa es peligrosa y lo sabemos por la experiencia en otros países de la región. Las declaraciones de Iván Duque parecieran una copia de las hechas en otros momentos por Daniel Ortega en Nicaragua, Sebastián Piñera en Chile y Nicolás Maduro en Venezuela. Son libretos que se repiten y muestran la incapacidad de algunos líderes de nuestra región para dialogar con la ciudadanía, para escuchar las demandas y actuar de forma contundente para atenderlas. Lo único que les queda es el uso de las fuerzas de seguridad como herramienta para silenciar a quienes protestan.
La única forma de salir de esta crisis de derechos humanos es con un compromiso genuino del Gobierno del presidente Duque y de otras autoridades estatales de poner los derechos humanos de todas las personas en Colombia en el centro.
Eso comienza por reconocer la gravedad de la situación y las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, así como realizar investigaciones imparciales y expeditas, y garantizar justicia para todas las víctimas, con un amplio acceso al escrutinio internacional.
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