Sentencia del TSJ abre el camino a posibles detenciones para diputados

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(17 de noviembre de 2016. El Venezolano).- Este martes, el procurador general Reinaldo Muñoz, introdujo un amparo en contra de la Asamblea Nacional ante el TSJ, y este emitió la sentencia 948, que allana el camino para la detención de diputados, advirtieron los constitucionalistas Gustavo Linares Benzo y José Vicente Haro.

Linares Benzo indicó que “el Tribunal Supremo de Justicia comete una grave intromisión en las atribuciones del Parlamento al impedir que prosiga el proceso político contra el presidente. No es admisible que se prohíban las manifestaciones pacíficas y se responsabilice a los diputados de cualquier alteración del orden público. El incumplimiento del amparo sería el argumento para detenerlos y someterlos a un antejuicio de mérito exprés y a una condena rápida, como ocurrió con los ex alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos en 2014”.

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Reseña El Nacional, que Benzo expresó sentir “vergüenza” por como el Poder Judicial ha impedido el funcionamiento legislativo con el argumento del desacato, al tiempo que indicó, que según el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derecho y Garantías Constitucionales, pueden ser penados con prisión quienes no acaten el mandato dictado.

Por otro lado, el consultor jurídico del Parlamento, Jesús María Casal, dijo que el TSJ cometió abuso de poder al frenar el proceso político contra Nicolás Maduro.  Repudió la criminalización de la protesta para desmovilizar a la ciudadanía.

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“Esa sentencia hay que leerla a la luz de la Constitución; en ningún caso puede suspenderse el derecho de manifestación a través de una medida cautelar, como se pretende. El derecho de manifestación pudiera tener unas restricciones en un estado de excepción”, declaró.

Casal denunció que el amparo fue incorrecto porque resguarda los intereses de la República y no los del pueblo. Agregó que el derecho a la defensa del Parlamento se cercena porque en varias de las sentencias emitidas por el TSJ se estableció que la AN no puede tener representación jurídica.

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Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que no hay nada por encima de la Constitución.

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