(28 de abril del 2021. El Venezolano).- Uno de los capítulos más oscuros y controversiales de la historia política de Venezuela, es a nuestro parecer, el que se ha estado escribiendo desde inicios del siglo XXI, por obra y gracia de las acciones de los gobiernos de la autodenominada Revolución bolivariana del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro. De ser en el pasado una patria de Libertadores y de grandes líderes promotores de la democracia en el continente en la época contemporánea, el país ha devenido en un protectorado subalterno del régimen dictatorial asentado desde mediados del siglo XX en la pequeña isla caribeña de Cuba. Todo ello con la particularidad, que para alcanzar tal condición, no haya mediado conflicto bélico alguno, tratado internacional que así lo obligue, invasión militar exitosa, disposición constitucional o consulta nacional aprobatoria por parte de los venezolanos.
Es evidente que Fidel Castro pudo constatar fácilmente que al caudillismo militarista de Hugo Chávez le hacía falta la narrativa revolucionaria que lo vinculara a los barbudos de Sierra Maestra. Castro – auspicioso – capturó a su presa con su verborrea anti imperialista y a cambio pasó una onerosa factura por sus servicios como asesor y maestro de Chávez.
Todo se inicia con una muy deferente relación de gobierno que se establece con Cuba en 1999, a partir de la toma de posesión del primer gobierno de Chávez. La misma fue percibida por muchos como el resultado natural de una amistad basada en la identidad ideológica de sus líderes, Chávez y Fidel Castro. Sin embargo, lo acontecido hasta la presente fecha habla de la mayor, más caprichosa y descarada entrega que de su propio país haya ejecutado un Jefe de Estado en beneficio de otro país, en la historia del continente americano. Se trata de 21 años de total dependencia y sumisión ante Cuba, en los cuales se le ha permitido intervenir libremente en áreas como: la dirección general del Estado y de su plan de desarrollo; la dirección y gestión de instituciones y organismos públicos en todos los niveles; el manejo de los recursos económicos, financieros y naturales; la gestión del comercio internacional; el diseño e implementación de políticas públicas; la ejecución de programas sociales; el desarrollo de obras públicas y hasta la dirección y supervisión de los organismos de Seguridad y Defensa, militares y civiles.
Si bien ha sido un proceso del que se desconocen las particularidades de los “acuerdos de cesión” (dada la opacidad que le ha caracterizado), se ha podido conocer en parte, la magnitud del despojo, gracias al pormenorizado trabajo que han venido realizando (entre otros), la Asamblea Nacional (2015-2020), la ONG Transparencia Venezuela, diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales, así como destacados periodistas de investigación y académicos. Entre estos trabajos, destaca la reciente publicación del libro “La invasión consentida”, producto de las investigaciones llevadas adelante por un grupo de periodistas. En el citado documento, se dejan en evidencia los grandes perjuicios que esta nefasta relación ha traído para Venezuela en materia económica, financiera, social y físico-ambiental. También se dan a conocer, muchas de las cuantiosas y continuas ganancias que en materia económica-financiera ha recibido el gobierno cubano, así como de los beneficios sociales y de desarrollo de infraestructuras físicas en su territorio; todo ello en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos.
Con el firme propósito de consumar el asalto convenido por ambos “gobiernos revolucionarios”, la burocracia gubernamental ha sido muy prolifera en el diseño e implementación de distintos mecanismos, instrumentos y herramientas que le han servido para encubrir bajo un manto de “solidaridad revolucionaria” la hegemónica intervención cubana. Entre estos destaca, un acuerdo inicial denominado “Convenio Integral de Cooperación” del año 2000, al cual le han sido agregados más de 2,100 extensiones vinculantes y acuerdos de negocios interinstitucionales. También han utilizado la figura del otorgamiento de créditos a mínimo interés, préstamos no reembolsables, donaciones y participación del gobierno de Cuba en empresas mixtas sin ningún aporte de capital. Igualmente, la asignación de contratos sin procesos de licitación para el suministro de productos y la prestación de servicios en las áreas de: recursos humanos, servicios técnicos y profesionales, capacitación y entrenamiento, obras de viviendas e infraestructuras, diseño y adquisición de tecnología, dotación de bienes y equipos, gestión administrativa de servicios públicos, intervención privilegiada en negocios agrícolas, petroleros, petroquímicos, mineros, etc.
