(01 de octubre del 2020. El Venezolano).- Soranib Hernández de Deffendini, en representación de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, pidió al Parlamento Europeo evaluar y pronunciarse sobre las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, respecto del estatus del examen preliminar de la situación en Venezuela.
La profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y miembro de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional indicó que existe un acuerdo entre la Corte Penal Internacional y la Unión Europea sobre cooperación y asistencia, de 2006, y además un Plan de Acción para el seguimiento de la decisión sobre la Corte Penal Internacional, por lo que “ante la falta de respuesta de la Oficina de la Fiscalía sobre el inicio de la investigación sobre Venezuela estamos elevando al Parlamento Europeo una petición que no es de carácter político. Se trata de solicitar se activen las disposiciones de ese acuerdo de cooperación y asistencia para reforzar el apoyo de la Unión Europea al trabajo de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela”, señaló.
Hernández pidió que las propuestas que ha desarrollado en el marco de una investigación sobre Derecho Penal Internacional y del Derecho de la Unión Europea sean trasladadas al Consejo de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea, con base a lo dispuesto en el plan de acción.
La solicitud va avalada por la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional: Blas Jesús Imbroda, Juan Carlos Gutiérrez, Soranib Hernández de Deffendini y Víctor Rodríguez Cedeño, con el apoyo y la colaboración de: Antonio Ledezma, Diego Arria, Eduardo Troconis, Miguel Henrique Otero, Santiago de Viana, Simón Pedro Deffendini y Victoria de Ledezma.
Estados parte de la Corte Penal Internacional
Hernández recordó “el compromiso de la Unión Europea con el multilateralismo, en el marco de la doctrina de las Naciones Unidas, y el papel de la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad por los crímenes graves contra la humanidad y a la hora de llevar a sus autores ante la justicia”.Anuncios
Explicó que el Parlamento Europeo en resolución del 8 de febrero de 2018 pidió a la Fiscalía “inicie investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano y solicita a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido”; y en resolución del 18 de julio de 2019 reiteró su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los delitos y actos de represión generalizados perpetrados por el régimen venezolano e instó a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que se sumen a la iniciativa de varios Estados parte de la Corte Penal Internacional de investigar los crímenes contra la humanidad perpetrados en Venezuela y que los responsables rindan cuentas de dichos actos”.
Dijo que la Unión Europea ya adoptó importantes medidas restrictivas y ha actuado según lo establecido en la Política Exterior y de Seguridad Común, la cual tiene como objetivo “preservar la paz, reforzar la seguridad internacional y promover la cooperación internacional, la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Las peticiones
Hernández subrayó que “la Unión Europea establecerá contactos regulares con la Corte Penal Internacional para evaluar la aplicación del acuerdo de 2006 sobre cooperación y asistencia y mantendrá informados a los Estados miembros de la Unión Europea”, por tanto, es de justicia pedir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informar sobre los progresos realizados en el inicio de la investigación sobre la situación en Venezuela, como un medio esencial para luchar contra la impunidad de los crímenes atroces cometidos. Es de especial interés entender el por qué aún cuando ha recibido informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la remisión de seis Estados parte del Estatuto de Roma que documentan violaciones graves constitutivas de crímenes de lesa humanidad perpetrados en territorio venezolano desde febrero de 2014, no obstante, su Oficina no ha dado inicio a la investigación.
Con información de El Nacional
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