Nueva ley sobre acceso público a las playas de Florida dispara temores y polémica

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El Nuevo Herald

(6 de abril de 2018. El Venezolano).- Un proyecto de ley que el gobernador Rick Scott promulgó el mes pasado ha provocado conmoción en las comunidades costeras de Florida y suscitado preguntas por parte de confundidos residentes y negociantes cerca de la playa. Los expertos dicen que el efecto de la ley sobre el acceso a la playa no es tan grave como algunos temen.

El proyecto de ley, HB 631, impide que los gobiernos locales adopten ordenanzas para permitir la entrada pública continua a las playas de propiedad privada, incluso cuando los propietarios quieren cerrar sus terrenos. En su lugar, las ciudades o condados que quieran hacer algo así tienen que obtener primero la aprobación de un juez, demandando a los propietarios privados, reseñó El Nuevo Herald

La nueva ley “es pésima para los gobiernos locales”, dijo Alison Fluornoy, profesora de Derecho de la Universidad de Florida. “Demandar a los propietarios de terrenos costeros como la única vía para establecer el acceso no es una opción atractiva”. También señaló que al requerir una demanda significa que la Legislatura impuso una carga adicional a los tribunales sin ofrecer ningún financiamiento adicional.

La nueva ley, que entra en vigor el 1 de julio, ha dejado a algunas personas temerosas de que se cierre de inmediato el acceso público a las playas de todo el estado. Pero ese no es el caso.

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“Hemos recibido muchas llamadas de personas confundidas sobre el tema, porque es muy confuso”, dijo Robin A. Sollie, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de las playas de Tampa Bay.

Los grupos ambientalistas como la Federación de Vida Silvestre de Florida y la Fundación Surfrider, así como la Asociación de Condados de la Florida, se opusieron firmemente a la nueva ley. Pero la portavoz de esa asociación, Cragin Mosteller, dijo que, al menos por ahora, solo un condado en el Panhandle ha sido impactado.

Si bien muchas de las playas más hermosas de Florida son parte del sistema de parques estatales, y por lo tanto están abiertas al público, el estado estima que aproximadamente el 60 por ciento de las propiedades en las playas de Florida son privadas. La propiedad privada se extiende hasta donde se moja la arena, también conocida como la línea promedio de altura máxima del agua, que es pública.

En muchas áreas donde las playas son de propiedad privada, los turistas e incluso los residentes locales a menudo deambulan y colocan sus sillas, recogen conchas marinas y construyen castillos de arena.

En algunos casos es peor. En el 2013, algunos residentes de la subdivisión de Mandalay en North Clearwater Beach intentaron acordonar el área con arena detrás de sus casas después de que los bañistas dejaran basura, discutieran con los residentes y, en un caso, tuvieran relaciones sexuales lo suficientemente cerca de las propiedades como para que la hija adolescente de un residente los escuchara desde el patio.

En ese caso, los funcionarios locales pudieron resolver los problemas sin recurrir a nuevos reglamentos. Pero tres veces, los gobiernos locales han impuesto una nueva ordenanza que garantizaría el acceso continuo del público a las playas de propiedad privada.

Las ordenanzas de acceso a la playa se basan en un principio legal denominado “uso habitual”, que se define como el uso tradicional de la arena seca de la playa para la recreación pública, incluso en una propiedad privada.

La Corte Suprema de Florida ha dictaminado que si el propietario de una propiedad privada trata de levantar una valla o llama a la Policía para expulsar a los bañistas que han estado usando la playa durante años, el gobierno local puede recurrir al “uso habitual” para permitir que el público permanezca allí, pero solo si dicho uso ha sido “desde hace tiempo, razonable, sin interrupción y libre de disputas”.

Las ordenanzas promulgadas por dos de los tres condados, los condados de St. Johns y Volusia, quedaron vigentes en la redacción de la nueva ley.

La única ordenanza de acceso a la playa que se abolió es la aprobada el año pasado en el condado de Walton, donde la lista de propietarios de playas incluye nombres tan conocidos como el ex gobernador de Arkansas Mike Huckabee y el ex asesor de la Casa Blanca Karl Rove. El año pasado, cuando se propuso un proyecto similar en la Legislatura y falló, se lo apodó “la enmienda Huckabee”.

Después de que el condado de Walton aprobó su ordenanza, algunos con propiedades en la playa presentaron demandas para revocarla. Perdieron, pero apelaron la decisión.

La senadora Kathleen Passidomo, republicana de Naples, quien patrocinó la versión del Senado del proyecto de ley que Scott firmó, dijo que le pareció “terrible” que una ciudad o condado pueda aprobar una ordenanza que menoscaba los derechos de la propiedad privada.

“Si vas a quitarle la propiedad a alguien, tienes que hacerlo en los tribunales”, dijo Passidomo, que es abogada.

A pesar de la falta de controversia previa sobre el uso común, Passidomo predijo que en el futuro habrá nuevas disputas como la del condado de Walton. “Este problema no va a desaparecer”, dijo, “y va a suceder por toda la costa”.

Para el patrocinador en la Cámara, otro abogado, el proyecto de ley simplemente codificó un proceso que permite que dichas ordenanzas se aprueben con menos controversia, al obtener la decisión por adelantado de un juez.

“No estamos hablando de privatizar las playas”, dijo la representante Katie Edwards-Walpole, demócrata de Plantation, cuando presentó la medida al Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante la sesión. “Estamos hablando de tierras privadas y de proteger el derecho del público a usar esa tierra privada bajo la doctrina del uso habitual”.

Aunque el proyecto de ley fue aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado por amplios márgenes, ha demostrado ser impopular entre muchos residentes de la playa, agentes de bienes raíces y otros empresarios, que urgieron fuertemente a Scott a vetar la ley.

“Nuestro sustento depende de que todos tengan acceso a nuestro mejor recurso natural”, escribió a Scott la agente inmobiliaria de Destin, Alice Duncan. “Por favor, vételo. No todos pueden tener una mansión frente a la playa”.

Adjunto al correo electrónico de Duncan a Scott había un letrero que decía “playa privada” y la leyenda: “La playa no es una comunidad cerrada. Dígale al gobernador Scott que proteja las leyes de uso habitual. Las costas pertenecen al público”.

La oficina de Scott informó que los oponentes superaban en número a sus seguidores por un margen de 8-1, con 327 llamadas y mensajes en contra del proyecto de ley y 40 a favor. El propio Scott posee una mansión frente al mar en Naples.

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