Ahora bien, tanto la justificación del proceso como la puesta en operación de las acciones relacionadas con la injerencia de Cuba en Venezuela, han estado amparadas en las denominadas “Misiones Sociales”, todas diseñadas, dirigidas y ejecutadas por funcionarios y empresas del régimen cubano. Solo entre 2003 y 2015, se crearon un total de 49 Misiones, destacando entre ellas: Barrio Adentro I, II, III, y IV; Robinson I y II, Barrio Adentro Deportivo, Martí (exclusiva para el Presidente y su entorno familiar), Rivas, Alimentación, Mercal, Vuelvan Caras, Hábitat, Guaicaipuro, Piar, Identidad, Cultura Corazón Adentro, Madres de la Patria, Sonrisa, Ciencias, Revolución Energética, José Gregorio Hernández, Médica Cubana, Educativa, Che Guevara, Alma Mater, Campo Adentro, Niñas y Niños del Barrio, Hijas e Hijos de Venezuela, Esperanza Social, Niño Jesús, A Toda Vida Venezuela, Hijos de Venezuela y Barrio Tricolor. Las Misiones son financiadas tanto por los aportes provenientes de la renta petrolera administrada por PDVSA, como por los recursos financieros estipulados en la Ley de Presupuesto y en la Ley de Endeudamiento. De los pocos registros disponibles, se supo que entre el 2003 y el 2006, el país invirtió 12.930 millones de dólares en las misiones.
En el marco de la estrategia antes señalada, al régimen cubano le ha sido posible el hacerse no solo de cuantiosos beneficios económicos, sino que también ha logrado adquirir un conocimiento pleno y una importante capacidad de supervisión sobre áreas fundamentales de la actividad laboral, económica y productiva del país, es decir de sus sectores estratégicos. De igual manera, dispone de una amplia información sobre las infraestructuras críticas (cuya perturbación o destrucción tendría serios impactos sobre los servicios vitales) y de las zonas criticas o áreas geográficas donde se encuentran asentadas las infraestructuras críticas. Sin duda alguna, aspectos estos pertenecientes al ámbito de la seguridad y defensa del país, y cuya gestión debería estar orientada a garantizar el ejercicio de la autoridad del Estado y para establecer la necesaria coordinación institucional, particularmente de la FANB y los organismos de seguridad.
Adicional al entramado de negocios asociados a la puesta en práctica de las misiones, su diseño le ha permitido a Cuba hacerse del control de los organismos públicos y de las empresas del Estado vinculadas a las áreas fundamentales para el desarrollo del país. Entre estas pudiéramos mencionar las relacionadas con: energía, petróleo, petroquímica, siderúrgica, minería, forestal, salud, alimentación, transporte, comunicaciones, vivienda, puertos y aeropuertos, identificación y extranjería, control migratorio, cultura, educación, ciencia y tecnología e industria militar. Tales acciones han estado acompañadas por un amplio programa de adoctrinamiento e ideologización dirigido por personal cubano en centros de entrenamiento que operan en Cuba y Venezuela. Muestra de ello lo representan, entre otras, la Robinson de alfabetización (1,800,000 egresados a 2020), la Rivas (1,700,000 personas hasta 2018), Esperanza Social (94,403 milicianos egresados del Frente Francisco de Miranda entre 2003 y 2013), Médica (25,000 médicos integrales hasta 2018) y la misión Cultura, dirigida a impregnar de ideológica revolucionaria la cultura popular venezolana. Solo entre 2003 y 2018 pasaron por el país 219, 321 trabajadores cubanos de todo tipo asignados a las Misiones. Esto conlleva un pago promedio de 13.407 dólares por mes, por cada uno.
