SIP: Maduro debe poner fin al “acoso, amedrentamiento y extorsión” de la prensa libre

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Foto: Referencial (Twitter)

Foto: Referencial (Twitter)

(17 de octubre 2016. El Venezolano).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó este lunes mediante un comunicado al Gobierno de Nicolás Maduro, exigen ponerle fin al “acoso, amedrentamiento y extorsión” por parte del régimen a los medios de comunicación a través de “interpretaciones acomodaticias” del marco regulatorio.

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Al cierre de su 72° Asamblea General en Ciudad de México, el organismo incluyó en la resolución sobre Venezuela su preocupación por el cierre de canales democráticos y exigió al gobierno el respeto a la libertad de expresión y de prensa, así como el acceso al papel prensa.

Asimismo, solicitaron elevar la ética  a los funcionarios del Estado que ejercen, bajo cobertura oficial, el oficio de periodistas, que están sometidos a exigencias más severas en cuanto al servicio a la verdad informativa, por tener el propio Estado el deber de garantía de la libertad de expresión y de prensa.

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También la SIP exigió al Estado venezolano el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV y exhortar a las autoridades de la Organización de Estados Americanos que lleven adelante el debido análisis, y la eventual solicitud de medidas a la Corte Interamericana, de un caso que refleja una política del gobierno venezolano que atenta gravemente contra los Derechos Humanos.

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RESOLUCIÓN DE VENEZUELA

CONSIDERANDO que el gobierno de Venezuela ha establecido un monopolio oficial para el control del papel prensa – a través de la Corporación Maneiro – y lo usa como instrumento de chantaje y extorsión de la
prensa independiente, negándosele la cobertura de sus necesidades a los medios que no se autocensuran y evitan dar cuenta de la crisis humanitaria, política, institucional y económica que vive dicho país.

CONSIDERANDO que la Asamblea Nacional aprobó, el 29 de septiembre de 2016, una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que busca proteger a los venezolanos de un gobierno que persigue al periodismo y trata de acallar a los medios de comunicación social, siendo que el Gobierno persiste en su decisión de desconocer a los actores legales y constitucionales de la Asamblea Nacional democráticamente electa.

CONSIDERANDO que el gobierno de Venezuela, apoyándose en algunos integrantes de la Fuerza Armada y contando con la cooperación de grupos civiles paramilitares y reconocidos colectivos criminales, reprime de modo sistemático y atenta contra la integridad física y la libertad de los periodistas que dan cobertura del grave deterioro que sufren la nación, sus servicios públicos y los reclamos populares debidos a la hambruna que afecta a los venezolana.

CONSIDERANDO que, con abierto atentado de las reglas éticas del ejercicio del periodismo, el presidente de la república, Nicolás Maduro, el Vicepresidente del partido oficial, teniente Diosdado Cabello, el ex Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, y el Capitán Francisco Ameliach, gobernador del Estado Carabobo, mantienen programas cotidianos de radio y televisión, desde donde suministran “informaciones” elaboradas por los servicios de inteligencia y por espías llamados “patriotas cooperantes” a objeto de
infamar, agredir y vejar la dignidad de todo periodista o líder social o político que desafíe o desacate el autoritarismo desbordado del régimen.

CONSIDERANDO que el Gobierno nacional se sigue negando a cumplir con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó hace más de un año la restitución de la señal de televisión abierta al canal venezolano RCTV, la devolución de sus equipos ilegalmente confiscados e indemnizar a las víctimas del abuso de Poder y violación de derechos humanos de los cuales se responsabiliza al Estado
Venezolano.

CONSIDERANDO la arbitraria detención del periodista y director del diario digital Reporte Confidencial, Braulio Jatar, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad sometido a vejaciones y cuyo caso fue expuesto emotivamente en la 72 Asamblea General de la SIP por su hermana Ana Julia Jatar. Este es el único caso en Venezuela de un director de medio encarcelado.

CONSIDERANDO que el Principio 6 de la Declaración de Chapultepec establece que: “Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan”.

LA 72ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Exigir al Gobierno de Venezuela su respeto a la libertad de expresión y de prensa, y cesar en su negativa de suministrar papel de periódico a la prensa independiente.

Solicitar al Gobierno el cese del acoso, amedrentamiento y extorsión a través de interpretaciones acomodaticias del marco regulatorio de los medios de comunicación, y en consecuencia darle el correspondiente “Ejecútase” a la mencionada reforma de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada por la Asamblea Nacional.

Exhortar a los funcionarios del Estado que ejercen, bajo cobertura oficial, el oficio de periodistas, que están sometidos a exigencias más severas en cuanto al servicio a la verdad informativa, por tener el propio Estado el deber de garantía de la libertad de expresión y de prensa.

Exigir al Estado venezolano el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV y exhortar a las autoridades de la Organización de Estados Americanos que lleven adelante el debido análisis, y la eventual solicitud de medidas a la Corte Interamericana, de un caso que refleja una política del gobierno venezolano que atenta gravemente contra los Derechos Humanos.

Exhortar a las autoridades venezolanas a que dispongan la inmediata liberación de Jatar y solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pertinente abordaje de este gravísimo caso.

Expresar ante la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la preocupación de la SIP por el cierre de los canales democráticos y del funcionamiento del Estado de Derecho en Venezuela, lo que afecta de modo directo a la libertad de expresión y de información.

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