Pisoteando las leyes: TSJ elimina el control sobre las empresas militares

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TSJ elimina el control sobre las empresas militares

Referencial

(24 de enero de 2017. El Venezolano).- El Tribunal Supremo de Justicia insiste en actuar al margen de la Constitución y las leyes para darle más poder al Gobierno. En esta oportunidad es su Sala Político Administrativa, quien con la sentencia N° 1.421 del 15/12/16 rompe con principios básicos de control fiscal, creando una verdadera caja negra en el sector militar.

La nueva sentencia el TSJ le quita la potestad de control a la Contraloría General de la República sobre los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa; es decir (entre otros) de las empresas militares, y se lo da a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la que califica a estos efectos como un órgano “sui generis” para ejercer el control fiscal externo sobre esos fondos. Es decir, la sentencia establece que el Ministerio se “autocontrola” en su gestión empresarial.

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Según publica La Patilla, lo más alarmante es que esta sentencia es producto de un recurso de interpretación de la Procuraduría General de la República, entiéndase del propio Presidente de la República, ya que aquella ha estado actuando en los últimos tiempos para defender sus intereses y no los del país, y en este caso le solicita a la Sala Político Administrativa que “se interpreten las funciones de control que ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre las unidades de auditorías internas de los órganos y entes adscritos al Sector Defensa”.

La verdadera intención es eliminar del control fiscal a las empresas del sector militar, así como a todos sus entes que manejen recursos del Estado, que como sabemos cada vez son más y en sectores cada vez más estratégicos, como la Compañía Anónima Militar de la Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg).

Aunque la sentencia señala que la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (COGEFANB) ejercerá la función de control interno respecto al Ministerio del Poder Popular de la Defensa; y por consiguiente la función de control externo sigue en manos de la Contraloría General de la República (tal como establece la Constitución (289), establece una grave excepción relativa a los entes descentralizados adscritos a ese Ministerio, que es lo que precisamente origina el recurso interpuesto.

Lo increíble de la sentencia es que admite que no existe norma legal o constitucional alguna que avale el otorgamiento de este control externo a la COGEFANB, pues sustenta su decisión en un artículo del Reglamento de la misma COGEFANB (Art. 17, num. 7) en el que el Contralor de la Fuerza Armada se auto otorga la “supervisión, evaluación, orientación y coordinación de las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, competencia que como hemos dicho ni la Constitución ni la ley le otorgan.

 

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