De la incursión en algunas áreas estratégicas se destaca lo siguiente:
En el sector eléctrico, la Misión Revolución Energética, ha sido planificada, dirigida y ejecutada por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE-Cuba) y la empresa cubana Energoimport, en base al Acuerdo de Cooperación Eléctrica del 2004. Esto le ha permitido al régimen cubano conocer en detalle los sistemas de generación y distribución eléctrica del país. La intervención ha involucrado la participación de aproximadamente 9,677 trabajadores cubanos y un número no determinado del personal de empresas extranjeras contratadas por Cuba.
Entre otros proyectos, se cuentan los trabajos de reconstrucción de Planta Centro en el estado Carabobo y otras plantas ubicadas en diversos estados del país. La instalación (entre 2006 y 2015) de 180 millones de bombillos ahorradores (comprados vía Cuba a China y Vietnam) así como de equipos de generación distribuida, a un costo de 6.323 millones de dólares. La compra e instalación (entre 2003-2014) de grupos electrógenos significó desembolsos de casi 8.000 millones de dólares. Entre 2009 y 2014, la UNE aparece involucrada en un total de 334 contratos relacionados con el sistema eléctrico nacional. Cuba recibió por lo menos 3.000 millones de dólares por la intermediación de 25 plantas de generación distribuida. Adicionalmente, las asesorías y programas de formación en el sector eléctrico representaron para Cuba 4.797 millones de dólares.
Por intermedio de la Misión Identidad (2003) y del Proyecto de reestructuración de los Registros y Notarías (2005), el régimen cubano asumió el control de los servicios de Identificación, Extranjería y Migración, así como de los Registros Civiles y Mercantiles del país. El proyecto de los documentos de identidad y pasaportes venezolanos, con un costo aproximado de 1.400 millones de dólares, fue encomendado a la firma cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A (creada en 2005), adscrita a la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), creada en 2002. La selección y la compra a terceros del tipo de solución tecnológica a ser aplicada, la adquisición de los equipos, las obras civiles y la dotación de mobiliario de los espacios asociados, fue de la exclusiva ejecución del personal cubano. Inclusive, dentro de sus responsabilidades estuvo el diseño del marco normativo que actualmente rige para ambos sectores. Tales actividades le permiten a Cuba el tener en la actualidad la supervisión y control del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) a nivel nacional y en 135 sedes consulares alrededor del mundo.
Situación similar es la que se derivó con el proyecto de automatización del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), gestionado por la empresa COPEXTEL S.A, e instalado en 255 oficinas del país. Todo el proceso de diseño, adquisición, instalación y administración de la herramienta tecnológica y el equipamiento de las oficinas respectivas quedaron en mano del régimen cubano. En este mismo campo, habría que agregar la asignación de contratos especiales a estas dos empresas cubanas para el suministro y administración de los sistemas y software de cerca de 30 ministerios y para el proyecto de digitalización de los documentos del Archivo General de la Nación y de la Biblioteca Nacional. Todo lo anterior lleva implícito tener libre acceso y la administración de la base de datos de la población venezolana, de los flujos migratorios, de las transacciones en materia civil, inmobiliaria, mercantil; así como del desarrollo de la empresa privada y la evolución de la inversión en el país. Es decir, una información esencial en materia de seguridad y defensa.
La industria petrolera venezolana y su principal compañía estatal, PDVSA, se encuentran bajo el continuo escrutinio y supervisión por parte del régimen cubano. Esto ha sido posible, gracias a la incorporación de sofisticados sistemas y software desarrollados o adquiridos por Cuba (y pagados por PDVSA) para el control y monitoreo de las áreas de perforación, producción, comercialización, administración y finanzas del negocio petrolero venezolano. El esquema de intervención ha estado a cargo de Albert Ingeniería y Sistema S.A, el Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones (dependiente del Ministerio de Informática y Comunicaciones de Cuba) y la empresa Guardián del Alba, constituida en 2008 entre PDVSA Industrial (51%) y Albert (49%). Esta última empresa mixta, cuenta con sedes en importantes regiones de producción petrolera del país, entre ellas en el Zulia (Maracaibo y Ciudad Ojeda), Anzoátegui y la Faja Petrolífera del Orinoco.
La herramienta tecnológica implementada para controlar los sistemas operativos y financieros de PDVSA, fue el software Scada (Supervisory Control and Data Adquisition). Con el Scada se facilita el control y toma de decisiones de manera remota. El mismo permite la adquisición y almacenado de datos en los servidores de la empresa; recoger, procesar y almacenar la información recibida en forma continua y confiable; la representación gráfica y animada de variables de proceso; ejecutar acciones de control; la conectividad con otras aplicaciones y bases de datos y la supervisión de la evolución de las variables de control. Para 2018, un total de 139 dependencias e instalaciones de PDVSA estaban bajo el control de Scada. Igualmente, la empresa Cubatel, se encargó del suministro e instalación de la red de fibra óptica del Ministerio de Energía y Minas y de la red satelital de los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT). En medio de estas circunstancias, el país no dispone de autonomía para el manejo y administración de las soluciones tecnológicas instaladas en ministerios, consulados, PDVSA, etc. Adicionalmente, Cuba se quedó con los derechos de comercialización de las licencias de uso y las soluciones tecnológicas desarrolladas o adquiridas para Venezuela.
El control inducido por intermedio de la digitalización de los procesos dentro de la administración pública nacional, incluye el diseño y administración de sus páginas web, y por supuesto, también se extendió al sector de la seguridad ciudadana. A manera de resumen pueden referirse el desarrollo por parte de empresas cubanas del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) concebido para los cuerpos policiales (CICPC, PNB, FAES, etc.), el Centro de Gestión de Emergencias 171 (911), la plataforma tecnológica y la Sala Situacional del Despacho de la Presidencia, en el Palacio de Miraflores y el Sistema de Gestión de Cárceles (SIGEC), para el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Todos y cada uno de los sistemas antes mencionados cuentan con un servicio permanente de asesoría técnica y dirección operativa por parte de personal cubano. Estos funcionarios, cuya factura se cancela directamente en dólares al gobierno cubano, les son satisfechos los gastos de transporte, alimentación y alojamiento en hoteles, todo por cuenta del Estado venezolano.
La amplia intervención propiciada con el apoyo de la tecnología es fortalecida con la presencia de funcionarios cubanos en puestos de dirección de ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, embajadas, consulados, etc. Muestra de ello, es lo que se presenta, por ejemplo, en el sector de la salud, en la cadena de producción y distribución de alimentos, en los puertos y aeropuertos del país y en las centrales azucareras. En el caso de su incursión en las operaciones y el negocio de los puertos nacionales, su participación está encubierta en la gestión realizada por la empresa mixta Puertos del Alba S.A, donde Cuba participa con un 49% de las acciones y Bolipuertos con 51%. Esto hace que el régimen cubano tenga responsabilidades directas en materia de dirección administrativa, de seguridad, operaciones, rehabilitación, equipamiento y manejo de recursos humanos de los puertos de carga y de pasajeros del país. Esto lleva implícito el control y acceso a toda la información referente a las operaciones marítimas, comerciales, financieras y de turismo relacionadas.
En el caso del sector de la salud, la participación del personal cubano se extiende a todos los niveles de sus instituciones a nivel nacional, particularmente en los cargos de dirección médica, infraestructuras y finanzas. El personal de la Misión Médica cubana se encuentra desempeñando altas responsabilidades en el ministerio de Sanidad, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), los hospitales nacionales y los centros de atención primaria (Barrio Adentro). A manera de ejemplo, se puede citar que sólo en el último trimestre de 2011, el gobierno venezolano canceló a Cuba, 1 billón, 275 millones 9 mil 824 dólares, por concepto de la Misión Médica. Entre 2006 y 2012, Venezuela pasó de pagar 10 millones de dólares anuales, a pagar 365 millones $ en productos farmacéuticos. En 2013, el ministerio de Salud le otorgó directamente y sin licitación un contrato a empresas cubanas por un monto de 870 millones de dólares, para el suministro de medicamentos, programas de capacitación y labores de mantenimiento de equipos en 39 hospitales del país. Hasta 2018, el país contaba con 139,727 trabajadores cubanos en el sector de la salud.
En lo que respecta al sector de los alimentos, las Misiones Alimento y Mercal, se constituyeron en las plataformas utilizadas por Cuba para hacerse (con el beneplácito del gobierno nacional) de la gestión de producción, compra y distribución de alimentos en el país. Esta circunstancia permitió que el personal cubano pasara a ejercer de manera directa los cargos de dirección y administración de organismos tales como: el Ministerio de Agricultura y Tierras, la Coordinación General de la Misión Agroalimentaria, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), las 24 Coordinaciones regionales de MERCAL, la Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). Entre 2003 y 2018, se contabilizaron 4,910 técnicos agrícolas cubanos en calidad de asesores.
La entrega de la soberanía de Venezuela a Cuba no hubiese sido posible sin la debida subordinación y el control del régimen cubano sobre las FANB. Si bien la relación entre ambos países experimentó un profundo cambio en materia estratégica-militar desde los inicios del gobierno bolivariano, la misma fue reforzada con la firma del Convenio de Cooperación Militar del 2008. Aunque son pocos los detalles que han transcendido, la amplia injerencia del régimen cubano se sabe esparcida en todos los campos de la FANB, desde los aspectos de la organización y doctrina militar hasta en los programa de formación de recursos humanos y de equipamiento militar. La presencia de efectivos militares cubanos ha pasado a ser un hecho regular en el Ministerio de la Defensa, en las instancias del Alto Mando y en los distintos componentes e instalaciones de la FANB. En la coordinación de esta relación está el Grupo de Cooperación y Enlace de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba (GRUCE). A la fecha se desconoce el número exacto de efectivos cubanos involucrados en las FANB. Igual ocurre con el tipo y magnitud de los negocios desarrollados entre ambos.
Los acuerdos establecidos contemplan el envío de militares venezolanos a cursar estudios en centros de formación de la FARC; la asesoría cubana para los procesos de adquisición de equipos y sistemas de armas de la FANB; la repotenciación de los sistemas de armas; la construcción y adecuación de la infraestructura militar y naval y la reparación y mantenimiento mayor de buques de la Armada venezolana en astilleros cubanos. Sobre este particular, en 2014, Cuba entregó a Venezuela un buque de carga y un barco patrullero guardacostas. Ese mismo año el director del Grupo Industrial de Astilleros de Cuba anunció tres nuevos contratos para la construcción de 8 nuevos buques, 12 patrulleros y otras 44 embarcaciones. En 2015, la Fragata General Soublette de la Armada, fue objeto de trabajos de mantenimiento mayor, a un costo de 104.6 millones de dólares. Los trabajos fueron realizados por la Unión de Industria Militar, Astillero Empresa Militar Industria Granma de la FAR-Cuba. El pago de tributos a Cuba como expresión del eterno agradecimiento de la revolución bolivariana.
Adicional a los pagos que se realizan por los servicios recibidos de la isla, el gobierno bolivariano ha mantenido desde principio del siglo XXI, el envío a Cuba de un promedio de 100,000 barriles de petróleo diarios. Cuba obtuvo en 2014, 440 millones de dólares por venta de los excedentes petroleros entregados por Venezuela. Solo en 2019, cuando Venezuela experimentó una contracción petrolera de 47,26% con respecto a 2018 y tuvo una producción diaria promedio de 907,000 barriles diarios, envió 65,520 barriles diarios de petróleo a Cuba. Con el precio promedio del crudo venezolano al cierre de ese año en 54,04 $ por barril, el tributo se redujo a tan sólo 3.540.700 dólares diarios, esto sin incluir los gastos de flete y transporte que corren por cuenta de Venezuela.
Quizás en previsión de situaciones como la anteriormente descrita, existen otras formas de agradecer la solidaria y desinteresada asistencia cubana. Una de ellas es la de permitirle su participación en empresas mixtas sin más aporte que su gran experiencia en la triangulación de negocios. Así se constituyeron entre otras, la “Constructora del Alba Bolivariana” (Cuba 51% de participación), la cual se encargó de 163 obras de la Misión Barrio Adentro II, 700 centros de salud, 14 módulos deportivos, más de 2,000 viviendas, 43 grupos electrógenos y 20,000 viviendas en la Ciudad Socialista Caribia. La empresa Transalba S.A. (Cuba 51%), fue la responsable de adquirir (con financiamiento venezolano) dos buques cargueros con capacidad de 72 mil toneladas c/u, a 140 millones de dólares. La empresa Cacaos del Alba (Cuba 51%), ejecutó la inversión de 52 millones para una planta de cacao en Venezuela y de 16.7 millones dólares para una en Cienfuegos. La empresa Telecomunicaciones Gran Caribe (Cuba 40%), fue la encargada de otorgar el contrato a terceros, para el suministro, instalación y puesta en servicio del cable submarino de fibra óptica (1.550 km) entre ambos países, a un costo de 70 millones de dólares. A Cuba le correspondió el beneficio de la comercialización de los servicios de datos, Internet y telefonía asociados.
Otras formas de expresar la inmensa gratitud hacia el régimen cubano, lo constituyen las múltiples inversiones directas que Venezuela ha realizado en la infraestructura industrial y de servicios de la isla. Destacan entre ellas: la reactivación de la refinería de Cienfuegos a un costo de 263 millones de dólares, planta que en 2017, Cuba tomó en propiedad como parte de pago por supuestas deudas pendientes. Por otro lado, en forma de donación, Venezuela financió la construcción en la isla de fábricas de: cemento, cal, pinturas, pañales, jeringas, guantes, envases plásticos, leche en polvo, planta de llenado de gas licuado, baterías de auto, perfiles de aluminio, planta petroquímica de lubricantes y aceites, planta de producción de sal, planta de cloro, de monocloruro y policloruro de vinilo, etc. Igualmente financió la construcción de un viaducto de 235 mts y el desarrollo de líneas de interconexión, turbinas, plantas menores y bombillos vietnamitas para mejorar el alumbrado de la ciudad de la Habana, ahora capital de ambas revoluciones y cuna del más grande desfalco a que ha sido sometido país alguno en el continente. Hasta aquí un buen resumen del extraordinario libro La Invasión Consentida, escrito por un grupo de periodistas venezolanos identificados con el seudónimo de Diego G. Maldonado.
Resulta evidente el control y poder de Cuba que ha convertido a Venezuela en rehén de sus intereses. De allí la responsabilidad directa que tiene el régimen cubano en la tragedia y crisis humanitaria que padece nuestro país. Seguramente por esa razón La Habana se muestra cautelosa y no acepta contactos de ninguna naturaleza con los países que intentan facilitar un cambio político que pudiera implicar la salida de Nicolás Maduro del poder. Prefiere el papel de un poder invisible para no comprometer sus intereses.
Con la muerte de Hugo Chávez y Fidel Castro, Maduro se ha convertido en un aventajado alumno como vocero de los espejismos y mentiras del “mar de la felicidad” y de toda la retórica vacía, populista, perversa y falsa que caracteriza su anacrónico y fracasado proyecto político del mal llamado socialismo del siglo XXI.
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